La Comisión JurĆdica de las Marchas del 22M ha elaborado un comunicado sobre la manifestación del sĆ”bado. Estos son los puntos fundamentales plasmados de forma literal:
«El sÔbado 22 la masiva manifestación transcurrió con absoluta calma, tranquilidad y civismo,asegurando en todo momento los organizadores el respeto en los recorridos de todos cuanto participaban en ella».
Ā«La actuación policial posterior fue dirigida de forma indiscriminada y brutal contra elĀ conjunto de manifestantes, dejando un saldo de lesionados que no coincide con la versión deĀ los hechos difundidas por los responsables policiales: un total de 108 personas fueron asistidasĀ por los servicios sanitarios con heridas de considerable gravedad -es decir, la mayorĆa de lasĀ personas heridas fueron los asistentes a la manifestación-; incluidos al menos 2 fotógrafosĀ heridos, una persona que ha perdido un testĆculo como consecuencia del impacto de unaĀ pelota de goma y otra que ha estado cerca de perder un ojo por el mismo motivoĀ».
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Ā«Varias de las personas detenidas, loĀ fueron en el acceso al metro y fueron trasladadas esposadas en transporte pĆŗblico, a la vistaĀ de los pasajeros, lo que significa trato humillante y vejatorio al detenido. Otras lo fueron en laĀ vĆa pĆŗblica, siendo obligadas a correr, a modo de castigo, aleatoriamente de un lugar a otroĀ mientras permanecĆan esposadas, lo que igualmente supone un trato degradante y vejatorioĀ».
«La prÔctica totalidad de los hombres detenidos denunciaron haber sido obligados a permanecer hasta 7 horas de pie con los brazos en alto, haber sufrido cambios de temperatura bruscos e intencionados y privación de comida y agua y de la posibilidad de acudir al baño durante las primeras 24 horas, lo que parece acreditar la existencia de un plan sistemÔtico de efectuar malos tratos a estos detenidos. A las mujeres detenidas se les negó el acceso a medicamentos y material higiénico necesario (una prÔctica no solo degradante sino especialmente discriminatoria), lo cual resulta especialmente grave respecto a personas detenidas diagnosticadas con enfermedades crónicas, a las que se les retrasó el acceso a medicación imprescindible para su tratamiento».