Hace unos días, El Economista publicó una interesante noticia sobre el privilegio fiscal vasco. A partir de una nota informativa del INE, el texto se fijaba en dos variables económicas: el PIB per cápita y la Renta Disponible Bruta de las comunidades autónomas. A grandes y bárbaros rasgos: lo primero es la riqueza que se produce dividida por habitantes; lo segundo, la renta más el saldo de las transferencias corrientes (impuestos sobre la renta, cotizaciones sociales y prestaciones sociales).
Las regiones con mayor PIB per cápita eran, por este orden: Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña.
Las regiones con mayor Renta Disponible Bruta: País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña.
Al tener en cuenta las transferencias, el País Vasco superaba a Madrid, pero lo importante no era tanto eso como la relación con el resto. En términos de PIB per cápita, Madrid era un 37% más rica que la media, pero al tener en cuenta las transferencias se quedaba en un 23%. No así el País Vasco, cuya riqueza se mantenía intacta. Su distancia, la brecha, la riqueza relativa. ¿Por qué? El cupo vasco sobrefinancia esa región y mantiene su opulencia tras entenderse con el Estado. La blinda.
Y cómo será la cosa en España que al leer esta noticia, yo ni siquiera pensé en ese privilegio, naturalizado ya. Yo leí la noticia con ojos catalanes, con ojos de secesionista o supremacista catalán, poniéndome en su piel.
Por un lado, en los datos quedaba claro el poderío económico y el dinamismo de Madrid. Lo más rico de España. Por otro, el privilegio instituido de los vascos. Cataluña se ha quedado entre esos privilegios ajenos y la preponderancia del Madrid «democrático», que como escribía Pascual Maragall se va: Madrid se va. Algo que no estaba previsto. Esto debe de ser intolerable para el catalanismo. Este papel menor. Ese no ser más, sino menos. Cataluña no es capital de Estado, no es centro decisor y aglutinador y palidece respecto a Madrid, y tampoco es territorio «históricamente» protegido. Es sólo una región más, rica y singular, pero una más.
Cataluña tampoco es maltratada. Hay otro indicador explicativo de este asunto, la financiación efectiva por habitante ajustado, que relaciona financiación y competencias, y ahí figura alrededor del 100. Una comunidad más. No es esquilmada, no tiene cupo ni concierto. Pero acostumbrados al nacionalismo, a la narrativa del agravio eterno, a la diferencia lingüística, al «somos distintos y además somos mejores», hasta nos parece que queda raro. Todo el discurso político de las últimas décadas está dirigido a la excepción y a lo diferencial y ya solo falta la excepción fiscal. ¿Por qué el País Vasco sí y Cataluña no? Sí, lo sé, es una pregunta retórica, pero pongámonos en la mente de un nacionalista de Mollerusa: ¿por qué?
Tienen que aceptar, por un lado, un Madrit más rico y próspero, el eterno centralismo tomando otra insidiosa forma en el siglo XXI (el Real Madrid florentiniano). Y aceptar además que el País Vasco tenga traje a medida y ellos no. ¿Cómo lo van a asumir dócilmente? Hubiera sido necesario hacer 40 años de pedagogía, pero es que han sido 40 años de lo contrario. 40 años de instrucción en el derecho a cobrar por ser catalán. O se hacen capital de algo, o debilitan y someten la que hay, o se convierten en otro País Vasco. El 78 económico es un puzzle irregular y una pieza no encaja.
La financiación autonómica será el núcleo de la legislatura. La economía no es lo más importante, pero las cosas suelen empezar por ahí. El discurso político-cultural recubre y articula una aspiración económica.
A la oscuridad de todo, a la opacidad de los consensos, se une aquí la naturaleza incomprensible del sistema de financiación autonómica, que es como una grandiosa factura de la luz. Con las palabras no nos entendemos, con los números tampoco.
El centro de estudios Fedea explicó el carajal de la financiación autonómica para el año 2021. Y puede ser una buena fotografía.
Las comunidades receptoras de recursos por encima de sus ingresos tributarios recibían un importe de 20.000 millones de euros. Aproximadamente la mitad procedía del Estado, unos 11.000 millones, y la otra mitad, alrededor de 9.000 millones, de Madrid, Cataluña y Baleares, las comunidades con mayor renta per cápita (País Vasco y Navarra al margen). ¿Cómo se repartían esos 9000 millones? Madrid contribuía con más de 6.300 millones al sistema, Cataluña con 2.168 y Baleares con 334.
Cataluña quiere salirse de ese régimen común y de alguna forma lo hará. La Ley ya no es límite de nada y los números se adaptarán al discurso confederal ya hegemónico.
Habrá regiones históricas al margen, con rancho aparte sobre una España «castellana» y folclórica y Madrid quedará de ubre para financiar todo eso. De ahí saldrán las transferencias para reequilibrar la España sumisa, la España mercado. Si en el 78 ya se descuartizó la gran Castilla, ahora se ordeñará a la pimpante y boyante Madrid Región, reduciéndola a su papel de capital que ha de sufragar el 78 bis (II Consenso, Monarquía Leticiesca) si tanto le gusta. El discurso de la desigualdad económica y el «izquierda contra derecha» se reservará para Madrid. ¿No te gusta España, extremaderecha? Págala tú.
