«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
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María Zaldívar es periodista y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Argentina. Autora del libro 'Peronismo demoliciones: sociedad de responsabilidad ilimitada' (Edivern, 2014)
María Zaldívar es periodista y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Argentina. Autora del libro 'Peronismo demoliciones: sociedad de responsabilidad ilimitada' (Edivern, 2014)

Sánchez, el contorsionista

27 de enero de 2024

El globalismo ha perdido la careta. Es que ha corrido tan solo y sin competencia desde la caída del muro de Berlín que hoy ya no necesita disimular. Tiene defensores y voceros a lo largo de todo el espinel de la política mundial y ellos ejercen su representación desde el corazón mismo de la burocracia estatal. No es que están infiltrados en el poder; son el poder.

Las consecuencias de ese avance se han ramificado de forma masiva y actualmente se convive con las leyes impuestas por una falsa corrección política que ese globalismo dicta y que en la práctica supone una libertad restringida y vigilada. Hay una doble vara en todo pero que siempre es más corta para quienes resisten la filosofía woke. Por dar un ejemplo, lo que dicen las izquierdas es «libertad de expresión», lo que dicen sus adversarios es «delito de odio». Vaya un retrato de la intolerancia y la censura de la que es capaz este modelo: el ilustre filósofo y escritor Fernando Savater fue recientemente despedido del diario El País después de ser un colaborador estable del medio durante 47 años. El motivo: opinar. Opinar distinto, claro; opinar que el diario tiene una alineación ostensible con el oficialismo. La cancelación es una de las modalidades recurrentes del globalismo y esta es una demostración contundente.

El caso de España y la reciente investidura de Pedro Sánchez es otro ejemplo obsceno de hasta dónde son capaces esos burócratas de retorcer las instituciones y las leyes para amoldarlas a sus necesidades coyunturales. Un testimonio evidente son los acuerdos enhebrados por Sánchez con las izquierdas y el brazo político del terrorismo etarra para lograr el asiento que hoy ostenta a pesar de no haber resultado el preferido de los ciudadanos en las últimas elecciones.

Por estos días el ruido alrededor de la amnistía que propone el Partido Socialista Obrero Español concita las primeras planas de los medios. Es que los pactos nunca son gratuitos. En este caso fueron votos por perdones pero, en principio, no hay acuerdo sobre el universo de privilegiados al que alcanzaría.

La futura ley de amnistía cada día suma nuevos detractores. Una eurodiputada francesa ha afirmado que lo que pasa en España preocupa en Francia y ha pedido a la Unión Europea que actúe o perderá su credibilidad. Porque la UE deja claro el alcance del término «terrorismo»: «Cuando mediante la violencia se intimida a la población y se persigue desestabilizar gravemente el orden o destruir las estructuras políticas, constitucionales de un país”.

La amnistía no es un instrumento menor; extingue los antecedentes penales y, por lo general, se aplica a los delitos políticos. Borra los actos que han pasado antes o después de un fallo judicial; suprime la infracción, la persecución del delito y la formación de juicios.

«Nosotros apostamos por el diálogo y el perdón», se justifica Pedro Sánchez y sus soldados replican que será el Tribunal Constitucional quien diga si el texto de la ley que impulsan es constitucional o no. En buen romance, los retoques introducidos implican ignorar el artículo 573 del Código Penal que describe el accionar terrorista minuciosamente, y apuestan a apurar una nueva definición que, en la práctica, hace una suerte de distinción entre terrorismo bueno y terrorismo malo. Un inmoralidad propia de quienes van empujando los límites de la ley y, con ello, la convivencia misma porque, lejos de apostar por la armonía, estas actitudes profundizan la polarización de la sociedad. Vale recordar que Pedro Sánchez sostenía, no hace mucho tiempo, que las actividades violentas del separatismo eran conductas terroristas. Pero las necesidades varían y ahora se contradice al extender la legitimidad de esta medida de excepción a los desmanes perpetrados por el separatismo.

El PSOE hoy amenaza con que, si no se aplicara la amnistía abarcando los delitos del independentismo, las tensiones podrían agravarse en los próximos años a medida que se fueran sustanciando los procedimientos judiciales que afectan no sólo a sus líderes sino también a los múltiples procesos de ciudadanos encausados por casos relativos a los referéndum ilegales de independencia. Y se apaña en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han reconocido la validez y oportunidad política de la amnistía.

El verdadero objetivo de la ley que propone Sánchez es blindar al fugado Carles Puigdemont y amplía el paraguas de impunidad a los independentistas que, en nombre de su causa, cometieron desmanes. Esta interpretación permitiría incluirlos en la amnistía que está en elaboración. El juez que entiende en la causa y cualquier persona de buena voluntad reconocen que agredir salvajemente a miembros de la policía antidisturbios es «atentar contra el derecho a la vida y a la integridad física» (artículo 2 de la Convención de DDHH), hechos que, por estar enmarcados en la lucha independentista catalana, marcan la responsabilidad de Carles Puigdemont.

El PSOE propone distinguir entre el terrorismo y los hechos violentos, toma de aeropuertos, ataque a las fuerzas del orden y desmanes protagonizados por el independentismo de Cataluña y presiona para incluirlos en el mencionado proyecto. Se trata de causas en trámite. Si esta postura triunfa, la liberación de presos será aún más generosa y, como se dijo, con Puigdemont a la cabeza.

Lo cierto es que nada de lo que está llevando adelante el presidente del Gobierno estaba previsto: no habría indultos y los hubo; no habría amnistía y está en camino; no se incluiría el terrorismo de la llamada causa «Tsunami» y ahora se incluye. Pedro Sánchez se da vuelta como un calcetín.

La debilidad por modificar o forzar el marco jurídico del país es un tic de los gobiernos amorales. Los parecidos del sanchismo con el peronismo en Argentina son alarmantes.

Muchos españoles se han dado cuenta del mal rumbo que lleva el país pero no todos. El avance del poder ejecutivo sobre los otros dos poderes del Estado es evidente y preocupante. El desprecio por las tradiciones, también. Visto de afuera, con perspectiva y experiencia en dictaduras blandas, es bien claro. Ayn Rand decía que esas son más difíciles de combatir que las dictaduras clásicas y la historia lo demuestra. Los regímenes con visos de legalidad pueden sobrevivir décadas y, mientras lo hacen, son una máquina de erosionar la confianza pública en el imperio de la ley. Una sociedad escéptica es una sociedad que va perdiendo el compromiso patriótico y en esas condiciones son voluntades fácilmente manipulables.

La amnistía «paga-favores» de Pedro Sánchez es un nuevo avance al precipicio. Ojalá fuera el último pero todo parece indicar que, para este PSOE, el mantra que los guía es que el fin justifica los medios.

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