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La huelga de basuras que ha mantenido Madrid como un estercolero durante dos semanas es el último ejemplo de la sinrazón de las huelgas salvajes en servicios a la comunidad. En los últimos años nos estamos acostumbrando a que las reivindicaciones laborales o sociales lleven incorporada la violencia como ingrediente habitual y a que el derecho de huelga se ejerza laminando los demás, empezando por el derecho al trabajo de quienes libremente deciden no secundar un paro y por los de los ciudadanos que son tomados como rehenes por los huelguistas.
La huelga de los servicios de basuras del Madrid es el último ejemplo pero no el único. Los recientes conflictos del Metro de Madrid, los de los pilotos de Iberia, los de los controladores, las huelgas generales… son un cúmulo de despropósitos que evidencian la necesidad de una ley de huelga que asegure el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad y para garantizar que ese derecho en defensa de los intereses profesionales de los trabajadores de una determinada empresa o sector no se utilice arteramente para secuestrar a la ciudadanía.
La huelga no puede ser una actividad destructiva. En todos los conflictos se hace un uso razonable de la presión y los laborales no pueden ser una excepción: para negociar un nuevo convenio o salvar puestos de trabajo no se puede acabar con una empresa o infligir un daño desmedido a los ciudadanos o al conjunto de país. Los sindicatos y los trabajadores de los servicios de basuras de la capital de España, con independencia de cuál sea la situación de la empresas concesionarias, han demostrado con su actitud intransigente y violenta que España necesita con urgencia una ley de huelga.
El Gobierno no puede permanecer cruzado de brazos: ante un panorama económico y social complicado, y ante una izquierda y unos sindicatos que se están entregando a la violencia más radical, no tomar resolución alguna no es de ninguna de las maneras la mejor decisión. Seguramente plantear una regulación de la huelga va a tener muy poco eco entre aquellos que se aprovechan del vacío legal para tensar la cuerda de la paz social al máximo; pero se trata de un mandato constitucional –la Carta Magna remite a la necesidad de la promulgación de una ley que regule el ejercicio de este derecho y establezca las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad– y, además, de una demanda por la que claman cada vez más ciudadanos, asqueados no sólo de la prepotencia sindical, de la violencia y el matonismo con que se defiende cualquier reivindicación, sino también de ver conculcados sus derechos huelga tras huelga.
