La historia se repite. Si la última renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se demoró dos años, ahora puede ocurrir otro tanto. Hace algo más de un mes que expiró el mandato de cinco años del CGPJ, pero la pelea entre el PP y el PSOE por repartirse el control del nuevo y devaluado órgano de gobierno de los jueces sigue paralizando la renovación de sus 20 miembros. Y la codicia de unos y otros ha arrastrado las negociaciones a un punto muerto. La politización de la justicia se mantiene en su punto más álgido y tanto populares como socialistas han incumplido y prorrogado ya tres veces el plazo para cerrar esas negociaciones.
Las razones son distintas, pero en ambos casos la unidad de criterio es inexistente. El PP no tiene ninguna prisa porque cuenta con la mayoría necesaria de tres quintos en el Senado para imponer a los 10 vocales que corresponde elegir a la Cámara Alta; y si persiste el desacuerdo, bastaría con prolongar el mandato de los otros 10 vocales que el Congreso designó hace cinco años para asegurar un control aplastante del nuevo CGPJ. Pero hay otra razón poderosa para tratar de retrasar el relevo en el Consejo: una de las consecuencias de la entrada en funcionamiento del nuevo Consejo sería que Miguel Carmona, –vocal actual afín a los socialistas– aterrizaría como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, quedando al frente de los casos Gürtel y Pescanova, y relegando a Pablo Ruz al papel de sustituto.
El aterrizaje de Carmona provoca no poca preocupación ante el desconocimiento de qué nuevos pasos podría dar, sobre todo en el caso de los papeles de Bárcenas, en el que se investiga la presunta contabilidad B de la formación. En estos momentos, en las filas populares sólo el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, parece ser el único que tiene prisa por que la renovación se realice cuanto antes y poner fin a una reforma –la del poder judicial– que ha sido muy contestada desde todos los frentes y sobre la que pesa un recurso de inconstitucionalidad del PSOE.
Precisamente es el recurso de inconstitucionalidad el elemento de disputa en la familia socialista, que en estos momentos se debate entre seguir seguir adelante con las negociaciones y amarrar su cuota de poder en la cúpula judicial, o negarse al relevo en el CGPJ por criterios de estricta coherencia, ya que no verían razonable consensuar unos nombramientos en un órgano que han recurrido. Entre unos y otros han logrado que la separación de poderes brille por su ausencia, precisamente en un momento en el que sería deseable aparcar para siempre el mal llamado reparto de cuotas para erradicar el sectarismo en las conductas en cuestiones tan relevantes como el Poder Judicial.
