Parece que ahora es cuando, a los dos grandes partidos que han dominado desde la Transición la situación política en España –mediatizados, eso sí, por el nacionalseparatismo, sobre todo desde 1993-, les ha entrado una prisa enorme por introducir algunos cambios en la Constitución para ponerla al día. A los socialistas para cambiar la estructura del Estado y hacer una España federal que, según ellos, bastaría para calmar a los separatistas catalanes en su incesante afán –hoy y dentro de 100 años- de lograr la secesión de España. A los de este PP, de no se sabe bien qué ideales u objetivos políticos persigue, para modificar unos cuantos de sus artículos que, en efecto, es necesario acometer.
El líder de este PP de centro reformista (?), señor Rajoy, ha anunciado que en la próxima legislatura se debía abordar el tema de la financiación autonómica y la reforma de la Constitución, siempre que se disponga del consenso necesario entre los principales partidos políticos. ¿Se imagina alguien hoy acuerdos de esta naturaleza entre quienes lo que prima en ellos es su propio interés (en virtud de sus intereses ideológicos y económicos) mucho antes que el bien general para todo el pueblo español? Sobre todo cuando en ese pueblo, además, prevalecen los intereses de los territorios en los que han sido compartimentados mucho más que el etéreo y lejanísimo interés de lo que constituye la unidad territorial de nuestro país.
De modo que las propuestas de uso y de otros para reformar la Constitución no parecen, de momento que coincidan en prácticamente casi nada, en todo caso, en el tema de la sucesión a la Corona para eliminar la prevalencia del hombre sobre la mujer. Y eso en el caso de que el PSOE mantenga el compromiso que adquirió con el gobierno de Arias Navarro (sus servicios de información) en relación con el tema monárquico con el que, por cierto, no le ha ido nada mal.
Soy de la opinión de que, en efecto, es preciso actualizar una Constitución que necesita importantes retoques, especialmente en todo lo relativo a su desafortunadísimo Título VIII. ¡Ojalá los partidos políticos españoles tuvieran la altura de miras, la generosidad y la visión de futuro precisa para acometer tan necesaria y trascendental labor! Pero me temo que ni siquiera el PP y el PSOE son capaces ya de ponerse de acuerdo para abordar el tema, pensando en el beneficio que pudiera reportarle a los españoles y no el que, egoístamente, desean para ellos mismos, tanto desde el punto de vista ideológico como electoral.
Pero fijémonos en este hecho curioso: tanto ese señor del PSOE que usa como telón de fondo una gran bandera de España –aunque luego permita que en otros lugares de nuestro país el socialismo utilice las independentistas- como el señor Rajoy, sí parece que siguen estando de acuerdo en otros asuntos que son fundamentales para que esta peculiar democracia española se convierta, simplemente, en una democracia (sin adjetivos). Me refiero concretamente al hecho de que ambos partidos mantienen la politización de la Justicia en sus más altos niveles porque les conviene. Desde que en 1985 así lo determinaron F. González/A. Guerra interpretando a su favor la Constitución, ni el PSOE ni el PP han hecho lo más mínimo por rematar a Montesquieu. Al revés, son felices determinando qué jueces son los míos y cuáles son los tuyos. Con lo que, al menos, el 50% de los jueces se dedican a politiquear para buscarse una excelente poltrona desde la que se pueda influir en multitud de asuntos y, a la vez, cobrar un salario muy superior al del presidente del gobierno.
También están de acuerdo en que esa politización de la Justicia se extienda al desacreditado Tribunal Constitucional, cuyos miembros son designados también por los partidos políticos. Y qué decir, por ejemplo, de la antihistórica y sectaria Ley de la Memoria Histórica. Hoy, por ejemplo, algunos miembros del PP han salido criticando lo que los “derivados” de Podemos desean hacer en algunas ciudades cambiando el nombre de algunas de sus calles. ¿Cómo es posible que sean tan estultos, tan cínicos y tan poco coherentes con lo que su propio partido ha permitido? A lo largo de toda una legislatura de cuatro años el PP no ha modificado ni suprimido –que hubiera sido lo correcto- una ley zapaterista llena de revanchismo, sectarismo y completamente innecesaria, menos para reabrir las heridas y los odios entre los españoles.
Por supuesto, ese acuerdo PP-PSOE también se extiende a otros tema políticos como, por ejemplo, el mantenimiento de miles de cargos y asesores en toda clase de organismos públicos y empresas del mismo signo, como las televisiones autonómicas y otras, que son verdaderos agujeros por donde se van millones y millones de euros de dinero público. O el sostenimiento de instituciones innecesarias por completo, como las Diputaciones provinciales (¿para qué sirven las Delegaciones del Gobierno y las Autonomías?) o el inútil Senado, etc.
Y no me negará nadie que PP y PSOE (el PP a remolque del PSOE) también están de acuerdo en el mantenimiento de una ley del aborto que es en sí misma, desde el punto de vista del fundamento básico en que se asienta, una auténtica aberración y una total contradicción con el principio fundamental de la ley natural. Lo mismo que en el nombre con que se ha decidido unir legalmente a los homosexuales para que, con esa unión, puedan tener derechos e, incluso, adoptar niños: el de “matrimonio”.
De modo que, si por un lado las ideas de unos y de otros difieren mucho en el tema de la revisión constitucional, por otro las coincidencias de este PP que, en verdad, parece haber perdido sus más elevados principios, con el PSOE –del que siempre puede esperarse cualquier cosa y generalmente nunca buena- son numerosísimas. Fíjense también en otra coincidencia que tiene abochornada y muy enfadada a otra franja de la población española que no entiende de ninguna manera a este PP: el haber asumido en su práctica totalidad las negociaciones políticas del PSOE con los terroristas de ETA, con el único propósito de que los asesinos dejaran de matar a cambio de ser reconocidos políticamente para hacerse cargo de Diputaciones, Ayuntamientos, etc., controlar así no sólo la “pasta” con que nutre sus arcas sino a miles de españoles para conocer domicilios, situación financiera, ideología, etc. Porque ETA sigue ahí, sin disolverse y con BILDU y otras terminales políticas hasta en el congreso de los Diputados.
Estamos, por tanto, en un caso realmente singular de posible disparidad de criterios para abordar la reforma constitucional –y la ley Electoral- en la que es esencial el acuerdo entre los dos grandes partidos para que esta peculiar democracia española no termine de hundirse del todo, mientras que, por otro lado, la identificación de ideas y conceptos en otros muchos aspectos de la vida política española –como hemos visto- es absoluta entre el PP y el PSOE.
Pero hemos de reconocer también en este PSOE del señor Sánchez otro par de discrepancias con el PP, de gran calado, que también serían fundamentales para dificultar aún más los posibles acuerdos para lograr una reforma constitucional imprescindible y duradera. Una es la diferente e, incluso, opuesta visión del tratamiento de la economía por parte del PSOE respecto del PP. Y los socialistas ya han demostrado, en las dos ocasiones en que han gobernado, que están totalmente capacitados para arruinar España y aumentar el paro a índices sobresalientes. La otra es su capacidad para aliarse con quien haga falta para que la derecha (¿qué derecha?) no gobierne España y sean ellos sus únicos amos. Ahora ya están aliados con la extrema izquierda (Podemos) y con los separatistas (BILDU) en Autonomías, Ayuntamientos, etc. Ya están dando a entender que, tras las próximas elecciones, generales, a base de pura partitocracia, el PSOE puede aliarse con cualquier formación política si éso es lo que pide el pueblo en las urnas (?). Naturalmente, se refiere a los leninistas de Podemos y derivados.
En definitiva, la degradación política, moral, ética y estética y, sobre todo, la debida a la corrupción que ha afectado de lleno a estos dos partidos desde hace años (el socialista Alonso Puerta comenzó a denunciarla en su partido en 1977), les lleva a enfrentarse en asuntos fundamentales, mientras que en otros de gran magnitud parece que sus posturas coinciden. Esta ambivalencia o dicotomía a quien más perjudica es al pueblo español que, en gran medida harto y desesperado, ya no cree en estos partidos considerándolos uno de los peores males que padece España (encuestas del CIS).
Por tanto, difícil lejana veo en estos momentos la imprescindible reforma de la Constitución. A no ser que se obrara un milagro después de que el PSOE visitara Lourdes.