El objetivo de la Generalitat de Catalunya es llegar a tener 50 delegaciones en un embrión de Servicio Exterior. A día de hoy el Gobierno catalán tiene ‘embajadas’ en Bruselas, Washington, París, Londres y Berlín; por cuestiones económicas, la Comunidad estaba casi en quiebra, tuvo que cerrar la de Buenos Aires y paralizar la apertura de una en Méjico, pero gracias a la financiación estatal va a abrir de inmediato, ya ha nombrado delegados, sus legaciones en Viena y Roma y así hasta llegar al medio centenar en pocos años. La estrategia consiste en avanzar, sin solución de continuidad, en construir “estructuras de Estado” que, en el más que improbable caso de una independencia, faciliten su implementación inmediata y, en el más que probable fin del sueño secesionista, le permitan, al estar en funcionamiento, hacer irreversibles unas competencias ganadas por la vía de hecho. Recordemos que “las relaciones internacionales” son “competencia exclusiva”, por mandato Constitucional, de la Administración General del Estado.
Esta estrategia fue denunciada ayer por el Presidente de Sociedad Civil Catalana, José Ramón Bosch, cuando afirmó que “desde hace décadas se ha ido construyendo una realidad diferenciada y ajena al resto de España” amén del “desprecio del derecho del que hacen gala los nacionalistas”; todo ello y en palabas de Bosch gracias a “resignarse a que se vulneren las leyes en Catalunya, que se utilice el dinero público para fines ilegales y se apropien de las instituciones”.
No entiendo nada. Es un hecho que el Gobierno catalán lleva tiempo haciendo lo que le viene en gana, pero ¿quién debe vigilar que esto no se produzca? ¿Quién debe velar por el estado de derecho en todo el Estado? ¿Alguien me lo explica?
