Sería una inmoralidad no escribir hoy sobre la riada en Valencia. Vaya por delante, de nuevo, mi pésame a las familias, mis oraciones, mi Misa de Domingo encomendada a todos los que están sufriendo el desamparo, la soledad y la traición del gobierno; y mi apoyo y solidaridad a quienes, desde abajo, están construyendo una red de solidaridad nacional; desde las sedes provinciales de VOX o con entidades como Revuelta, Solidaridad y tantas otras asociaciones e iniciativas particulares.
El sistema de protección civil se ha considerado históricamente como un instrumento de la seguridad pública, integrado en parte en la política de seguridad nacional, y en parte colindante, con las situaciones excepcionales que justifican la adopción de los estados de alarma previstos en nuestra legislación.
La protección civil es un servicio público que tiene por fin proteger a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada a las emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, accidental o intencionada. O debería serlo. Por eso, causa bochorno que desde el gobierno regional se abra una cuenta corriente para canalizar donaciones de los ciudadanos. Es un servicio público que se ha de prestar con los impuestos que pagan los españoles. Y no son pocos. Ni los impuestos ni los cientos de miles de millones que se ingresan y se pierden en este Estado autonómico ladrón.
Llevo años sosteniendo que la arquitectura territorial creada por el llamado régimen del 78 —esto es, un Estado descosido en diecisiete autonomías entregadas a los poderes antropofágicos de castas políticas locales— era injusta, ineficiente e insolidaria. Las tres íes. Llevamos años poniendo los puntos sobre esas íes. Pero el bipartidismo y el separatismo son dos poderosas máquinas de poder que acuden sistemáticamente en apoyo y socorro mutuo. Aznar aupó a Pujol, Zapatero a Batasuna, Rajoy a Artur Mas y Sánchez a todos, desde Puigdemont a Junqueras y Otegi. E invariablemente, en recíproco servicio, los secesionistas han acudido a la llamada de socorro del bipartidismo, cuando éste lo ha precisado.
La vigente Ley del Sistema Nacional de Protección civil es obra del primer gobierno de Rajoy, el de los 184 diputados, el que pudo y no quiso. Es una arquetípica ley del régimen del 78; una ley insoportable en su lectura y odiosa en su contenido.
Dedica mucha tinta a crear órganos y superestructuras de nombre rimbombante pero ineficaces. Además, el hombre hace al órgano; y si el hombre es taimado, perjuro e ineficiente, el órgano acaba imbuido de ese alma sucia y viscosa. Cuando creas órganos llamados a resolver situaciones de emergencia civil y pones al frente a políticos de mirada corta y alma encogida que sólo están pensando en la próxima encuesta, en la editorial del medio amigo y en el aplauso fácil de un vídeo de treinta segundos en TikTok, el resultado es previsible. Si encima el político es un ser inmoral, un psicópata sin escrúpulos, un ave de rapiña indigna, el resultado es catastrófico.
Una Ley cosmética que incluye «medidas específicas de evaluación e inspección», de «colaboración interadministrativa» e «integración de datos», más preocupada por cumplir con los «compromisos» asumidos por España en el ámbito internacional y de la Unión Europea, que por asegurar la vida, la libertad y los bienes de los españoles en situaciones de riesgo y emergencia interna. Eso es el 78. Gasto político en creación de estructuras duplicadas o triplicadas incluso, superfluo totalmente. Gasto adicional en coordinación y colaboración e integración de datos e información, ínsito a un modelo de desintegración de la unidad administrativa, que además presenta distorsiones y defectos; y una especial preocupación, eso sí, por someterse a las órdenes, instrucciones e indicaciones de Bruselas, de Nueva York o Ginebra.
Por eso, somos eficaces y reconocidos internacionalmente cuando se trata de mandar el ejército a Haití, Nicaragua, Turquía, Marruecos o el Líbano; pero rotundamente ineficaces cuando hay que enviar unidades de emergencia, zapadores, ingenieros, sanidad militar o intendencia a Valencia.
De todos modos, no hay asunto en el tema competencial, en el que nos han querido enredar Sánchez, Marlaska y Robles; y en el que se ha enredado, como siempre, un Partido Popular, más preocupado por la foto y el abrazo, por no herir al contrario y no dañar el régimen del 78 que por ninguna otra cosa. No hay discusión ninguna, a pesar de que la izquierda rastrera enmarañe todo en sus medios y redes sociales.
Lo sucedido en Valencia fue, desde el inicio, una situación de emergencia grave de protección civil, de evidente alcance e interés nacional, que imponía al gobierno de la Nación la asunción de toda competencia y responsabilidad y el sometimiento de todas las fuerzas de la nación en un gigantesco acto de solidaridad nacional; con el Ejército en la vanguardia. Pero Sánchez prefirió ver al PP cocerse en el caldo del 78 y esperar al colapso del gobierno regional para aparecer en un postrero acto rastrero de cinismo y falsa generosidad. Y Mazón y el PP, pues eso, cocidos en el régimen del 78, luchando por sus «sagradas» competencias, mientras las calles se anegaron de agua, barro y muerte.
El resultado: caos, desamparo, más muertes, más dolor, soledad, pueblos arrasados, cadáveres en la calle, infraestructuras paralizadas durante más de cuatro días; saqueos, y vandalismo. No es el Estado, amigos. Es este Estado de partidos autonómico.
Valencia va a tener que ser reconstruida. Pero ya no podemos dejarlo en manos de los de siempre. Necesitamos reconstruir Valencia, sus familias rotas, sus calles, sus negocios, sus proyectos, sus empresas, su alegría de vivir. Y también reconstruir el Estado para hacerlo digno de la Nación.
