Los taxistas de Madrid han convocado una huelga indefinida a partir de las 6:00 horas del próximo día 21, lunes, después de que una amplia mayoría de los profesionales del sector apoyara esta medida de protesta en una consulta convocada por las asociaciones con mayor representación entre los trabajadores.
Las asociaciones convocantes (Fedetaxi, que agrupa a la Gremial de Madrid, la Madrileña del Taxi y la Cooperativa Radio Taxi Independiente; la Federación Profesional, Élite Taxi y la Plataforma Caracol) han avisado este jueves que la huelga se prolongará mientras las administraciones no tomen medidas «contundentes» y «tranquilizadoras» para regular las licencias de los vehículos de alquiler con conductor (VTC).
En una rueda de prensa ofrecida esta mañana, las asociaciones han informado de que 8.492 taxistas (alrededor de la mitad de los que operan en Madrid) participaron en el referéndum organizado en los últimos dos días.
Entre ellos, 6.449 (el 75,9 %) votaron a favor de la huelga indefinida y otros 1.590 (el 18,7 %) se mostraron partidarios de convocar paros, pero de manera programada y concreta.
Apenas 493 taxistas (el 5 %) propusieron «no hacer nada» y esperar a que la Comunidad de Madrid ejerza sus competencias regulatorias en la materia para controlar la concesión de licencias a los VTC.
Cifras que, según el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, representan un respaldo «sin precedentes» y «demuestran la implicación del sector».
El presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, ha explicado que en los próximos días se valorarán los servicios mínimos a ofrecer durante las jornadas de huelga, y ha pedido «perdón a los ciudadanos madrileños por las molestias».
En principio, la huelga coincidirá con la feria de turismo Fitur, que se celebra en la Feria de Madrid (Ifema) entre los días 23 y 27 de enero.
Leal ha defendido que, para los taxistas, dejar de trabajar supone «un quiebro y un dolo importantes», pero que al sector no le queda «más remedio» que adoptar iniciativas de este calado porque está «en riesgo de supervivencia».
La denominada «guerra del taxi» que este colectivo puso en marcha frente a la proliferación de licencias de VTC, en plataformas como Cabify o Uber, se reaviva con esta huelga, que -según Leal- «es una decisión tomada por el taxista en unas urnas, y lo que tiene que entender el ciudadano es que al taxista no le gusta tampoco perder su tiempo y su dinero».
Este conflicto quedó interrumpido tras la aprobación de un real decreto ley para regular la actividad de los VTC, convalidado el pasado 25 de octubre por el Congreso, donde está a la espera de ser tramitado como proyecto de ley y sujeto, por tanto, a enmiendas.
En la primera manifestación del año, los taxistas exigieron a la Comunidad de Madrid que adoptara una posición ante las nuevas competencias regulatorias que le otorga el citado real decreto. En una última estimación, el sector del taxi indicó que hay más de 6.700 autorizaciones de VTC operando por las calles de Madrid.
Durante la huelga «sin duda habrá movimientos de protesta en la calle», ha avanzado Leal, a lo que el presidente de Élite Taxi, Sergio Vega, ha agregado que, aunque puedan surgir manifestaciones espontáneas «desde el propio cabreo del taxista», el sector es consciente de la necesidad de hacerlo de forma organizada y trasladar buena «imagen» a la opinión pública.
Sanz ha añadido que «el foco fundamental» de la protesta se dirige a la Comunidad de Madrid, que, dicen los taxistas, «se niega» a regular las VTC, pero incluye reclamaciones a las otras instituciones con competencias en transporte: el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Fomento.
Al Consistorio, en concreto, le piden que publique el borrador de «una futura ordenanza de movilidad» anunciado meses atrás, y también que cree, con coordinación con la Comunidad, un «cuerpo de inspección de transportes» para controlar «la auténtica barbarie» que los taxistas alegan sufrir en las calles de Madrid.
El Gobierno regional, por su parte, aboga por esperar a que se apruebe la ley en el Congreso para que una norma autonómica no entre en contradicciones con la estatal.
