Siempre hemos pensado que el fin primero y último de esta noble actividad, que es la política, debe ser el compromiso con la sociedad y la dedicación a las personas que tienen que ser el eje principal de nuestras acciones y, por ende, de nuestras decisiones.
Partiendo de esta base podemos presumir de haber formado parte de la Comisión Especial de Estudios sobre nuevas formas de exclusión social en España a consecuencia del desempleo, que se creó en el Senado en 2009 por iniciativa de mi compañero, el también senador Pío García Escudero, hoy presidente de esta Cámara.
Este órgano de estudio ha realizado un trabajo riguroso, donde han participado todas las fuerzas políticas, además de contar con 49 comparecencias de expertos procedentes del tercer sector, los sindicatos y las Administraciones Públicas, con el fin de ofrecer unas directrices al Gobierno de la nación que ayuden a paliar este grave problema. Todas las edades son protegibles por igual.
De las muchas conclusiones obtenidas queremos destacar la que insta al Gobierno de la Nación a elaborar y ejecutar un Plan Nacional para la Inclusión Social que identifique los principales retos y desafíos en materia de pobreza y exclusión social en nuestro país.
Y es que hablamos de que detrás de las frías cifras se esconden verdaderos dramas sociales y rupturas de proyectos vitales, que además una vez pasada esta situación costará mucho recomponerlos y recuperarlos (exclusión social).
Ante esta situación, el plan deberá estar centrado en la inclusión a través del empleo de grupos vulnerables y a las prestaciones para las personas con necesidades especiales, y este trabajo exige una acción integral, transversal y coordinada de todas las Administraciones y los agentes sociales.
Como detalló la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, el Plan se concretará en cuatro objetivos principales que pasan por impulsar la inclusión activa a través del empleo de las personas en situación vulnerable, y garantizar un sistema de prestaciones que permita apoyar económicamente a aquellas personas con necesidades especiales.
También habrá que certificar la prestación de unos servicios básicos para toda la población, y enfocados de manera especial hacia los grupos más desfavorecidos, y por último, plasmar unas medidas específicas y áreas de acción dirigidas a la atención de los grupos más vulnerables.
Dentro de estos colectivos el de la infancia es uno de los que más nos preocupa. Para nosotros es un objetivo y una prioridad y como prueba el Estado ha aprobado el Plan Nacional de Infancia y Adolescencia que, por primera vez, cuenta con una estimación económica. Hablamos de 5.159 millones de euros que tienen como fin garantizar el bienestar, la salud y la calidad de vida de los niños.
Asimismo, el Gobierno reforzará la protección social, jurídica y económica de las familias que son, en la mayoría de los casos, el último colchón frente a la exclusión. Ni podemos ni debemos mirar para otro lado y entre todos debemos hacer frente a esta situación con medidas conciliadoras y decididas. En definitiva, nuestro compromiso con el humanismo activo hará que siempre estemos al lado de este tipo de problemas que necesita la ayuda de todos.
Pero no podemos olvidar que para acabar con la pobreza y la exclusión social, lo primero que tenemos que hacer es controlar el déficit, sanear nuestras cuentas y pagar nuestras deudas. Por eso, este Gobierno está sentando las bases para modernizar la protección social y mejorar la provisión de unos servicios públicos más eficientes y de calidad. Todo ello con un único objetivo: lo primero, las personas.
*Antonio Alarcó es senador del PP por Tenerife.
