Centroamérica es considerada una de las regiones más violentas del mundo pese a no desarrollarse en ella ningún conflicto armado convencional. Las actividades que se encuentran detrás de las sangrantes cifras que a continuación se muestran, son principalmente aquellas relacionadas con la delincuencia y el crimen organizado generados por los cárteles de narcotráfico y, principalmente, por las pandillas o maras. La violencia y la criminalidad es especialmente notable en el conocido como Triángulo Norte, formado por El Salvador, Honduras y Guatemala. Si en el conjunto de la región centroamericana hubo alrededor de 17,300 homicidios -36.2 por cada 100,000 habitantes- a lo largo del año 2016, 16,000 personas -del total- fueron asesinadas en esos tres países. Si bien es cierto que en comparación con el año 2015 la tasa de homicidios es ligeramente inferior -41.1 por cada 100,000-, la violencia en Centroamérica sigue siendo un problema endémico de dimensiones desproporcionadas que se evidencia tanto en los números, como en la percepción que tiene la sociedad civil. La situación de inseguridad es una de las principales preocupaciones entre la ciudadanía de esta región. Los asesinatos, los secuestros, los atracos y las extorsiones son el día a día de la población regional, lo que provoca, consustancialmente, elevadas tasas de migraciones forzadas -fundamentalmente procedentes de los países del Triángulo Norte- hacia Mexico y Estados Unidos asimismo alarmantes.
Si observamos las tasas de cada país en particular, Nicaragua -desde 2014 el país más seguro de la región-, Panamá y Costa Rica registran las tasas más bajas, con un promedio de 7 homicidios por cada 100,00 habitantes en el primero, 9.3 por cada 100,000 en el segundo y 12 por cada 100,000 en el tercero. Esto se traduce en 460 y 577 asesinatos durante el año 2016 en Nicaragua y Costa Rica, respectivamente. Con tasas sustancialmente más elevadas, encontramos a Guatemala con 27,3 homicidios por cada 100,000 habitantes, con un total de 4500 muertes violentas en 2016, y seguidamente a Honduras, que el año pasado registró más de 5000 asesinatos, lo que supone 59 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Por último, El Salvador, además de ser el país de Centroamérica que más sufre la violencia ocasionada por actividades criminales y delictivas -en especial las llevadas a cabo por las maras-, es uno de los países más violentos del mundo. Así, el pasado año 2016 registraba una tasa de 81.2 homicidios por cada 100,000 habitantes. Observando los datos recogidos del año 2015 -104 muertes por cada 100,000 habitantes-, vemos, con positivismo relativo, una significativa reducción de las muertes violentas. Si bien el primer trimestre del año 2016, debido al elevado número de homicidios que tuvieron lugar, nos llevaron a pensar que la situación sería inmutable, a comienzos del segundo trimestre se registró una disminución del número de asesinatos como consecuencia de un pacto de no agresión entre las principales maras -Mara Salvatrucha y Barrio 18- y la puesta en marcha, en abril de ese mismo año, de una serie medidas extraordinarias por parte de las autoridades salvadoreñas. Estas medidas fueron dirigidas principalmente hacia las cárceles del país, endureciendo las condiciones de los presos e implementando mecanismos que dificulten -y en última instancia corten- la comunicación tanto entre los propios miembros de las maras entre sí, como entre los presos y los que están en las calles. Con esto se pretendía evitar las órdenes emitidas desde dentro de las cárceles de llevar a cabo asesinatos, a sabiendas de que numerosos líderes de estos grupos están encarcelados.
Las cárceles, frente al objetivo en sí mismo de los correccionales, refuerzan y propagan a las maras, pues han sido y son el núcleo de las actividades de coordinación y reclutamiento que se ejercen en su interior. El papel que las autoridades juegan en las prisiones es determinante a la hora de reducir su presencia y actividad, y sus consecuentes efectos.
En cuanto a las treguas entre maras -gestionadas y facilitadas por el gobierno salvadoreño-, si bien ha quedado patente que durante las mismas las tasas de homicidio se reducen significativamente, es evidente que no son más que un parche temporal que en ningún caso ponen sobre la mesa una potencial firme solución, ni fin a la violencia que ejercen. En 2012 tuvo lugar otra tregua entre las maras más relevantes, que dio como resultado la tasa más baja de homicidios registrada. Sin embargo, ésta volvió a aumentar en el año 2014 con el fin de la tregua, dando paso, en contraposición, a la peor tasa de homicidios de la historia de El Salvador en 2015, como se ha señalado anteriormente. Se utilizan, de manera instrumental, los homicidios, la violencia y la coacción como moneda de cambio para llegar a un dialogo que derive en concesiones, como prerrogativas políticas, lo cual es inaceptable.
El origen de las maras se encuentra a principios de la década de 1990 cuando, por mandato del presidente estadounidense George H. W. Bush, cientos de jóvenes centroamericanos encarcelados fueron deportados. Desde entonces, e incluso con anterioridad en las calles y cárceles de California, han sabido tejer redes jerarquizadas y rígidas que se han enfrentado entre ellas y con el propio Estado con objeto de mantener sus zonas de influencia y su base social. La situación socioeconómica de la región, en general, y de El Salvador, en particular, fortalece y consolida las actividades de delincuencia de estos grupos criminales, quienes se aprovechan de las pobres condiciones laborales, la falta de recursos, la dificultad que supone satisfacer las necesidades básicas o la búsqueda de un sentimiento de pertenencia y protección, para ampliar su poder y dominio. Mientras, la población, frente al miedo, la violencia y la intimidación que se ha generado y asentando de manera estructural, buscan sobrevivir a esta infecta cotidianidad.
Si bien se aprecia que durante el año 2017 la criminalidad y la violencia parecen haber disminuido ligeramente, las cifras siguen siendo alarmantes. Solo en el pasado mes de septiembre hubo más de 400 homicidios en El Salvador. El país terminará el año superando los 50 homicidios por cada 100,000 habitantes, y teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como epidemia más de 10 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, resulta más que evidente que la violencia es una característica endémica a la que se debe poner solución inmediata a través de medidas eficaces y oportunas.
Nora Gómez
«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Menú
Menú
