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María Zaldívar es periodista y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Argentina. Autora del libro 'Peronismo demoliciones: sociedad de responsabilidad ilimitada' (Edivern, 2014)
María Zaldívar es periodista y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Argentina. Autora del libro 'Peronismo demoliciones: sociedad de responsabilidad ilimitada' (Edivern, 2014)

Productores contra el Pacto Verde

3 de febrero de 2024

La rebelión del sector agroindustrial es una protesta de agricultores, o sea creadores de riqueza, contra el establishment político que no empezó ni ahora ni en Europa y que debería llamar a la reflexión a las clases dirigentes que tienen la responsabilidad de conducir los destinos de los países. Se trata de un proceso largo cuyos orígenes se remota a viejas medidas que se fueron tomando en distintos países y que fueron perjudicando a un vasto y productivo segmento de la sociedad. Su malestar se hizo visible un día pero, si bien parece súbito, responde a la acumulación de desacuerdos e injusticias. La política les ha negado el principio liminar de cualquier república moderna: la igualdad ante la ley. Los agricultores han sido tratados con discrecionalidad durante los últimos años, en coincidencia con el auge del globalismo y las modas ecologistas que se abrazan últimamente. Mientras tanto, la sorpresa que declaran esas dirigencias demuestra su desconexión con la realidad, que las lleva a asombrarse ante hechos evidentes. Simplemente, no se hacen cargo de haber encendido la mecha.

En marzo de 2008, a tres meses de iniciada la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, el ministro de Economía Martín Lousteau (hoy senador nacional) anunciaba la luego famosa «Resolución 125», que modificaba la fórmula, hasta entonces fija, de las retenciones y que implicaba el aumento de la alícuota de impuestos al sector agropecuario. Esa medida marcó el inicio de un conflicto que se extendería por cuatro meses y quedaría en la historia política y económica del país.

En 2002, el entonces presidente de la Nación Eduardo Duhalde había impuesto retenciones fijas a las exportaciones agrarias en torno al 20%, una decisión que terminó siendo uno de los principales motores de la recuperación económica posterior. Por aquella década, los precios internacionales de las commodities (soja, girasol, maíz y trigo) eran altos y el gobierno kirchnerista pretendió ampliar la parte de la renta del campo con la que se quedaba vía impuestos. Esa decisión, sin embargo, generaría un conflicto que se extendió durante 129 días e impactaría de manera contundente en la política argentina.

Una absoluta novedad se produjo en el país: movilizaciones y cortes de rutas en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, provincias agroexportadoras por naturaleza, que derivaron en un fuerte desabastecimiento en las grandes ciudades. En Buenos Aires se hicieron «cacerolazos» en reacción al discurso oficial; se involucró la población en general, aún aquella que nada tenía que ver con el perjuicio económico que pesaba sobre los productores y hubo masivas manifestaciones urbanas en apoyo al reclamo del campo.

El Gobierno se negaba a modificar la medida y el sector agropecuario a abandonar los piquetes y bloqueos. A fines de marzo finalmente se habilitó una mesa de diálogo, pero ante la falta de acuerdos, los productores volvieron a las rutas.

En la madrugada del 18 de julio, en el Congreso de la Nación, el hecho tuvo un nuevo episodio que no es exagerado describir como histórico: con una votación empatada en el Senado, el voto del vicepresidente de la Nación, en su carácter de titular de la Cámara Alta, debió destrabar la situación; no apoyó el aumento del impuesto y provocó una sonora derrota política para el kirchnerismo.

Desde entonces y hasta la actualidad, la relación campo-gobierno ha sido tensa, inclusive por estos días. El sector supuso que vendría un alivio a la presión tributaria ejercida sobre su producción con el desembarco de una administración que hizo campaña prometiendo reducción de impuestos a los sectores productivos. Sin embargo, la llamada “ley ómnibus” enviada al Congreso por el presidente Milei incluyó, en un principio, más impuestos al campo, lo que generó nuevos malestares; por estas horas las provincias intentan negociar una a una de manera individual, exenciones locales en el intento de buscar alivio a las agobiadas economías regionales.

El pasado lunes, grupos de agricultores en Alemania bloquearon carreteras de acceso en diferentes zonas y se reunieron para manifestarse al inicio de una semana de protestas contra el plan del gobierno de retirar las exenciones fiscales al diésel que se emplea en la agricultura. Es importante aclarar que dicha quita no responde a un vuelco ideológico de Europa hacia el liberalismo sino hacia el mandato de Bruselas que está empujando al continente al abandono de los combustibles fósiles y su reemplazo por las energías renovables, en especial la electricidad. La presión que se ejerce para la implementación de estas medidas es cada día más feroz.

Las calles de la capital alemana se vieron colapsadas por caravanas de vehículos agrícolas que llegaron desde distintas partes del país, mostrando su descontento a través de pancartas y consignas.

Los agricultores emplearon tractores para bloquear carreteras de acceso a las autopistas. Incluso hubo una manifestación ante la Puerta de Brandeburgo en Berlín y otras marchas con tractores planificadas en diferentes puntos del país.

Uno de los principales reclamos es la imposibilidad de que el sector asuma la carga fiscal adicional que significaría la mencionada quita de subsidios al insumo básico necesario para la producción. En este punto se distingue nítidamente el contenido político de la disputa: mientras los trabajadores del sector agrícola luchan por seguir produciendo, las organizaciones ecologistas piden que se apueste por una “agricultura sostenible”. Sin embargo nadie aclara que esa modificación encarece los costos de producción y que ese aumento no lo asumirían los burócratas, quienes se reservan solamente la toma de decisiones. Los productores y el consumidor serían los damnificados directos de estas políticas.

En la misma línea, por estos días el mega-tractorazo que enfrenta el presidente francés Emmanuel Macron comparte raíces con aquella cruzada argentina y, visto el desarrollo del conflicto, no parece visualizarse una rápida solución.

Alemania, Francia, Bélgica; en España también se empezaron a organizar demostraciones similares que se están uniendo a las protestas de los países vecinos. Las mismas puertas del Parlamento Europeo se encuentran bloqueadas por tractores y agricultores que están realizando una sonora manifestación contra el exceso de burocracia y regulaciones que se les imponen desde los cómodos despachos de los jerarcas de Bruselas. Se cansaron: “Demasiado es demasiado” dice el sector afectado. Prepotencia y poder arbitrario y discrecional del estado que pretende hacer beneficencia con el trabajo ajeno. El agricultor, ese que con su esfuerzo crea riqueza se rebela contra lo que considera una política destinada a conseguir “la muerte del sector agrícola”.

Hay, inclusive, ciertos reparos respecto de los acuerdos firmados entre cúpulas políticas de Europa y el llamado Mercosur (Mercado Común del Sur) porque aducen que se trataría de una competencia desleal que provocaría dumping en el mercado internacional de granos. Sea así o no, el cuestionamiento merece ser analizado. Hasta en los países con más libertad económica se resguarda la industria nacional y se privilegia la producción local siempre que ello no signifique un perjuicio para la población sino que, por el contrario, asegure la generación de mayor cantidad de puestos de trabajo y aumento de la producción para sus respectivas economías. La quimera de un mundo sin estado y sin regulaciones ha quedado para los libros de texto y para los teóricos y académicos como un marco de referencia del que es virtuoso partir. Pero gobernar es otra cosa; es aplicar los principios generales a la realidad.

Lo cierto es que los juglares del discurso verde, el aire puro, los autos eléctricos y el cambio climático han despertado a un sector invisible pero extremadamente numeroso, trabajador, de un perfil pacífico y conservador porque defiende nada menos que la tierra y su enorme aporte a la vida y a la mesa de cada familia, dispersas alrededor del mundo. Se han levantado para decirle “basta” a las políticas woke y ponerle freno a los multimillonarios negocios que esconde ese discurso.

La tiranía del “Pacto Verde” ya tiene rival. Y resultó ser un rival de fuste.

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