El 15 de junio de 1940 la Unión Soviética invadió Letonia. Tras una primera incursión de 20.000 soldados, la ocupación del territorio fue hecha efectiva por casi cien mil efectivos entre los que se encontraban cerca de 10.000 agentes de la NKVD. La ocupación soviética de Letonia fue dirigida por Andrei Vyshinsky, un fiscal comunista estrecho colaborador de Lavrenti Beria, responsable de la policía política. Tanía la orden de “extirpar todos los elementos antisoviéticos y antisociales”.
El resultado de la represión dejó muy claro que a Vyshinsky no le iba a temblar el pulso en la aplicación de las más brutales medidas para el control de la sociedad. Durante los escasos doce meses que mediaron entre la ocupación soviética y la invasión alemana, casi 300.000 personas fueron asesinadas por los comunistas. Un númoero que supone casi el 15% del total de la población del país báltico. Una cifra que incluye a las víctimas de la guerra de ocupación, las ejecuciones durante aquel año y los muertos durante las deportaciones soviéticas de casi un tercio de la población.
Las primeras masacres contra los disidentes letones se produjeron durante la primera semana de julio, cuando 1.480 opositores fueron asesinados sin mediar ningún tipo de procedimiento. Ya en esas fechas se había hecho tristemente célebre la denominada como “La Casa de la Esquina”, la sede de la policía política soviética en Riga. En aquel centro de detención, tortura y ejecución fueron asesinados miles de letones por sus ideas políticas, religiosas o por el mero hecho de ser propietarios.
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En la sede letona de la KGB se aplicaron muchas torturas que solamente unos años antes se habían producido en las checas españolas durante la Guerra Civil. En ese edificio todavía quedan restos de los elementos de tortura utilizados, como los ganchos en los que los presos eran colgados de cadenas que se calvaban en la carne de las muñecas y los tobillos hasta llegar a cercenarlas.
Durante la ocupación soviética, la KGB de Letonia llegó a tener más de 30.000 agentes en activo y desarrolló un sistema de control que pasaba por la instalación de buzones en los que de forma anónima, cualquier ciudadano podía denunciar las actividades contrarrevolucionarias de sus vecinos. La sola denuncia en estos buzones eran causa suficiente para la detención y tortura, y en el peor de los casos asesinato, de los nombre de los denunciados.
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Hasta tal punto se dividió la población que tras la recuperación de la independencia de Letonia en 1991, las autoridades se han negado a desvelar los nombres de los colaboradores de la KGB para evitar venganzas. De hecho, el único trabajo de investigación que se ha hecho sobre la actuación de los represores soviéticos durante la ocupación es el listado y los procesos abiertos contra las víctimas. En muchos casos solamente se han conseguido las declaraciones realizadas durante las torturas a las que eran sometidos.
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Toda esta documentación se encuentra almacenada en una vieja fábrica a las afueras de Riga. Allí se agolpan cientos de miles de documentos que son de acceso público. Mientras tanto, las 43.000 fichas de los agentes que colaboraron con la KGB siguen bajo secreto oficial del Estado. Solamente tras una investigación privada realizada durante años se logró identificar y encontrar al último responsabel de ese cuerpo represor soviético. Su nombre es Edmunds Johansons. Ha sido entrevistado en varias ocasiones y siempre se ha negado a revelar la identidad de sus colaboradores. Se ha limitado a afrimar que muchos políticos y actuales responsables militares y policiales eran los más firmes colaboradores de la KGB durante la época de ocupación soviética.
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