Son momentos difíciles para la política en España. El PP va de titular en titular por cuestiones de corrupción: Rato, exvicepresidente del Gobierno de Aznar, Acebes, exsecterario general del PP, Molina, exalcalde de Toledo son hoy mismo portada. El PSOE le va a la zaga, la juez Alaya en Sevilla sigue poniendo en la picota a los poderosos socialistas de la Junta de Andalucía. La familia Pujol vuelve a ser noticia estas últimas horas, dejando en entredicho más de treinta años de gobierno de su patriarca en Cataluña. ¿Qué noticia escandalosa saldrá mañana? Da casi igual; llueve sobre mojado y, al menos para el ciudadano de a pie, está claro que la política en España está más que manchada. Ayer Esperanza Aguirre, sacando tiempo a sus cuitas de tráfico con los juzgados y la guardia urbana de Madrid, pidió perdón, nunca está de más, por las tropelías de los políticos y avanzó que, en el PP de Madrid y con vistas a prevenir y dificultar más tropelías, obligará e impondrá como condición para formar parte de cualquier lista electoral del PP una «declaración detallada de sus bienes, de sus intereses, de su cualificación profesional y de sus ingresos salariales antes de entrar en política». Bienvenida sea la intención y la declaración aunque sirva de muy poco o casi nada. Hecha la ley hecha la trampa. La única solución es que los políticos honrados, que los hay, expulsen de la vida política a los que ellos saben que no lo son; y para que puedan hacer esto hace falta una auténtica democracia en los distintos partidos, de manera que cada uno tenga la fuerza de los votos y no la necesidad del dedo del patriarca, para poder exigir a los demás la honradez y el buen hacer que tanta falta hace.
No entiendo nada. Si estar en un cargo político solo depende del designo del patriarca, ¿Quién podrá levantar la voz para que se cumplan los compromisos electorales y en su caso se limpie de inmediato la propia casa? ¿Alguien me lo explica?
