Bélgica ha decidido pagar 12,9 millones de euros para no recibir inmigrantes procedentes de España y de otros países en primera línea de presión migratoria, una opción prevista en el nuevo Pacto Migratorio que los ministros del Interior de la UE acordaron este lunes en Bruselas. Mientras la Comisión Europea proponía reubicar 30.000 inmigrantes durante 2026 —con un coste de 600 millones—, los gobiernos han rebajado la ambición a 21.000 reubicaciones y un fondo de 420 millones, confirmando que la solidaridad europea se está transformando en un mecanismo de pagos para evitar acoger más llegadas.
El sistema permitirá que los Estados con menor presión migratoria reduzcan drásticamente el número de inmigrantes que deban reubicar, siempre que aporten dinero al fondo común. Bélgica ha sido la primera en anunciar que prefiere pagar antes que recibir, según detalló su ministra de Asilo, Anneleen Van Bossuyt, que ha optado por transferir casi 13 millones de euros a los países que soportan la mayor carga migratoria: España, Italia, Grecia y Chipre.
Fuentes diplomáticas citadas por EFE reconocen que, tras la reunión, varios Estados han mostrado más disposición a aportar dinero que a acoger inmigración, una tendencia que confirma que el pacto no genera un reparto real, sino una fórmula contable que permite a países del norte esquivar la llegada de nuevas cuotas mientras descargan el peso sobre los Estados fronterizos.
La Comisión Europea ya había determinado en noviembre que España, Chipre, Grecia e Italia están bajo presión migratoria directa, y que otros Estados —como Austria, Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia o Polonia— acumulan presión por llegadas previas, motivo por el cual podrán solicitar descuentos en sus obligaciones financieras. Un coordinador europeo trabajará con los países afectados para distribuir el fondo en función de las necesidades de cada frontera.
El acuerdo deberá ser aprobado formalmente antes del 31 de diciembre, pero el mensaje ya es claro: Europa avanza hacia un sistema donde algunos países pagan para no recibir inmigrantes, mientras los Estados del sur —entre ellos España— continúan gestionando una presión que no deja de crecer. El modelo pretende presentarse como solidaridad, pero en la práctica está consolidando una Europa a dos velocidades: los que pagan para evitar el problema y los que lo sufren en primera línea.
