El Parlamento Europeo pidió este viernes a los Estados miembros que lleven a cabo «pruebas de resistencia» de sus sistemas sanitarios de forma urgente para encontrar sus puntos débiles y asegurar que están preparados para rebrotes de la COVID-19 u otras crisis sanitarias.
En una resolución aprobada este viernes por 526 votos a favor, 105 en contra y 50 abstenciones, la Eurocámara pide también a la Comisión Europea que fije parámetros armonizados para estas revisiones y también normas mínimas para una «asistencia sanitaria de calidad».
Aunque la gestión y financiación de los sistemas sanitarios compete a los gobiernos nacionales, la Eurocámara quiere que esta potencial directiva de mínimos incluya garantías para «la seguridad de los pacientes, unas condiciones laborales y de empleo dignas para los profesionales sanitarios».
El texto aprobado «pide a los Estados miembros que lleven a cabo urgentemente pruebas de resistencia de sus sistemas sanitarios a fin de detectar los puntos débiles y verificar que están preparados para un posible rebrote de la COVID-19».
El Parlamento insta a la Comisión a que incluya la financiación adecuada del sistema sanitario en sus recomendaciones por país y que proponga «un mecanismo europeo de reacción sanitaria» para reforzar la coordinación a nivel europeo y supervisar el funcionamiento de la reserva estratégica de medicamentos y material sanitario creada durante la pandemia.
Los eurodiputados piden tanto a la Unión Europea como a los gobiernos que «extraigan las conclusiones pertinentes» de cómo se ha desarrollado la crisis sanitaria y les piden que «refuercen considerablemente» su cooperación en este ámbito.
Los tratados «permiten una actuación europea muy superior a la emprendida hasta ahora», aseguran los eurodiputados, que piden a los países de la UE que estudien sus opciones «con un espíritu más positivo que en el pasado».
«La crisis de la COVID-19 aún no ha finalizado y se producirán nuevas infecciones y víctimas mortales si no adoptamos un enfoque prudente», concluye la resolución, que insta a que se garantice un «acceso rápido, equitativo y asequible para todos en todo el mundo» a las futuras vacunas y tratamientos contra la COVID-19.