En su reciente visita a Barcelona para anunciar grandes planes de inversión en infraestructuras en Cataluña, el Presidente del Gobierno ha concedido una larga entrevista al rotativo de mayor circulación y de línea editorial más fluctuante de esa Comunidad. Las preguntas del director del medio, hombre ponderado y bastante de vuelta de todo, se sitúan en el terreno de la estricta neutralidad, de tal forma que ni pone en apuros a su entrevistado ni tampoco corre riesgos en relación a los partidos separatistas. Aunque trata temas erizados de aristas políticas, lo hace con el tono distante y cortés del que sostiene una conversación sobre el tiempo o sobre las últimas tendencias de la pintura abstracta. Dado que su interlocutor nunca se ha distinguido por poner demasiada pasión en sus cometidos, el resultado adquiere tintes de una inquietante irrealidad.
De la lista de respuestas de Rajoy a Màrius Carol se desprenden, sin embargo, algunas conclusiones interesantes. La primera es que el sucesor designado de José María Aznar no considera relevante preguntarse por el origen del actual conflicto entre la Generalitat y el Estado. Dicho de otra forma, al inquilino de la Moncloa las causas de los fenómenos, sean éstos naturales, sociales o económicos, le parecen un asunto que no merece mayor atención. Se trata, según afirma, de afrontarlos tal como vienen e intentar comprender el proceso de su gestación con tal de sacar lecciones provechosas de los errores cometidos o de los aciertos alcanzados se le asemeja un ejercicio estéril. Esta es una actitud mental peligrosa porque si hubiera sido sistemáticamente aplicada desde la prehistoria hasta hoy seguiríamos recolectando bayas y cazando antílopes a pedradas a la vez que nos comunicábamos mediante onomatopeyas guturales. Quizá si se decidiese a reflexionar siquiera mínimamente por las razones por las que una mayoría parlamentaria en una Autonomía que representa el 16% de la población y el 19% del PIB españoles se ha alzado en rebeldía contra la Constitución y el Estado de Derecho y se dispone a intentar liquidar la unidad nacional, descubriría que el diseño territorial e institucional que surgió de la Transición no fue el más acertado posible y que el haber suministrado durante décadas a los secesionistas las herramientas financieras, educativas, simbólicas y culturales para llevar adelante sin trabas su proyecto disgregador no se puede describir como una estrategia inteligente. Otra cosa que podría entender si se entregase durante unos minutos a la reflexión retrospectiva es que el cambio de orientación del PP de Cataluña en 1996 renunciando por completo a la batalla de las ideas para transformarse en una organización de convicciones desdibujadas entregada al seguimiento sumiso del marco conceptual nacionalista fue un error monumental de efectos desastrosos a largo plazo. Y si continuara examinando con mirada crítica la actuación de su formación en Cataluña durante las últimas tres décadas, a lo mejor le parecería que el dilatado silencio cómplice sobre los latrocinios de la familia Pujol con el fin de garantizar su colaboración para acabar sacando toda la porquería a la luz de manera abrupta cuando el mal ya estaba hecho, le ha restado credibilidad a la maniobra.
La segunda conclusión es que Rajoy no es partidario de la acción para resolver los problemas. A la pasividad como método la llama “prudencia, proporcionalidad, mesura y equilibrio”, lo cual no deja de ser curioso. Es como si ante un tigre hambriento que se precipita sobre uno para devorarle, aconsejase disimular silbando alegres aires de moda. Sin negar la posibilidad de que la fiera quedase desconcertada durante unos segundos, el desenlace del ataque sería fatal. Interrogado sobre el uso del artículo 155 de la Constitución para detener de una vez el desafío constante a la legalidad de los separatistas comunica que no le gustan las “soluciones extremas”. En realidad, a nadie salvo a los locos les complacen las medidas traumáticas, pero si autoridades del Estado encargadas de velar por el cumplimiento de la ley se la saltan a la torera ante los ojos de todo el país y manifiestan pública y reiteradamente que piensan seguir saltándosela, además de anunciar la fecha en la que tienen planeada la liquidación de España como Nación, no parece descabellado recurrir a las herramientas legales y democráticas de las que se dispone para poner las cosas en su sitio. La CUP ya ha mandado un aviso con su asalto vandálico a la sede del PP catalán contemplado con seráfica beatitud por la policía autonómica. Si perciben debilidad e irresolución en el Gobierno central, sacarán sus hordas a la calle en el momento en que que se proceda a impedir la colocación de las urnas el día de autos. Cuando lo que se prepara con publicidad y desprecio total a la legalidad es un golpe de Estado como la copa de un pino, quizá una ración más abundante de firmeza, fuerza legítima y coraje, tendría un efecto más disuasorio que la exhibición titubeante de prudencia, mesura y proporcionalidad acompañada de créditos abundantes a interés cero. La alusión a otras maneras de hacer respetar la ley, a la vista del caso que los separatistas hacen a las sentencias de los Tribunales, suena bastante irrisoria.
El choque de trenes se acerca inexorable y si una de las dos máquinas circula a toda velocidad armada de un afilado espolón y la otra se mueve cachazuda con un parachoques de suaves togas y empuñadura bordadas, está claro cual saldrá despedido de la vía. A no ser, naturalmente, que Puigdemont, Mas, Junqueras, Gabriel y compañía jueguen de farol. ¿Es sensato esperar al último minuto para comprobarlo? Si atendiésemos a eso que Rajoy no quiere ver, el origen del desastre que ahora padecemos, sabríamos que hay ocasiones extremas en las que las únicas soluciones también lo son.
