(Publicado en este mismo blog en la anterior plataforma de Intereconomía en 07/06/2012)
La crisis en Europa, lejos de solucionarse, se ha ido agravando cada vez más conforme el tiempo ha ido pasando.
Aunque dentro de la evolución podemos distinguir dos etapas; la primera (2007 – 2010) en la que se inició la misma y se respondió de manera contundente con paquetes de estímulo compuestos principalmente por el incremento del gasto público, y la segunda (2011 – Actualmente) en la que se han terminado los efectos cortoplacistas de los mismos y llegamos a idéntica situación pero más endeudados, la tendencia general ha sido la de profundización en la depresión.
A la expansión crediticia y auge económico que se vino gestando a finales de la década de los noventa del siglo pasado y desarrollando hasta poco más de la mitad de los primeros años de este nuevo siglo XXI, como consecuencia de la bajada de tipos de interés y unos requisitos de coeficiente de caja benevolentes, le han seguido fuertes desequilibrios en la estructura del tejido productivo español. En efecto, el país se especializó en el sector de la construcción generando burbujas en los precios y una gran masa de mano de obra poco cualificada cuyo destino actualmente es el de engrosar las largas filas del paro.
Una vez explotada la burbuja y descubiertos los errores en las inversiones que durante la última década se han ido cometiendo, otro sector que también ha resultado dañado es el financiero. De la noche a la mañana el valor de los activos que tenían como colateral las entidades crediticias se han visto degradados hasta en un 35%; y si a ello le sumamos el aumento de la tasa de morosidad, en estos momentos situada en niveles del 9%, tenemos como resultado un grave perjuicio en su estructura del pasivo.
Además, al problema de la economía real y de la economía financiera, los Gobiernos europeos reaccionaron mal y tarde; patrón, que continúa vigente dada la falta de rumbo y la colección de opiniones dispares de los líderes que controlan el continente en Bruselas.
Las medidas que en general se tomaron fueron las de incrementar el gasto estatal, dedicando estos nuevos recursos tanto a financiar la obra pública, como a inyectar capital a la banca; en España, mediante el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB).
No obstante, lejos de cumplirse los objetivos, llegamos a 2012 con una economía real que no ha levantado el vuelo, una economía financiera que se ha ido viendo más perjudicada, y una economía pública que se ha hecho insostenible, acumulando unos niveles de deuda y de gasto históricos.
Urge, por lo tanto, plantear un camino que reinstaure la viabilidad de estos tres pilares (estatal, privado y financiero); y este rumbo, debe ser totalmente diferente al que plantea Europa.
Debemos considerar absolutamente erradas las recomendaciones de Bruselas en las que se exigen más subidas de impuestos, más préstamos a las entidades financieras, más restricciones en la política monetaria del banco central, y más pérdida de soberanía política aparejada de centralismo en la toma de decisiones, pues sus resultados, desembocarán en un menor consumo, en una mayor presencia del sector público, y en un mayor endeudamiento generalizado.
Si siguiéramos lo que dicta el eurogrupo, por un lado, la depresión no se solucionaría, y por el otro, avanzaríamos hacia una Unión Europea tiránica que se distanciaría del ideal de libertad, diversidad, democracia y humanismo cristiano que en un inicio la constituyeron.
Por lo tanto, España debería seguir los siguientes siete pasos para salir definitivamente del agujero en el que se encuentra y abrir un nuevo capítulo en el que la prosperidad deje de ser un sueño para convertirse en una realidad:
1. Volver a la peseta.
Los que arguyen en contra de la moneda nacional emplean tres argumentos principalmente. El primero, el de la degradación de la divisa entorno a un 30%, el segundo, una supuesta fuga de capitales, y el tercero, la complicación de pagar las deudas nominadas en euros con una moneda devaluada.
Respecto a la primera alegación, contestaremos que esto no tiene porqué pasar. El valor de una moneda lo dicta la oferta y la demanda, y ambas se encuentran reguladas tanto por las decisiones privadas como por los dictámenes del banco central.
Bajo las hipótesis que plantean los detractores de la peseta, es decir, un corralito alimentado por el pánico a la incertidumbre, efectivamente, los pronósticos de éstos se cumplirían. Sin embargo, esta idea quedaría descartada con las medidas que vamos a ir proponiendo a lo largo de todo el plan, pues con su aplicación, no sólo España no crearía más dudas, sino que se podría convertir perfectamente en un refugio seguro para los capitales europeos.
En referencia a la segunda crítica, debemos decir que no es necesaria la vuelta a la peseta para que este hecho ocurra, pues de facto, ya está pasando. Tan sólo en marzo, la salida neta de capital de España fue de 97.090 millones de euros, y esta cifra, se ha ido incrementando durante los sucesivos meses.
Son las discrepancias y las discusiones constantes en Europa, junto con el acoso de la prensa internacional y la inactividad del actual Gobierno, los factores que están afectando gravemente a la credibilidad de España. Por ello, continuar en un barco tan inestable, sin un rumbo fijo y con ciertas palancas de actuación restringidas por la pérdida de soberanía, se torna del todo desaconsejable.
Y por último, el tercer pretexto que emplean para afirmarse en contra de la moneda nacional, sirve de fortaleza precisamente para los que apoyamos a la peseta. En efecto, si volviéramos a la antigua divisa, no sólo no tendríamos el problema de la deuda nominada en euros, sino que con un movimiento habríamos pagado toda la deuda pública y saneado el déficit del Estado.
Según los últimos datos presentados por el Banco de España, la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas asciende a un total de 774.549 millones de euros, que constituyen el 72,1% del PIB; de los cuáles, según el Tesoro Público, 599.216 corresponden al Estado central en títulos nominados en euros. Además, según los mismos datos registrados por nuestro banco central en su último boletín estadístico, la cantidad de efectivo y depósitos en pertenencia de todos los agentes económicos españoles suma la cantidad de 2.441.169 millones de euros. Por lo tanto, si volviéramos a la peseta, con el canje entre los euros de los particulares y las nuevas monedas emitidas como pesetas, el Estado podría emplear esos euros recibidos para saldar la totalidad de su deuda. Y si además, la conversión de peseta-euro se hace en paridad a una escala de 1-1, la devaluación que preconizan como mantra los detractores de la moneda nacional sería inexistente.
Con este movimiento, el Estado español saldaría definitivamente su déficit y su deuda, y en sus presupuestos generales habría ahorrado, sin necesidad de recortar ni de recaudar, un 10,48%, que es lo que le corresponde a los 28.848 millones de euros que según el Ministerio de Economía Hacienda están destinados para pagar capital e intereses de la deuda en 2012.
En definitiva, volviendo a la peseta bajo las prescripciones que proponemos, se solucionaría el problema del endeudamiento del sector público, recuperaríamos la política monetaria, y no degradaríamos en absoluto nuestra divisa.
2. Recortes adicionales.
El sector público español presenta problemas estructurales, además de los cíclicos ya tratados. Por lo tanto, es imprescindible formular también algunos recortes que redimensionen la estructura estatal y sirvan para terminar con ciertos privilegios políticos que no deberían estar sufragados por los impuestos que pagan los contribuyentes.
Ponemos algunos ejemplos, aunque no descartamos la adición de algunas partidas más.
– 55 millones de euros eliminando el Senado.
– 16 millones de euros reduciendo las subvenciones a la ONU mujeres y pagando la misma cantidad que abona Francia.
– Más de 5.000 millones de euros acabando con las subvenciones a sindicatos y patronal y obligándolas a que se financien con las cuotas de sus afiliados.
– 30 millones de euros dejando de pagar el teléfono móvil a los diputados.
– 136 millones de euros dejando de financiar a las fundaciones de los partidos políticos como FAES o IDEAS.
– 1.500 millones de euros reduciendo el número de empresas públicas.
– 500 millones de euros eliminando las embajadas autonómicas.
– 500 millones de euros recuperando la publicidad de RTVE.
– 1.000 millones de euros vendiendo algunos edificios públicos.
En total, se ahorrarían 8.737 millones de euros sin tocar los capítulos de sanidad ni educación.
3. Bajadas de impuestos.
Las últimas subidas de impuestos que ha ordenado el Ejecutivo del PP han colocado a España en la cabeza de los países de Europa que más obligaciones tributarias tienen. Con estas medidas fiscales, y con el fin de consolidar sus cuentas, ha previsto recaudar entorno a 8.500 millones de euros adicionales para 2012 (2.300 millones por el IVA y 5.200 millones por el IRPF y el IBI). Sin embargo, con los recortes propuestos en el punto dos, no habría hecho falta gravar aún más al sufrido contribuyente.
No obstante, dada la necesidad de que el consumo vuelva a situarse en niveles óptimos y deje de caer, como hasta ahora ha hecho de manera sostenida desde 2010, consideramos insuficiente dejar el apartado tributario tal y como estaba hasta antes de que el Gobierno de Mariano Rajoy entrara en la Moncloa. Por lo tanto, nuestra proposición en este ámbito es, por un lado, la de volver a poner el IVA en el 18%, y por el otro, la de rebajar el IRPF, constituyéndolo como un impuesto plano escalonado que funcionaría a la manera que explicó Fuentes Quintana en su manual de Hacienda Pública.
En efecto, esta forma de tributación consiste en establecer un tipo de gravamen fijo que se le aplica a una renta bruta aminorada por una cantidad mínima de subsistencia. De esta manera, se afianza un tipo impositivo marginal fijo, al contrario que sucede con el variable progresivo aplicado en la actualidad, mientras que se permite un tipo medio flexible, adecuado a las circunstancias particulares de flujo de efectivo de cada sujeto.
Incluso, con esta manera de proceder a gravar la renta, cabría la posibilidad de permitir a la resta, la aplicación de este mínimo de subsistencia para un salario bruto que no superara esta cantidad, y entonces, saliera en el haber una pequeña ayuda para el trabajador que gana por debajo del mínimo. Si se obrara de tal forma, no haría falta imponer un salario mínimo interprofesional, permitiendo más flexibilidad al mercado laboral, sin que por ello se deje a ciertos empleados bajo el umbral de la pobreza.
Consideramos este capítulo de la tributación de vital importancia, porque cuanta más renta acumulada, en términos generales, la propensión marginal a consumir disminuye y se incrementa la del ahorro canalizado hacia la inversión.
El país no necesita exclusivamente consumir, como indican las tesis keynesianas, pues previo a ese consumo debe existir un ahorro invertido que ofrezca bienes y servicios. Por lo tanto, para que España se capitalice, hay que evitar la transformación de la inversión en consumo, que hace el Estado mediante un impuesto progresivo, y dejar que ésta se desarrolle y fructifique en buenos proyectos empresariales.
Todo dinero que recauda el Fisco es dinero que deja de estar disponible para los particulares, y todo dinero que recauda a las rentas que ya tienen cubiertas sus necesidades mínimas de consumo, es dinero que dejan de invertir las mismas, por tendencia, para hacer crecer la economía y el empleo.
Con la bajada de impuestos general y la formulación propuesta para gravar la renta del trabajo, se impulsaría la inversión, el crecimiento económico y el ajuste del mercado, sin que ello sirva de pretexto para que ciertos trabajadores por cuenta ajena padezcan condiciones de vida material infrahumanas.
4. Facilidad para crear y mantener empresas.
Si el Estado se quiere nutrir de ingresos públicos debe garantizar a la economía privada, compuesta de empresas y hogares, un marco de desarrollo estable, sencillo y con amplios márgenes de libertad.
Nosotros no sólo proponemos impuestos bajos, para que estos agentes tengan más flujo de efectivo disponible para consumir e invertir, sino que también consideramos que hay que dar más facilidades administrativas de cara a la declaración de impuestos o la creación de empresas.
Respecto al marco tributario, éste debe ser más sencillo para no dedicar tanto esfuerzo productivo al simple hecho de contribuir a la financiación de las arcas públicas. Recientemente, la Comisión Europea recomendó a Italia la revisión de su Código Tributario, y nosotros debemos señalar que en España también queda pendiente esta tarea.
En cuanto a la creación de empresas, según el informe “Doing Busisness” del Banco Mundial, España se sitúa en el puesto 49, a la altura de Botswana y Armenia, en complicación para instituir un negocio. Debemos considerar, por lo tanto, altamente necesario que esta situación cambie, haciendo un adelgazamiento riguroso de los trámites administrativos necesarios para la constitución de una actividad mercantil.
5. Saneamiento del sistema financiero.
Sin entrar a discutir sobre la gestión que ha desempeñado Miguel Ángel Fernández Ordoñez al frente del Banco de España en su función de supervisión del sistema financiero, sí es cierto que el agravamiento de la crisis ha causado el empeoramiento de los balances de nuestras entidades crediticias.
Según ha ido avanzando la gran depresión, el aumento de la tasa de morosidad y la desvalorización de los activos que tenían las entidades como colaterales de sus créditos, han venido castigando tanto al activo como al pasivo de sus cuentas.
Las medidas aplicadas en los Reales Decretos Legislativos, propugnados tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular, han consistido principalmente en la ampliación de los requisitos de dotación de provisiones por posibles deterioros y en la creación de mecanismos de capitalización de las entidades.
No obstante, si previamente la crisis de la economía real no se va atajando, los deterioros por pérdidas de valor y las exigencias de provisiones son una pescadilla que se muerde la cola en una espiral cada vez más problemática.
Por otra parte, las autoridades competentes, con el fin de no causar revuelo ante la opinión pública, se han negado a participar las entidades como accionistas de las mismas, y han intentado apagar el problema con rescates que consistían en préstamos. Sin embargo, como bien ha señalado Adam Posen, miembro del comité de política monetaria del Banco de Inglaterra, los bancos, cuyo problema es el apalancamiento, no necesitan endeudarse más, sino justo todo lo contrario. En efecto, la crisis de la deuda de ninguna manera se puede arreglar con más deuda.
Posen ha propuesto atajar el problema del sistema financiero por el lado del activo en vez de por el lado del pasivo, es decir, liberando a la banca de los activos con más riesgo, en lugar de incrementar su masa patrimonial de deuda a corto o largo plazo.
Nosotros proponemos esta misma línea de actuación, pero además, creemos conveniente aprovechar el movimiento para volver al coeficiente de caja o encaje bancario del 100%. De esta manera, nuestro Banco de España, ya con pesetas, compraría a las entidades financieras todos sus activos hasta llegar al valor idéntico y no superior de los depósitos bancarios que figuran en sus balances. Una vez ejecutado el canje, se les obligaría a las entidades a preservar esos depósitos y se podría dejar quebrar a las que, tras la depuración, todavía presentaran un plan de negocio inviable.
Con esta última medida no sólo se solucionaría el problema bancario sin afectar a los contribuyentes públicos y a los acreedores privados, sino que también, España se aseguraría de tener el sistema financiero más estable y sólido del mundo, por lo que, una vez más, la fuga de capitales y la degradación de la moneda serían una fantasía de los detractores de la peseta.
6. Reestructuración del tejido productivo.
Un último problema que amenaza al correcto desarrollo de la economía española es el de su tejido productivo.
Durante muchos años seguidos, acogiendo incluso a una generación entera, los esfuerzos empresariales se han dedicado en exceso al sector servicios y a la construcción. Esto ha dejado a la economía española con preocupantes desequilibrios en su estructura y con ciertas vulnerabilidades fructificadas de la escasa diversificación de tareas y de riesgos.
Urge, en consecuencia, reorientar los actuales recursos inactivos con el objetivo claro de reanimar en la medida de lo posible la industria y la agricultura, a la par que continuar con la senda de intensificación de las exportaciones, que paulatinamente han ido disminuyendo el déficit exterior de España, colocando su balanza por cuenta corriente en la actualidad, en un saldo deudor de tan sólo el 3%.
Para tal labor, de ninguna manera es aconsejable emplear la vía de la subvención, pues su aplicación estimula el riesgo inducido, distorsiona el sistema de precios que sirve para coordinar a los agentes económicos y es óbice de no crear un Gobierno fuerte, no clientelar. Por lo tanto, la cuestión debe atajarse con facilidades fiscales y administrativas junto con un plan de ayudas para la internacionalización de las empresas españolas que cuente con el apoyo financiero de los euros salvaguardados en las reservas del Banco de España tras efectuar el canje propuesto en el punto uno.
Con esta manera de obrar, el gasto público no se incrementaría y las empresas privadas que se encuentran con fuerza para expandir su actividad fuera de las fronteras nacionales, contaría con un auxilio financiero más barato que el que exige mercado en estos tiempos tan revueltos, permitiéndolas, con un flujo de liquidez orientado hacia la inversión, aprovecharse de las circunstancias coyunturales de la crisis para crecer.
7. Soluciones exigentes para tiempos exigentes.
En definitiva, el plan que proponemos atajaría de manera rápida y contundente los tres focos de problemas que están elevando la gravedad de la crisis en España.
Si se aplicara, se solucionarían en un lapso corto de tiempo los lastres que arrastran tanto el sector público como el sector financiero, volviendo a hacer solventes tanto a la Hacienda Pública (Punto uno y dos) como a las entidades crediticias (Punto cinco). Además, se habrían puesto también las bases y eliminado las trabas para reestructurar el sector privado, que engloba tanto a familias como a empresas, encauzándolo definitivamente hacia el crecimiento sostenible (Puntos tres, cuatro y seis).
