Publicaba premonitoriamente el Boletín Oficial del Estado un acuerdo de fecha 14 de septiembre de 1984, relativo a un acuerdo de la Comisión Permanente de Justicia, un impagable documento en el que se tildaba al máximo órgano de gobierno de lo que queda de los jueces como de “Consejo General del Joder (sic) Judicial”. Y eso que la socialista Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 aún estaba por llegar. El entonces todopoderoso vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, hermano de mienmano, proclamó para alborozo de los suyos la muerte del teórico de la separación de poderes, conditio sine qua non para poder hablar de democracia sin que a uno se le caiga la cara de vergüenza. Desde entonces, los políticos, no han parado de bailar sobre la tumba de Montesquieu.
El colmo de los colmos, si es que acaso puede superarse aquel Pacto por la Injusticia que suponía renunciar a cumplir el programa electoral del PP, partido que lleva afirmando desde hace lustros su intención de devolver la Justicia a los jueces, firmado entre el Gobierno de José María Aznar y el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido el espectáculo al cual hemos asistido estos días atrás. Gallardón, quien había prometido devolver la independencia al Poder Judicial, ha incumplido, una vez más su palabra.
Ya es que no se cortan ni un pelo. Directamente los políticos, que se han atribuido la potestad, pese a que la por ellos sacralizada carta otorgada de 1978 establece que doce jueces deberían de ser elegidos de entre miembros de la carrera judicial, de nombrar incluso al presidente del CGPJ. O incluir a políticos, cuya carrera jurídica permanece ignota, cual es el caso del socialista Álvaro Cuesta, entre los miembros de dicho consejo. Un escándalo en cualquier país democrático que aquí justifican, como pueden, algunos medios de comunicación.
No extraña nada, pues, que la inexistente Justicia, suplida por una maraña legislativa, sea a estas alturas de la película una de las instituciones peor valoradas por los españoles.
La puesta en libertad a toda velocidad de etarras, asesinos en serie y violadores reincidentes, cuando el ciudadano de a pie honrado puede morir antes de que un juzgado dicte auto o sentencia; cuando procedimientos de familia se retrasan años o los tribunales laborales vienen señalando vistas con meses de dilación, ha puesto negro sobre blanco ante los ojos del respetable la pantomima democrática instaurada en España. El timo del tocomocho.
A pesar de las consecuencias que la desconfianza hacia el ordenamiento jurídico conlleva, la casta, la oligarquía, seguirá bailando sobre tu tumba, Montesquieu. Algunos, hasta un zapateado.
