El rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros de dinero público provocó un enfrentamiento interno en el Gobierno que ahora sale a la luz a través de mensajes privados entre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su número dos, el exsecretario de Estado Pedro Saura. Las conversaciones evidencian que el Ministerio de Transportes rechazaba la operación, intentó frenarla y señalaba directamente a Hacienda y Economía como responsables.
Según los mensajes de WhatsApp, Transportes consideraba que la ayuda, canalizada a través de la SEPI dependiente de Hacienda, no estaba justificada y que el organismo actuaba «fuera de control«. De hecho, Saura llegó a plantear a Ábalos la necesidad de «suspender y revertir» el rescate apenas días después de iniciarse el proceso en marzo de 2021.
El exministro, sin embargo, descartó dar ese paso por el coste político que implicaba enfrentarse a la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero. «Eso es indisponerme con Hacienda», respondió, asumiendo el choque interno que generaría cuestionar una operación impulsada desde ese departamento.
Las conversaciones reflejan también el temor en Transportes a quedar señalado como responsable de la autorización. Saura insistía en que Economía y Hacienda trataban de «quitarse de en medio» y trasladar la responsabilidad al ministerio de Ábalos.
El 10 de agosto de 2021, el mismo día en que la SEPI desembolsó 34 millones de euros del rescate tras el visto bueno judicial, Saura escribió a Ábalos: «Quienes lanzaron balones fuera fueron Economía y Hacienda (…) pero son los imputados«. En ese momento, apuntaba directamente a Montero y al equipo económico liderado entonces por Nadia Calviño.
El propio Ábalos ya había intentado marcar distancias públicamente. Llegó a afirmar que su ministerio «no ha tenido nada que ver» con la operación, hasta el punto de referirse a la aerolínea con dudas: «Plus Ultra, creo que se llama».
Cinco años después, el rescate continúa bajo investigación judicial. La Fiscalía Anticorrupción ordenó en diciembre la detención de varios responsables de la compañía, entre ellos su presidente, Julio Martínez Sola, y el ejecutivo Roberto Roselli, por el presunto desvío de fondos del rescate hacia operaciones financieras vinculadas a un inversor investigado en Suiza.
La causa, que dirige la Audiencia Nacional, también ha alcanzado a figuras próximas al entorno político. El empresario Julio Martínez Martínez, asesor externo de la aerolínea y vinculado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, fue arrestado tras detectarse pagos millonarios relacionados con supuestos servicios de asesoría.
En paralelo, tanto Ábalos como el empresario Víctor de Aldama han apuntado a una supuesta intervención de Zapatero para impulsar el rescate, una acusación que el expresidente ha negado de forma rotunda en sede parlamentaria.
El choque interno se remonta a marzo de 2021, cuando se filtró un informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que formaba parte del expediente del rescate. Transportes interpretó esa filtración como un intento de atribuirle la responsabilidad de la operación.
Desde ese momento, Ábalos y su equipo trataron de dejar claro que su papel era limitado. Según defendían, los informes de AESA se centraban en aspectos de seguridad aérea y no en la viabilidad económica o estratégica de la compañía.
Sin embargo, otras fuentes del propio Gobierno sostenían que los informes de Transportes fueron clave para avalar la operación ante la SEPI, lo que contradice la versión mantenida públicamente por el ministerio.
El resultado fue un pulso interno entre departamentos que anticipó lo que finalmente ha ocurrido: la judicialización de un rescate que ya entonces generaba dudas dentro del propio Ejecutivo.
