Nuevo golpe de Bruselas a los puertos españoles de Canarias, que afrontan el encarecimiento del transporte marítimo por las exigencias medioambientales comunitarias mientras Marruecos recibe financiación de instituciones europeas para ampliar su red de grandes infraestructuras portuarias. La situación ha provocado una reacción conjunta de las autoridades marítimas del archipiélago, que advierten del riesgo de perder actividad económica frente a los complejos marroquíes de Tánger, Nador y Dajla.
Uno de los principales motivos de preocupación es el crecimiento del puerto de Dajla Atlántico, que Marruecos construye en el Sáhara Occidental. El proyecto cuenta con una inversión prevista de aproximadamente 1.500 millones de dólares y, según las estimaciones difundidas, entrará en funcionamiento en 2029 con capacidad para gestionar 35 millones de toneladas de mercancías y un millón de contenedores anuales.
La infraestructura, situada a menos de 500 kilómetros de Gran Canaria, aspira a convertirse en un importante centro logístico del Atlántico. Su desarrollo podría atraer parte de los servicios de transbordo, suministro de combustible y mantenimiento naval que actualmente encuentran en las instalaciones canarias un punto estratégico para sus operaciones.
A esta competencia se suma la expansión de Tánger Med, que ya gestiona alrededor de 11,1 millones de contenedores anuales. Marruecos prepara una nueva terminal para incrementar progresivamente la capacidad del complejo hasta los 20 millones de contenedores. Por su parte, el puerto de Algeciras registra un movimiento cercano a los 4,73 millones.
El reino alauita también está reforzando su posición en el Mediterráneo mediante Nador West Med, construido a poco más de 30 kilómetros de Melilla. El proyecto ha movilizado inversiones multimillonarias y ha recibido financiación del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), que ha comprometido aproximadamente 310 millones de euros.
Este apoyo financiero contrasta con las dificultades que denuncian los responsables de los puertos españoles para competir bajo las exigencias regulatorias de Bruselas.
Según recoge Libertad Digital, las autoridades portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife han decidido coordinar sus reivindicaciones con el presidente canario, Fernando Clavijo, para exigir un tratamiento diferenciado que tenga en cuenta las particularidades geográficas y económicas del archipiélago.
La principal controversia gira en torno al régimen europeo de comercio de derechos de emisión (ETS), incorporado al transporte marítimo en 2024. Este mecanismo obliga a las compañías navieras a adquirir derechos por las emisiones contaminantes sujetas a la normativa comunitaria, con costes que, según las estimaciones recogidas, pueden alcanzar los 150.000 euros por buque en determinados supuestos.
La aplicación se está realizando de manera progresiva. En 2026, las navieras deben entregar derechos correspondientes al 70% de las emisiones verificadas de 2025, mientras que a partir de 2027 deberán cubrir el 100% de las emisiones correspondientes a 2026 y ejercicios posteriores.
Aunque existen exenciones específicas hasta 2030 para determinados trayectos marítimos entre Canarias y otros puertos españoles, los operadores advierten de que las rutas internacionales siguen expuestas a un incremento de los costes que puede favorecer a instalaciones situadas fuera del territorio comunitario.
Esta preocupación ha llevado a representantes de los puertos de las regiones ultraperiféricas a constituir una asociación conjunta después de dos años de negociaciones. La organización reúne a los sistemas portuarios de Canarias, Azores, Madeira y seis territorios franceses de ultramar con el propósito de defender sus intereses ante las instituciones europeas.
Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y Airam Díaz, subdirector del organismo portuario de Santa Cruz de Tenerife, han advertido de las consecuencias que puede tener la aplicación de normas diseñadas sin contemplar suficientemente la distancia de estos territorios respecto al continente europeo.
Además, existe inquietud por la propuesta presupuestaria comunitaria para el periodo 2028-2034, ante la posibilidad de que una reducción de determinados fondos limite las inversiones necesarias para modernizar las instalaciones, ampliar su capacidad y mejorar su competitividad.
El sistema portuario canario gestionó 41,8 millones de toneladas de mercancías en 2024, una actividad fundamental para el abastecimiento de las islas y su conexión comercial con otros continentes.
Las autoridades del archipiélago reclaman ahora que Bruselas tenga en cuenta estas circunstancias antes de profundizar en las obligaciones medioambientales y de definir el próximo marco presupuestario europeo. Su preocupación es que los costes adicionales y la expansión de los puertos marroquíes terminen desplazando inversiones y tráfico marítimo fuera de España.
