El ex primer ministro portugués, António Costa, presentó su dimisión en noviembre de 2023 en medio de un escándalo por presunta corrupción que involucra a su Gobierno. Esto ocurrió después de que varios ministerios y la propia residencia de Costa fueran registrados por las autoridades debido a presuntas irregularidades en la gestión de proyectos de extracción de litio y producción de hidrógeno con fines energéticos.
En ese momento Costa sostuvo que no estaba al tanto de la investigación, pero reconoció que las sospechas sobre su integridad eran «absolutamente incompatibles con el cargo de un primer ministro».
Al jefe de gabinete de Costa, Vítor Escária, anteriormente asesor económico del ex primer ministro José Sócrates, también fue detenido. Escária ya había sido acusado en un caso sobre viajes pagados por Galp en la Eurocopa 2016, un proceso que fue archivado, pero que le iba a conllevar una multa de 1.200 euros.
Recientemente, las autoridades encontraron más de 75.800 euros en efectivo en una moldura con una foto de António Costa. El jefe de gabinete defendió que no se «acordaba de tener allí ese dinero».
Delito de malversación para beneficiar la empresa Start Campus
El ex primer ministro de Portugal, António Costa, dimitió tras la sospecha por un delito de malversación debido a una ley negociada con João Tiago Silveira y João Galamba en beneficio de Start Campus. En específico, según el Ministerio Público portugués, se trata de la aprobación del nuevo Régimen Jurídico de Urbanización y Edificación en el Consejo de Ministros el 19 de octubre de 2023.
Esta investigación ha pasado recientemente a primera instancia, perdiendo así el foro especial de primer ministro. En cambio, será investigado de manera autónoma a las otras investigaciones.
Investigan la filtración de escuchas
Estos últimos días ha salido también una nueva noticia, que junta también al ex-ministro João Galamba, sobre el expresidente de TAP Air Portugal, la aerolínea portuguesa. Según las escuchas de la operación Influencer, Costa habría defendido que la presidente tendría que salir porque «si esto se convierte en un infierno, es ella o nosotros», dijo el ex primer ministro.
Esto ocurrió entorno a una presión mediática sobre la indemnización de 500.000 euros que se pagaron a la exadministradora de TAP, Alexandra Reis. Sin embargo, en la llamada se refiere a la ex CEO de TAP que fue despedida por el gobierno y que ha avanzado al tribunal para impugnar la legalidad del despido. «Las personas tienen que sentir que el Gobierno no consiente mierdas de estas», señaló Costa.
Además, en la misma llamada, el ex primer ministro reconoció la necesidad de el Gobierno alejarse de la ex CEO. «Ya he hablado con Fernando (Fernando Medina, ex-ministro de Finanzas) y políticamente nosotros no nos salvamos manteniendo a esta señora, ni la señora se salva políticamente«, dijo Costa.
