El consejero delegado y fundador de Cabify, Juan de Antonio, ha afirmado que el real decreto-ley que transfiere las competencias de las VTC a las comunidades autónomas, aprobado el pasado viernes por el Gobierno, «supone una limitación para la movilidad de los ciudadanos» y perjudica al sector.
De Antonio ha señalado que desde su compañía se espera que el decreto sea sometido a «consultas entre el sector» y se ha puesto a disposición de todos los grupos políticos para crear una «regulación estable» y «que busque el progreso» que permita crecer tanto a empresas VTC como al taxi.
«La incertidumbre no es buena para nadie», ha apuntado el consejero delegado de Cabify, quien se ha mostrado preocupado por cómo afectará a los empleados del sector.
«Es difícil proveer empleo estable y de calidad si no sabes si va a dejar de valer tu licencia», ha añadido.
De Antonio ha evitado pronunciarse sobre si, en el caso de que el decreto se valide tal y como se ha aprobado en el Consejo de Ministros, las compañías VTC pondrán un recurso como su patronal había anunciado que haría durante el verano cuando se negociaba con el Gobierno. «Unauto decidirá», ha dicho.
Además, ha destacado que no entiende por qué, si «los datos objetivos muestran que los modelos son compatibles», no es posible una solución al problema dada la previsión de crecimiento de la demande que, al menos desde Cabify, prevén en el sector.
«Todos los días entran a Madrid dos millones de vehículos particulares, sumando taxis y las VTC, que están bloqueadas, somos 21.000», ha afirmado el consejero delegado de Cabify, que ha resaltado las ventajas que tendría el uso de licencias VTC y taxis para descongestionar las ciudades.
De Antonio ha puesto de relieve que no entiende la limitación de las VTC, al tiempo que ha comentado que «el 1/30 no es un número mágico». En Madrid debería haber un espacio futuro para unos 100.000 o 200.000 vehículos con licencia de transporte, ha agregado.
Sobre la futura salida a Bolsa de la compañía, el fundador de la empresa tecnológica ha indicado que «aún es pronto para valorar el impacto», aunque ha puntualizado que «la incertidumbre no es buena para nadie»
Élite Taxi resalta que el decreto ley de VTC tiene «más aspectos positivos»
La agrupación de taxistas Federación Élite Taxi de España (FETE) ha resaltado que el decreto ley que aprobó el viernes el Gobierno «tiene más aspectos positivos que negativos» y, en especial, que los vehículos de alquiler con conductor dejarán de tener actividad en el transporte urbano.
El portavoz de FETE, Alberto Álvarez, ha indicado que los servicios jurídicos de la asociación han dado un «notable» a la norma para los intereses de los taxistas, y creen que para el sobresaliente ha faltado que se hubiera evitado la moratoria de 4 años en los que las VTC pueden seguir operando en trayectos urbanos.
La FETE valora «de forma positiva en términos globales» el decreto ley que entró en vigor ayer, domingo, y que el Congreso tendrá que convalidar en un plazo de 30 días.
Sobre todo es valorado porque «aclara de una vez la cuestión competencial» y habilita a las comunidades autónomas y los ayuntamientos para regular las autorizaciones de VTC.
Además, según es destacado, cuando acabe el período transitorio los VTC perderán también «la habitualidad 80/20», que les permite ahora ejercer en ciudades diferentes a las de su base el 20 % de su tiempo, con traslados, por ejemplo, para semanas festivas en otras localidades.
«Desde FETE agradecemos el enorme esfuerzo que se ha realizado por parte del Ministerio de Fomento para lograr encajar jurídicamente nuestras principales reivindicaciones», ha concluido el documento.
Álvarez ha explicado que van a defender que no puedan acogerse a la moratoria de 4 años quienes hubieran utilizado su licencia de VTC «con mala fe», o sea, quienes generaron «falsas expectativas en el sector del transporte discrecional de viajeros, haciendo creer a otros operadores que podrían competir con el taxi desreguladamente».
Además, ha indicado que consideran que las indemnizaciones (el plazo de 4 o 6 años) «deberán despacharse frente a la Administración del Estado, y en ningún caso frente a las comunidades autónomas o municipios afectados, por cuanto estos en absoluto han propiciado la descontrolada inflación de licencias de VTC».
Álvarez ha opinado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debería levantar la medida cautelar de suspensión del reglamento del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que imponía restricciones a las VTC, una vez que el decreto ley faculta a los entes locales en esa materia.
No obstante, ha indicado que la AMB quizá tenga que hacer un nuevo reglamento en ese mismo sentido, ahora que ya cuenta con un nuevo respaldo legal.
