«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Prerrevolucionaria España

19 de noviembre de 2013

Si las leyes para ser tales deben de ser justas, la sociedad española se está percatando estos días, a pesar de la profusión legislativa tan típica de la socialdemocracia, de la ausencia de Justicia, al ver cómo se libera a terroristas, asesinos en serie y violadores reincidentes. Sin arrepentir. Sin reinsertar. Piden justicia, que es aquello en lo que las personas depositan su confianza, renunciando con ello a la justicia retributiva, a la Ley del Talión, y que se encarga de imponer castigo al delincuente con el fin de resarcir a la víctima y mantener así la paz social. Un chiste en España, en donde el Estado, superado el Leviatán de Hobbes, ha devenido Minotauro. Por culpa del legislador. De los políticos. De los de antes y de los de ahora, que son lo mismo. Piensen en esa aberración conocida como Ley del Menor, fruto de ese nuevo fascismo, como lo denominaba certeramente Ayn Rand, llamado consenso, entre el PP de Ruiz-Gallardón y el PSOE de Rodríguez Zapatero.

El Código Penal de 1973, del cual se derogaron la pena de muerte (recuerden los fusilamientos franquistas de 1975) y la cadena perpetua, es la causa por la que estos días atrás las alimañas etarras y violadores en serie como Pedro Luis Gallego, están saliendo a la calle. El desamparo de la sociedad es total. La indignación, también. Entre 1973 y 1995 los Gobiernos tenían, por lo visto, cosas más importantes que hacer que legislar para garantizar la vida, libertad y seguridad de los ciudadanos. Que es lo que para los socialdemócratas justifican la existencia del Estado, que es su Dios. No hay pena sin ley (nulla poena sine lege), argumentan con razón jurídica, pero ignorando el Derecho natural. Si la ley no es justa, y es evidente que no lo es, no es Ley. Es “despojo legal”, que diría Bastiat.

Alberto Ruiz-Gallardón se ha limitado a pedir respeto para los jueces, quienes se encuentran, por su asombrosa celeridad a la hora de liberar delincuentes, en el ojo del huracán. Podía al menos haber publicado o filtrado a los medios imágenes actualizadas de los depredadores que ya hoy merodean por nuestras calles y plazas, quién sabe si acechando a su próxima víctima. Cuando el crimen tenga lugar, ¿a quién pedirá el pueblo responsabilidades? Es más, ¿queda alguien que aún confíe en nuestros tribunales?

Ignora Gallardón, como buen seguidor de la dialéctica marxista, que las revoluciones jamás comienzan por motivos directamente económicos, sino cuando el pueblo siente que el ordenamiento jurídico no garantiza su seguridad. Y esto está sucediendo en España, en el marco de una Europa prerrevolucionaria, en el sentido orteguiano del término. Son unos genios.

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