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Once años después de ocurridos los hechos, se ha dado a conocer la sentencia del juicio contra los tres acusados con ocasión del hundimiento del petrolero «Prestige» y los daños medioambientales subsiguientes al vertido de casi setenta mil toneladas de fuel oil al mar, cerca de las costas de Galicia, en la que se ha considerado (al menos en los medios de comunicación) la mayor catástrofe ecológica de la historia de España.
Los dos acusados de delito ecológico, el capitán del barco y el jefe de máquinas, han sido absueltos de este delito, y Mangouras ha sido condenado a nueve meses -que no cumplirá en prisión- por desobediencia a la autoridad al haberse negado a que el barco fuese remolcado en los primeros momentos. El tercer acusado, José Luis López Sors, director general de la Marina Mercante a la sazón, y único representante del Estado en el banquillo, también ha sido absuelto del cargo de imprudencia grave que se le imputaba. La sentencia, finalmente, no determina responsables de los daños económicos, como no fuera la entidad American Bureau of Shipping (ABS) que certificó a la ligera -siempre según la sentencia- que el «Prestige» estaba en buenas condiciones para navegar. Pero ocurre que un tribunal norteamericano ya falló a favor de ABS en el pleito que el Reino de España promovió para que se hiciera cargo de mil millones de dólares, que finalmente se van a quedar en los 22 que fueron en su día depositados en el Juzgado español.
Una sentencia de este tenor, sobre todo teniendo en cuenta el colosal griterío mediático que se organizó en 2002, estaba destinada a recibir toda suerte de reproches, como en efecto ha ocurrido. La plataforma «Nunca Mais», que muchos creíamos disuelta desde hace tiempo, he aquí que ha resurgido de sus cenizas y un portavoz la calificado el fallo judicial de injusto y lamentable; organizaciones dedicadas al activismo ecologista también han mostrado su disgusto y han anunciado que no descartan recurrir la sentencia; y los partidos de izquierda que entonces híper-politizaron la catástrofe tampoco han dejado pasar la ocasión sin volver a las andadas. Nada nuevo, pues.
Hay dos puntos centrales en este asunto: uno de ellos es la discutible decisión de alejar el «Prestige» de la costa; el otro es el coste económico que el accidente costará, según todo apunta, a los contribuyentes españoles. Respecto a lo primero, la sentencia sostiene que fue prudente el preferir extender el impacto medioambiental si la alternativa era concentrarlo gravísimamente en unos pocos kilómetros de costa. El tiempo parece haber dado la razón a los jueces, pero este debate continuará de seguro mucho tiempo, aunque el fallo hubiera sido el contrario. En cuanto a lo segundo, es probable que la lentitud de la Justicia no haya sido irrelevante en la dilución de las responsabilidades pecuniarias. Y probablemente esta lentitud sea lo más lamentable de este ya de por sí lamentable episodio.
