El Código de Deontología Médica establece que el profesional sanitario “nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste”.
El PSOE quiere aprobar en el pleno del Congreso de la semana que viene la regulación de la eutanasia y que ésta se incluya en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y sea de financiación pública.
Según ha explicado la portavoz socialista, Adriana Lastra, se trata de la proposición de ley que su grupo registró el pasado mayo, cuando estaba en la oposición, y que va más allá de sacar la eutanasia del Código Penal, ya que «da respuesta al ejercicio de ese derecho y cubre legalmente todo el proceso, desde que la persona toma la decisión».
Lastra se ha mostrado convencida, en rueda de prensa en el Congreso, de que el «elevado consenso social» que existe en torno a este asunto -el 70 % de los españoles están de acuerdo en regular la eutanasia, según el CIS- generará un consenso similar en la cámara.
Así es la propuesta socialista
El proyecto socialista incorpora algunos conceptos que antes aparecían más difusos, y ya no se limita a contemplar la eutanasia desde la perspectiva del dolor terminal del anciano que sufre; lo que ahora se propone es que pueda aplicarse a aquellas personas “que deciden no vivir más” en casos de grave discapacidad y cuyo sufrimiento sea “insoportable”.
Los socialistas no ignoran que el estadio actual de los cuidados paliativos hace innecesaria una ley de este tipo. No es ese el fin que persigue. La experiencia de otras leyes en España, así como de las leyes de eutanasia de otros países, nos induce a percibir que la consideración acerca del sufrimiento no es más que la salvaguarda de una iniciativa que busca su aprobación: lo esencial es que se consagra ese derecho a “decidir no vivir más”, de momento expresado de manera restrictiva, restricción que no tardará en saltar por los aires.
La ley que pretende aprobar el PSOE supone dar «un paso más» a la que presentó Cs sobre cuidados paliativos y muerte digna. La propuesta socialista regula y despenaliza la eutanasia en determinados supuestos y descarta que ésta pueda realizarse bajo «presión externa de cualquier índole».
Según el texto, derecho a la eutanasia tienen las personas que requieren cuidados paliativos por una enfermedad grave e incurable, y también aquellas «que deciden no vivir más» en casos de discapacidad grave crónica y que padezcan un «sufrimiento insoportable».
Los solicitantes deben tener nacionalidad española o residencia legal en España y disponer de la información que exista sobre su proceso, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos.
Deberá haber formulado la solicitud de manera voluntaria por escrito y firmarla en presencia de un profesional sanitario que lo rubricará, tras lo que se abre un plazo de quince días.
Posteriormente habrá un periodo de diecisiete días para que la petición sea analizada por otro médico y finalmente se pondrá en conocimiento de la Comisión de Evaluación y Control, un proceso que no puede durar menos de 32 días, mientras que la solicitud podrá ser revocada en cualquier momento.
Esto es lo que dicen los expertos
El Código de Deontología Médica establece que el profesional sanitario “nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste”. Así de sencillo explicaba el pasado mes de mayo la Asamblea de los Colegios Médicos su postura ante la propuesta de regular la eutanasia y el suicidio asistido.
El Consejo se reafirma como profesión médica en su compromiso de servicio al ser humano y a la sociedad así como en el respeto a la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de su salud.
Lo que realmente es “prioritario y urgente”, a juicio de los médicos, es una legislación que garantice el “acceso universal y equitativo” a los cuidados paliativos de calidad en el Sistema Nacional de Salud. La misma reivindicación que hacía, días antes, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que exigió que, antes de debatir sobre la eutanasia, los políticos garanticen el derecho a unos cuidados paliativos adecuados.
La normativa, añaden los médicos, debe garantizar “el derecho a la sedación paliativa en la agonía, de forma científica y éticamente correcta sólo cuando existan síntomas refractarios a los recursos terapéuticos disponibles y se disponga del consentimiento del paciente implícito, explícito o delegado”. En estas circunstancias -advierten- no cabe la objeción de conciencia.
El Consejo señala que, según el Código Deontológico, “el médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible. Cuando ya no lo sea, permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir su bienestar, aun cuando de ello pueda derivarse un acortamiento de la vida”.
Recoge, además, que el médico “no deberá emprender o continuar acciones diagnósticas o terapéuticas sin esperanza de beneficios para el enfermo, inútiles u obstinadas. Ha de tener en cuenta la voluntad explícita del paciente a rechazar dicho tratamiento para prolongar su vida”.