El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, afronta un nuevo escándalo de corrupción a poco más de una semana de terminar su mandato, el próximo 7 de agosto, por un caso revelado por la revista Semana y que se activó luego una indagación de la Fiscalía. La denuncia apunta a un supuesto esquema de tráfico de influencias para lograr contratos públicos a cambio de pagos de empresarios.
De acuerdo con las acusaciones, las hermanas Juliana y Verónica Guerrero ofrecían gestionar reuniones y contratos en distintas entidades del Estado mediante el cobro de un millón de pesos por un primer encuentro, un anticipo de 200 millones (cerca de 6.000 euros) y una comisión del 10% sobre el valor de los contratos adjudicados.
El señalamiento cobró mayor fuerza después de que Angie Rodríguez, funcionaria cercana a Petro y directora del Fondo Adaptación, asegurara que había advertido personalmente al mandatario sobre el poder e influencia de Juliana Guerrero.
Petro se desmarcó de las acusaciones y pidió que la Fiscalía aclare los hechos, al sostener en su cuenta de X que, si hubo empresarios que entregaron dinero a cambio de supuestas gestiones, «dieron dineros como pendejos». Según su versión, de confirmarse las denuncias, se trataría de una estafa cometida por particulares y no de una actuación de su Gobierno.
El escándalo se suma a los últimos frentes políticos y judiciales que enfrenta Petro antes de entregar la Presidencia al mandatario electo, Abelardo de la Espriella, y ha provocado nuevas tensiones dentro del petrismo.
