«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Charlie no cumplirá un año

Con toda probabilidad, el pequeño Charlie Gard no cumplirá un año este próximo día 4 de agosto. La tarde del pasado lunes 24, sus padres renunciaron a mantenerle con vida de forma artificial ante la evidencia de su irreversible deterioro cerebral.

Esta renuncia, sin embargo, es cualquier cosa menos el reconocimiento de que el hospital tenía razón en su empeño de desconectar a Charlie. Antes al contrario, la dilación a la hora de tomar una decisión ha podido ser clave en el desenlace de la tragedia.
De hecho, los defensores de la vida de Charlie se han manifestado el pasado lunes ruidosamente contra el juez y contra el hospital al grito de “¡Vergüenza!”, al considerarlos culpables del deterioro cerebral que ha llevado a los padres a tomar esta determinación.
Puede que no les falte razón, ya que la secuencia de los hechos se remonta bastante atrás en el tiempo, hasta el 11 de abril, cuando el juez Nicholas Francis, de la Corte Suprema, decidió la desconexión de Charlie a fin de que recibiera una “muerte digna”. Los sucesivos recursos del matrimonio Gard recibieron un revés tras otro, que no hicieron más que contribuir a que el estado cerebral del bebé empeorase. El 8 de junio se pronunció en su contra el Tribunal Supremo del Reino Unido y el 27 de junio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Pero algunos hospitales vaticanos y estadounidenses manifestaron su disposición a intentar terapias novedosas con Charlie. Y el papa Francisco y Donald Trump mostraron su apoyo al pequeño. Entonces, lo que parecía desesperado pareció dejar de serlo, y los Gard recogieron 1.3 millones de libras para tratar a Charlie en Estados Unidos.
Sin embargo, la familia ha tenido que seguir litigando a fin de conseguir el permiso para sacar al bebé del Reino Unido y llevarlo a Estados Unidos. Desde aquel 11 de abril ya lejano todo han sido obstáculos, hasta el punto de que el padre ha señalado que los obstruccionismos legales han representado un inconveniente crucial para salvar la vida de su hijo.
Hace no muchas fechas, Michia Hirano, el especialista norteamericano dispuesto a apurar las últimas esperanzas, aseguraba que existían un 10% de posibilidades de obtener el éxito gracias a su tratamiento pionero; a fines de la semana pasada, el propio Hirano viajó a Londres y determinó que la situación se había deteriorado hasta el punto de que las probabilidades eran igual a cero.
Charlie ya no cumplirá un año. Los procedimientos legales, el gobierno y las leyes británicas y europeas, han sido decisivos para impedir siquiera que se probara suerte para salvar su vida.
Para Charlie ya es demasiado tarde, ha resumido un desolado padre.

El aborto en España

En el año 2010, cuando aún era políticamente rentable hacerlo, el entonces principal partido de la oposición presentó un recurso contra la ley del aborto aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El recurso de inconstitucionalidad -irreprochablemente construido, de acuerdo a los dictámenes de los más expertos juristas en la materia- fue interpuesto por 71 diputados del Partido Popular, algunos de los cuales ya no lo son, y por el gobierno de Navarra, que en 2010 tenía una naturaleza política muy distinta de la actual.
Siete años después, habiendo cambiado sustancialmente el panorama político, la interposición del recurso resulta enormemente incómoda para el gobierno del PP, pero este no puede retirarlo porque no se trató de una iniciativa del grupo parlamentario, sino de algunos de sus componentes a título particular.
De modo que, dado que el Tribunal Constitucional es un tribunal político, elegido por políticos y dependiente del poder político, dicho organismo ha determinado que el dictamen acerca de la ley que motivó el recurso no es prioritario. Su argumentación se basa en que hay recursos sobre los que pronunciarse que llevan más tiempo esperando.
Nadie ignora que se trata de una argumentación ad hoc, que lo único que persigue es dilatar la sentencia, que difícilmente puede ser favorable a la ley del PSOE por cuanto el tribunal se contradiría a sí mismo en su pronunciamiento de 1985, con el que aprobó la despenalización. Y tampoco que el PP no quiere enfrentar una situación de polémica en este tema producida por su recurso de 2010, volviendo contra el partido viejas acusaciones de casposidad derechista.
Así que el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado, en lo que constituye una de las mayores vergüenzas legales –con ser estas muchas- de la historia jurídica española. La argumentación del tribunal no tiene sostén en el sentido común por cuanto su retraso en el pronunciamiento afecta la vida de miles de seres humanos en un sentido muy estricto: afecta a su ser o no ser. Cientos de miles han sido aniquilados y pudiera ser que de modo ilegal.
Pero el Tribunal Constitucional insiste en que tiene temas más importantes sobre los que pronunciarse.

Contra los ciudadanos

La obediencia al poder es una constante de unas instituciones que debieran ser independientes pero que, hace ya mucho, han abandonado toda pretensión incluso de aparentarlo.
El poder de las instituciones es cada vez mayor, y opera al margen de los ciudadanos que, con razón, se perciben cada vez más excluidos de la toma de decisiones. En el caso del matrimonio Gard, ha impedido eficazmente que los padres puedan decidir sobre la vida de su propio hijo: a través del complejo mecanismo legal, han arrebatado a los padres la posibilidad de salvar su vida.
Lo que presenta una correlación con la política general de la Unión Europea. Cada vez es menor el ámbito en el que los ciudadanos tienen algún poder de decisión; instituciones transnacionales que nadie ha elegido deciden las grandes políticas que luego se pide a los europeos que ratifiquen. Y cuando estos no lo hacen, se soslaya la voluntad de los ciudadanos, como ha sucedido tras el rechazo en referéndum de la Constitución europea en Francia y Holanda.
Las instituciones obedecen a poderosos lobbys que, en todas partes, se imponen incluso a los derechos individuales. Es el caso de los Gard y es el caso de las leyes que impiden a los homosexuales acceder a terapias para cambiar su orientación sexual de forma voluntaria, una muestra muy clara de la servidumbre de las instituciones que se pretenden representativas y que solo son obedientes y sumisas a determinados poderes transnacionales.

Contra la conciencia individual

El aplastamiento de la persona a manos de las instituciones abarca un cada vez mayor número de campos, pero presenta una característica común a todas las situaciones: la violación de los derechos individuales, incluido el de conciencia y libertad religiosa, cada vez con menor rebozo.
En el Reino Unido, la condición cristiana es razón suficiente para ser excluido de la adopción de niños desde 2012, según sentencia de la Corte Suprema de Londres, si el cristiano considera que el “estilo de vida homosexual” no es apropiado a la hora de educarlos. Virtuosamente, dicha sentencia proclama que no vulnera ningún derecho, pese a que el de manifestar las creencias religiosas está recogido explícitamente en la Declaración Europea de Derechos Humanos, ya que aquí se produce una “colisión de derechos”: la misma línea argumental que se utilizó en España para legalizar de facto el aborto.
En distintas partes de Europa y de Estados Unidos, se obliga a colaborar con los propósitos del lobby homosexualista impidiendo la objeción de conciencia a quienes consideran que este violenta sus convicciones. Así, hay numerosos países de Europa en los que no se admite la objeción por parte de las autoridades a la hora de celebrar enlaces homosexuales, como Holanda o España. Pero no solo: un pastelero no puede negarse a confeccionar una tarta con motivos homosexuales o un florista a enviar un ramo de rosas del mismo tenor.
Todos estos evidentes recortes de la libertad personal vienen avalados por las cortes supremas de sus respectivos países, para satisfacer una vez más las pretensiones de poderosos grupos de poder en detrimento de la conciencia individual.
Hoy le ha sucedido al pequeño Charlie, a quien ni siquiera se le ha dado la oportunidad de participar en una ruleta rusa que apenas le concedía más de un 10% de posibilidades de vivir. Como muestra su caso, en esta Europa a la que cedemos nuestra libertad personal de forma creciente, nuestra capacidad de decidir es cada vez menor.
 
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