La investigación abierta por el Ministerio del Interior para determinar quién elaboró, conoció y transmitió los informes policiales sobre la crisis migratoria de Ceuta ha generado malestar entre mandos y agentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que cuestionan que el foco se sitúe sobre los funcionarios que trasladaron las alertas.
Según publica Artículo 14, la tensión se concentra en torno a un informe de 55 páginas elaborado por el CENIF y remitido a la Audiencia Nacional sobre los acontecimientos del pasado 30 de julio. El documento fue entregado siguiendo una instrucción de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que había ordenado no difundirlo a terceros mientras permaneciera bajo investigación judicial.
Fuentes policiales sostienen que los agentes actuaron conforme a esa orden y defienden que la reserva judicial impedía trasladar el contenido del documento a responsables ajenos a la investigación. Según estas fuentes, la controversia ha provocado un clima de incredulidad dentro de la Policía Nacional.
Los agentes recuerdan además un precedente protagonizado por Fernando Grande-Marlaska cuando ejercía como juez de la Audiencia Nacional. En el denominado caso Faisán, el entonces magistrado ordenó al Servicio de Información de la Guardia Civil determinar qué funcionarios debían informar directamente al juzgado, sin trasladar esos datos a la cadena de mando.
Dentro del cuerpo también se ha recuperado el caso del coronel Diego Pérez de los Cobos, destituido en 2020 después de negarse a informar al Ministerio sobre el contenido del informe del 8-M que la Guardia Civil elaboraba por orden de la jueza Carmen Rodríguez-Medel. Los agentes consideran que ambos episodios comparten la misma cuestión: el cumplimiento de instrucciones judiciales de reserva frente a las exigencias de información de los responsables políticos.
El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, ha denunciado públicamente una supuesta «caza de brujas» contra los funcionarios que participaron en la elaboración del informe. La organización reclama a Interior que cese cualquier persecución, respete la independencia profesional de los agentes y permita que la Audiencia Nacional desarrolle su investigación sin presiones, y sostiene que debe aclararse la gestión de las alertas.
