Las imposiciones ideológicas siempre vienen acompañadas de un halo de impunidad. Cuanto más aberrante sea la imposición, mayor será la perversión que la acompañe, con todo tipo de turbios negocios de los que siempre se benefician económicamente los mismos. No nos engañemos, la maldad es un negocio muy lucrativo y hay auténticos amos de la oscuridad.
La imposición ideológica del aborto como un derecho liberador para la mujer moderna no es una excepción. Y es que todo lo que rodee el aborto parece estar bendecido por la progresía de manera que las empresas que se dedican al lucrativo negocio de la muerte crecen protegidas por los gobiernos.
En la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, los contratos con las clínicas privadas para practicar abortos han permitido rescatar a la Clinica Dator de la quiebra. Ayuso ha inyectado ocho millones de euros en las clínicas del horror y, escondiéndose bajo la figura del contrato menor, ha repartido el mercado entre los cuatro jinetes del apocalipsis prenatal: Dator, Isadora, El Bosque y Sergine. Eso sí, de forma que Dator recibe 2,3 millones y un millón de euros cada una de las otras tres. Quien manda, manda.
Pero si el reparto del mercado es grave y el rescate a la Dator provoca la náusea, el escaso control sobre las clínicas y sus prácticas pone la carne de gallina.
Escucho con espanto testimonios de médicos arrepentidos de haber sucumbido a la presión de las clínicas para practicar abortos quirúrgicos en vez de químicos, tan rentables para el negocio como peligrosos para la madre. Médicos que reconocen haber practicado abortos a mujeres que realmente no estaban embarazadas. Trabajadores que hablan de que se obliga a las mujeres a pagar en efectivo las intervenciones, nada de registros ni incómodos papeles, de abortos repetitivos practicados a la misma mujer tras los que puede esconderse desde el maltrato y el negocio de la prostitución a tramas de suplantación de identidad para que no conste quién se somete realmente a la maquinaria de la muerte. Nos dicen que necesitamos inmigración porque no nacen suficientes niños, y lo que hace Ayuso es pagarle el aborto a los inmigrantes ilegales.
¿Y quien vigila esto? Nadie. Aquí no hay lista de espera, no sea que proteste la médica y madre. Ojalá una lista de espera de nueve meses elegida por cada mujer que, protegida por todos nosotros, decidiera no abortar. 20.000 niños nacerían cada año y 80 pediatras podrían ser contratados para atenderles. Maldita eficiencia de la gestión popular.
Por eso VOX pedirá en la Asamblea de Madrid la fiscalización de los contratos que financian las clínicas abortistas, un primer paso para conocer la realidad del negocio más sórdido y abominable de cuantos se practican bajo el manto proyector del Gobierno de Ayuso. Veremos si los votos del Partido Popular están dispuestos a levantar estas mortales alfombras y permiten que penetre un hilo de luz en este oscuro mundo del asesinato prenatal.
Ana Cuartero Lorenzo es diputada del Grupo Parlamentario de VOX en la Asamblea de Madrid
