Ningún ser humano es ilegal

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El pasado 20 de octubre, tras el amotinamiento de un grupo de inmigrantes ilegales internos en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche sito en los terrenos que ocupara la legendaria cárcel que inmortalizara Eloy de la Iglesia (1944-2006) en aquellas películas que dieron cuerpo a un género conocido como cine quinqui, sirvió como ocasión propicia para que los representantes de Podemos desempolvaran un lema que hizo fortuna hace dos décadas: «Ningún ser humano es ilegal».

            La frase comenzó a circular a mediados de los años 90, cuando España era un destino anhelado por muchas personas que llegaban a nuestras costas o eran salvados en alta mar, tras jugarse la vida en pos de un futuro mejor que el que dejaban tras sus mojadas espaldas. En pleno auge de las ONG, las imágenes de hombres exhaustos acudían puntuales a los informativos y a unas telepantallas que apelaban a la caridad cristiana canalizada por la Iglesia o a la agnóstica solidaridad, liderada en gran medida por Amnistía Internacional, organización fundada clandestinamente en Gran Bretaña en 1961 que contó con una sección española visible en 1977.

            Con el episodio carabanchelero como telón de fondo, Pablo Manuel Iglesias Turrión, que llevaba días pidiendo el regreso del activismo callejero, organizó una protesta en el Congreso de los Diputados que terminó con una teatral entrega de panfletos marcados con las letras D H. La operación mediática se cerró con un tuit del político madrileño que decía lo siguiente:  

            Les hemos dejado a los ausentes miembros del Gobierno la Declaración DDHH. A ver si así no olvidan que ningún ser humano es ilegal #CIEsNo

            Las actividades podemitas no terminan ahí, sino que tendrán continuidad en las calles, toda vez que el grupo morado ha arropado –se sopesa la incorporación de algunos podemitas a la misma- una convocatoria de la Coordinadora 25-S, plataforma que se hizo visible en 2012, titulada de un modo elocuente: «Rodea la investidura». Conocedores de los réditos obtenidos tras aquel asedio al Congreso, secuela del llevado a cabo, en los tiempos del 11M, en la sede del PP, iniciativa tras la cual, según se han jactado algunos de sus más narcisistas ideólogos, estarían los hoy encuadrados en Podemos, la formación morada tratará de hacer lo propio en la predecible investidura de Mariano Rajoy, para cuyo éxito, mientras «la gente» protesta en la calle, es indispensable el colaboracionismo del PSOE que dejó caer al negacionista Pedro Sánchez. Presentados de este modo los hechos, y más allá de la estrategia alborotadora y cortoplacista señalada, nos interesa en este artículo regresar sobre el manido asunto de los seres humanos ilegales.

            Y nos interesa especialmente, porque el hecho de que Podemos invoque los Derechos Humanos compromete seriamente algunas de las habituales etiquetas con las que se les suele calificar, especialmente con aquella que pretende hacer pasar al grupo de Iglesias como una formación comunista. Como el lector sabe, la Declaración de los Derechos Humanos fue aprobada por la Asamblea general de las Naciones Unidas el 10 de noviembre de 1948 en un contexto fuertemente marcado por poderosas imágenes de carácter bélico que incluían la devastación atómica y los campos de exterminio nazis. La Declaración, condicionada por tales circunstancias, venía, de algún modo, a actualizar la revolucionaria Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea francesa y condenada por el papa Pío VI, que percibió en ella una suerte de invasión de competencias, pues hasta la fecha los derechos de gentes apelaban a Dios en lugar de a ese ciudadano salido de la primera generación de izquierda política.

            La Declaración de 1948 no fue firmada por la Unión Soviética y los países del Telón de Acero. Tampoco por la India, China, y los países musulmanes, que andando el tiempo aprobarían otros derechos limitados, naturalmente, por la sharía. Al fin y al cabo, la URSS estalinista que daba forma al comunismo realmente existente en la época, no olvidaba que Marx ya había visto como burgués el precedente galo… Sea como fuere, los eticistas Derechos Humanos quedaban establecidos para un hombre sin atributos, muchos de los cuales, entre ellos la nacionalidad, los recibe de sociedades políticas concretas que imposibilitan la existencia de esa Humanidad de la que emanarían tales derechos, sólo garantizables tras la cristalización de una suerte de Estado global que resultaría del borrado de las fronteras que traspasan los hombres que huyen de conflictos bélicos o de la miseria.

            Tan inalcanzables requisitos, pues la Humanidad apelada no es más que una idea aureolar, ya manejada, por ejemplo, en los círculos krausistas decimonónicos tan implantados en la España de la época, chocan frontalmente con una de las aspiraciones irrenunciables de Podemos: el reconocimiento del llamado «derecho a decidir» de diferentes regiones españolas, es decir, el derecho a la independencia de unos territorios que serían hurtados a la Nación española por una parte de la misma. Por decirlo de otro modo, el fideísmo hispanófobo de Podemos va en la dirección contraria de una realidad, acaso inalcanzable, a la que únicamente se llegaría desdibujando fronteras…

            Por último, otra de las principales contradicciones que marcan a los morados es aquella que surge no ya en relación con los Estados, sino la que nos remite a la composición de las sociedades políticas. Refractarios al uso de la expresión «clase social», los miembros de Podemos prefieren emplear otras: «la gente» o «los de abajo», denominaciones que pueden simplificarse como «aquellos que nos apoyan o votan». Es dentro de los estrechos márgenes de tales contradicciones, imperceptibles para tan miopes políticos, en el que se mueve tal formación, aupada por mercenarios medios de comunicación que reparten su pasto ideológico sobre una serie de oleadas de españoles adoctrinados en el irenismo panfilista que marcó los gobiernos de aquel José Luis Rodríguez Zapatero, a quien Iglesias Turrión calificó como «un referente progresista mundial» en su tesis doctoral, entregada a la Humanidad en 2008.