Leticia Lebrato tenía 17 años cuando, una soleada mañana de domingo del año 1992, no regresó a su casa en Viana de Cega. Denunciada la desaparición, con el brutal asesinato de la niña Olga Sangrador aún fresco en la memoria, todos se temieron lo peor. Desgraciadamente no era para menos: el cuerpo sin vida de la joven, maniatado y semienterrado, era descubierto en un bosque situado a poco más de kilómetro y medio del pueblo. Leticia había sido violada y apuñalada más de una decena de veces. Las pesquisas policiales condujeron a Pedro Luis Gallego, mecánico ascensorista, quien ya años antes había sido condenado por violación y desde entonces no había abandonado la senda de la delincuencia sexual. Ese verano de 1992 aterrorizó Valladolid, en donde cometió brutales violaciones por las que fue bautizado como el violador del ascensor. Se trata, pues, de un violador en serie. Responsable de otras 18 violaciones y del asesinato de la joven de 22 años de edad, Marta Obregón, a quien asestó 14 puñaladas cuando se resistió a ser forzada. No se ha arrepentido jamás de sus crímenes.
Fue condenado, contaban en los telediarios de la época, a más de trescientos años de prisión. Pero ya saben que en esta España blanda con los criminales se anuncian unas condenas que a la hora de la verdad son casi una broma macabra. Bastaba por aquel entonces un cursillo de jardinería para ver reducida una pena de 300 años a 15. Efectivamente, tres lustros después el asesino iba a salir a la calle. Es en ese momento cuando el Tribunal Supremo decide aplicarle la jurisprudencia del 28 de febrero de 2006. La llamada doctrina Parot, por la que la reducción de pena se aplica respecto a cada pena individualmente y no sobre máximo legal permitido de estancia en prisión. Doctrina que, a falta de legisladores responsables, ha permitido mantener en prisión no sólo a terroristas, sino también a delincuentes sexuales como Gallego.
Pues bien, la doctrina Parot, que el PSOE se comprometió en tiempos de Zapatero y el mal llamado proceso de paz con la ETA a derogar, ha sido declarada ilegal (en el caso de la etarra Inés del Río) en sentencia no vinculante del Tribunal de Estrasburgo. El cumplimiento o no de la resolución, que más que alarma social causa terror, depende ahora del Gobierno. Las víctimas exigen que los criminales permanezcan en prisión. Veremos.
Las asociaciones feministas, por otra parte, deberían demostrar que no son meros apéndices sectarios de partidos políticos de izquierdas, poniendo el grito en el cielo ante la liberación de asesinos de sus mujeres o violadores. No lo harán. Cuánta indignidad.
