“Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi participación en aquel movimiento revolucionario. Lo declaro, como culpa, como pecado, no como gloria. Estoy exento de responsabilidad en la génesis de aquel movimiento, pero la tengo plena en su preparación y desarrollo. Por mandato de la minoría socialista, hube yo de anunciarlo sin rebozo desde mi escaño del Parlamento. Por indicaciones, hube de trazar en el Teatro Pardiñas, el 3 de febrero de 1934, en una conferencia que organizó la Juventud Socialista, lo que creí que debía ser el programa del movimiento. Y yo –algunos que me están escuchando desde muy cerca, saben a qué me refiero– acepté misiones que rehuyeron otros, porque tras ellas asomaba, no sólo el riesgo de perder la libertad, sino el más doloroso de perder la honra. Sin embargo las asumí.”
La reseña histórica anterior responde al reconocimiento expreso que el líder del socialismo español, D. Indalecio Prieto, realizó tras la Guerra Civil y en lo que afectaba a la responsabilidad personal, pero también colectiva, del PSOE en el intento de subvertir el régimen legítimo de la República durante los tristes sucesos de Octubre de 1934. De hecho, el PSOE es el único partido actual que tiene en su currículum el haber intentado un golpe de Estado contra un régimen democrático en la Europa Occidental.
Pues bien, tras muchos años, otro líder del PSOE ha vuelto a reconocer, expresamente, un error histórico que, salvando las épocas y los tiempos, está provocando una crisis política e institucional gravísimo, el órdago secesionista en Cataluña. En concreto, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Doña Susana Díaz, que ha pronunciado, recientemente y ante sus propios compañeros de partido, las siguientes palabras en tono de autoconfesión colectiva: “No fue un acierto decir que iba a aceptar cualquier estatuto que viniera de Cataluña”.
Efectivamente, aunque les pese a muchos responsables del PSOE y del PSC, el único causante del despropósito del reclamo secesionista en Cataluña fue el que, hace justamente diez años, por motivos puramente electorales, realizó una promesa que se puede ya calificar, históricamente, de una extrema irresponsabilidad, aceptar, por adelantado, un estatuto que por su definición soberanista estaba condenado a permanecer fuera del Estado de Derecho y de la Constitución de 1978.
En este sentido, y a pesar de mis diferencias ideológicas, suscribo íntegramente las afirmaciones de la señora Díaz, aunque, a diferencia de ella, exijo un paso más: el compromiso unilateral del PSOE, y bajo notario, de que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia favorecerá, apoyará o pactará una consulta independentista, y que, a tal efecto, se comprometerán a pactar con el Gobierno del PP una respuesta democrática y constitucionalista para frenar, legalmente, una iniciativa de tal calibre, incluyendo la aplicación del contenido del artículo 155 de la Constitución.
Otra cosa diferente es que los dos partidos nacionales, con posibilidades de gobernar este país, se reúnan de una vez, aparquen sus intereses electoralistas y, con un sentido de responsabilidad, de Estado y patriotismo, firmen un Pacto Nacional para reformar la Constitución a fin de cerrar, de un modo definitivo, este eterno debate infernal sobre el modelo de Estado, bien a partir de una recentralización, bien con un federalismo integrador y simétrico pero que, en todo caso, siempre en protección de la Nación española como el conjunto de ciudadanos libres e iguales que la componen.
Para este menester, ofrecería el próximo día 12 de octubre como la mejor fecha para escenificar este acto de rectificación, arrepentimiento colectivo y conciliación con el interés general de la Nación.
*Julio José Elías Baturones, doctor en Derecho y profesor asociado de Derecho Procesal en la Universidad de Sevilla.
