La alarma causada por la infección de Ébola de la auxiliar de enfermería Teresa Romero y las numerosas negligencias, descuidos y fallos de seguridad en cadena que este episodio ha puesto de relieve, llevan necesariamente a una reflexión sobre el origen del problema: la decisión de trasladar a Madrid desde Sierra Leona al padre García Viejo para ser tratado en España de esta gravísima enfermedad altamente contagiosa. Los criterios racionales y humanitarios a aplicar en un caso semejante son diversos y la solución correcta debe surgir necesariamente de su cuidadosa ponderación. No cabe duda que es obligación de un país y de su Gobierno proteger a sus nacionales en el extranjero, sobre todo si se encuentran allí cumpliendo generosas misiones de ayuda a sociedades en desarrollo. También es cierto que los medios técnicos, el nivel de la medicina y la calidad de los hospitales es muy superior en España que en Sierra Leona, por lo que los cuidados al padre García Viejo han de ser necesariamente mejores en un centro español. Por último, aunque no sería ésta la consideración principal en un problema de estas características, está el coste que conlleve el camino que al final se elija. En paralelo a estos sólidos argumentos, hay que evaluar el riesgo que el infectado lleva consigo al lugar al que arribe en busca de remedio. Una expansión del Ébola en España y, por consiguiente, en Europa, representaría una tragedia de grandes proporciones con consecuencias sanitarias, económicas y sociales de tremenda magnitud
Nos encontramos pues en una situación típica de análisis riesgo-beneficio, donde si bien en el asunto concreto que nos ocupa lo puramente material no es lo determinante, hay que atender al principio elemental de minimizar el potencial daño que pueda derivarse de una u otra medida. En esta objetivo cuadro de proceso de toma de decisiones irrumpe inevitable, por desgracia, el que podríamos denominar «factor político», es decir, la valoración por parte de los responsables públicos que intervengan de los efectos sobre su imagen y, subsiguientemente, sobre el apoyo electoral que de ella se derive, de una actuación en un sentido específico. Y aquí es donde cambiamos peligrosamente de enfoque y nos adentramos en una lógica distinta, que puede alejarse considerablemente del interés general. A poco que se examine la cuestión de manera desapasionada, es obvio que lo óptimo hubiera sido desplazar a Sierra Leona el equipo de especialistas y el utillaje necesario para procurar al padre García Viejo las máximas posibilidades de curación dentro de las circunstancias. Sin embargo, un sentimentalismo superficial acompañado del deseo de mostrarse especialmente receptivo a las emociones suscitadas en la gente de la calle, condujo a organizar una operación de traslado que la experiencia ha demostrado errónea. Afrontamos así una crisis más, resultante como tantas otras, de la acción de gestores públicos que, lejos de guiarse por la sensata y prudente aquilatación de todos los aspectos de las materias sobre las que han de resolver, se dejan arrastrar por la codicia de los votos. Lejos de afirmar egoístamente que la solidaridad bien entendida empieza por uno mismo, no nos podemos permitir ignorar que solidaridades mal concebidas pueden desembocar en grandes males para el conjunto de la comunidad.