La creación de una comisión de sabios que elaborara un informe para la reforma fiscal fue aprobada en Consejo de Ministros el pasado mes de julio. Entonces ya se decidió que fuera el catedrático Manuel Lagares quien la presidiera, como hizo en las que se constituyeron para la modificación del IRPF en 1999 y 2002, y que otros ocho expertos le acompañaran en la tarea. Se les dio de plazo seis meses para proponer al Ejecutivo las medidas necesarias para lograr un sistema tributario más sencillo, garantizar la suficiencia de ingresos tributarios que ratificara el compromiso de consolidación fiscal, obtener un sistema tributario que favorezca el desarrollo económico, garantice la unidad de mercado y la neutralidad fiscal, y potenciar el desarrollo social con medidas que favorezcan a las familias, a los discapacitados y que estimulen el ahorro. El ‘grupo de los nueve’ cumplió y acabamos de conocer la fórmula que han perpetrado. Tan es así, que el Gobierno que les encargó el informe ni ha pestañeado antes de desmarcarse y de anunciar con total solemnidad que ese informe no es el suyo.
El desapego del Ejecutivo se debe a la polvareda levantada por algunas de las medidas propuestas (la relativa a la desaparición con efecto retroactivo de la desgravación por vivienda habitual ha escocido mucho). Por eso, Soraya Saénz de Santamaría ha dicho que no se pondrán en marcha automáticamente las medidas sugeridas por la ‘comisión Lagares’.
Se consuma así la tontería de los expertos. Lo primero fue convocar la comisión, como si los ministerios de Economía, Hacienda y Empleo no tuvieran técnicos suficientes como para acometer la reforma fiscal siguiendo los parámetros políticos que dictaran los ministros. Que así es como funciona la administración pública, ese cuerpo de funcionarios invariable pese a los vaivenes políticos que acumula experiencia legislatura tras legislatura y convierte en iniciativas concretas los impulsos políticos. Los segundo fue esperar otros seis meses a tener las propuestas cuando el esqueleto de la reforma fiscal tendría (como todas las demás reformas de este Gobierno) que haber estado encargada, para ponerla en práctica en el momento económico oportuno, desde el primer Consejo de Ministros. Y lo tercero ha sido anunciar la no aplicación total e inmediata de las propuestas emanadas de la comisión por el Ejecutivo creada e instada a elaborar el informe de marras. Tontería consumada, es decir, pérdida de tiempo, energía y recursos.
