La pasada semana supimos que la dependiente Fiscalía, ha descartado que Josep González Cambray, consejero de Educación del Gobierno de la Generalidad de Cataluña por ERC, cometiera desobediencia y prevaricación por sus actividades contra la sentencia 25 por ciento del español en las aulas.
Las aulas catalanas, especialmente las públicas, es decir, aquellas a las que van los hijos de los menos poderosos, podrán seguir inoculando hispanofobia
De este modo, el idioma común de todos los españoles, al igual que ocurre en los ámbitos dominados por la administración autonómica y municipal, permanecerá prácticamente anulado en los centros educativos de Cataluña. Neutralizadas las acciones de algunas familias capaces de enfrentarse al rodillo de los poderes hegemónicos en la región, los políticos mejor pagados de España, que así premia nuestra nación a sus máximos odiadores, respiran tranquilos. Las aulas catalanas, especialmente las públicas, es decir, aquellas a las que van los hijos de los menos poderosos, podrán seguir inoculando hispanofobia en unos infantes a los que apenas se les enseñan los rudimentos de la lengua de aquel admirador de Barcelona apellidado Cervantes.
«Saben los propagandistas del ‘derecho a decidir’, de decidir unilateralmente destruir nuestra nación, que en los colegios (…) se dirime gran parte del futuro político de esta región»
Bien saben los propagandistas del «derecho a decidir», de decidir unilateralmente destruir nuestra nación, que en los colegios, desde las aulas hasta el patio en el que, en un involuntario homenaje a Jorge Martínez, se espían los juegos de los niños, se dirime gran parte del futuro político de esta región históricamente privilegiada por su condición de frontera entre España y Francia. Que en Cataluña, al igual que en las autonomías cuyos gobernantes han imitado simiescamente esta política lingüística, no se pueda escolarizar a un niño en español supone una anomalía sólo posible gracias a la dejación de funciones de un bipartidismo que amenaza con regresar, apoyado por todos los poderes que han crecido a la sombra de tal alternancia.
Bloqueados los anhelos de unas familias que, como la de Canet, olvidada por el nuevo delfín bipartidista, que corrió a abrazarse al conde de Godó, sufrieron un intolerable hostigamiento, conviene ampliar la perspectiva para señalar a un colectivo esencial en este proceso irrenunciable para el mundo secesionista catalán: el profesorado.
Hace apenas unos años, un conjunto de avispados profesores supo capitalizar la enorme concentración de infantilismo que se dio en la madrileña Puerta del Sol. Los acampados exigían, por medio de asambleas y aplausos silenciosos, una inmediata y real democracia. Sin embargo, pese a sus ínfulas rompedoras, aquel movimiento primaveral buscaba la realización de los objetivos últimos del mismo régimen que decían combatir, pues en ningún momento se puso en duda la, para ellos evidente estructura plurinacional de España o, por mejor decir, del Estado español. Más allá de los gastados lemas, en los ya lejanos días del 15M, se percibía el peso de las llamadas mareas a las que se subieron los Iglesias y compañía. Dos de ellas sobresalían sobre el resto: la sanitaria y la educativa.
Ambos colectivos, marcadamente egoístas y ajenos a cualquier modelo nacional, han sido claves en la implantación del modelo autonómico que garantiza la desigualdad entre compatriotas. «Modelo de éxito» llaman los beneficiarios, políticos y docentes, de un sistema que margina al español pero que blinda los puestos de trabajo de verdaderos activistas que trabajan con denuedo en adoctrinar a aquellos que, por decirlo con la fórmula latina, viven todavía en la edad de las nueces.
