La detención del ex-asesor internacional de la Presidencia de la República, Filipe G. Martins, está envuelta en denuncias de ilegalidad y persecución política por parte de la Justicia brasileña. Detenido desde hace más de 120 días por órdenes del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, Martins es acusado de un viaje a los Estados Unidos en diciembre de 2022 que, según sus pruebas, nunca ocurrió.
Contexto y acusaciones
Además del supuesto viaje a Orlando, Florida, el 30 de diciembre de 2022, Filipe Martins es acusado de participar en la elaboración de un documento sobre la aplicación del artículo constitucional que trata del Estado de Defensa. Este trabajo, apodado peyorativamente como «minuta del golpe» por la prensa alineada al consorcio de poder PT/STF, es presentado por la acusación como parte de un plan para subvertir el orden democrático.
Sin embargo, la defensa de Martins argumenta que el documento nunca fue utilizado y que la acusación se basa en suposiciones infundadas. Como destacó el periodista Paulo Briguet, «la supuesta minuta de un supuesto golpe que nunca ocurrió ni habría podido ocurrir» fue utilizada como justificación para la detención.
Alegatos de la Defensa y pruebas de inocencia
La defensa de Filipe Martins presentó pruebas robustas de que él estaba en Brasil en la fecha en cuestión y no en Orlando con la comitiva presidencial. Según un documento del Departamento de Seguridad Interna de EE.UU., «la entrada más reciente de Filipe a los Estados Unidos fue en septiembre de 2022», conforme explicó el periódico Brasil Sem Medo.
Además, registros de Uber y facturas de tarjetas de crédito comprueban la presencia de Martins en Brasilia y Curitiba entre el 30 y el 31 de diciembre de 2022. «Él estaba en una hamburguesería en Brasilia mientras el avión presidencial volaba hacia Orlando». La defensa también presentó un documento de la aerolínea Latam confirmando que Martins voló a Curitiba con su esposa al día siguiente del viaje de Bolsonaro, según informó la Revista Oeste.
Irregularidades en el proceso
La detención de Martins está llena de abusos de autoridad y violación de derechos fundamentales. Después de su arresto, fue trasladado al Complejo Médico Penal en Curitiba, donde pasó 72 horas en una celda de aislamiento, sin luz y en condiciones insalubres.
De acuerdo con los abogados de Martins, la detención se basa en un documento desactualizado y editable de Microsoft Word y una lista especulativa de pasajeros, que nunca debería ser utilizada como evidencia en un proceso serio, según informó el diario estadounidense Daily Wire. La propia Policía Federal (PF) afirmó que «la acusación de que viajó a EE.UU. se basa en una prueba inconsistente y en un archivo desactualizado», de acuerdo con la Gazeta do Povo.
Delación y cartas
Martins también escribió una carta a su novia, Anelise, en la que reafirma su inocencia y resistencia a cualquier tipo de coacción. «No habrá delación, porque no hay nada que delatar», escribió, sugiriendo que su detención es un intento de forzarlo a confesar algo inexistente.
El intelectual Pablo Ortellado, conocido por sus posiciones de izquierda, también comentó sobre la detención de Martins. Según él, «la defensa de Martins ofreció pruebas de que siempre estuvo en Brasil», y que documentos de autoridades estadounidenses y brasileñas demostraron que no desembarcó en Estados Unidos. A pesar de esto, Ortellado reconoce que «el simple hecho de que los detenidos puedan hacer delación y de que la detención pueda ser usada como elemento coercitivo genera sospechas».
Epígrafes jurídicas
La defensa de Filipe Martins también citó importantes pasajes jurídicos para argumentar contra la legalidad de la detención preventiva. Citando a Paulo Gustavo Gonet Branco, quien es Procurador General de la República y actúa como promotor del caso, los abogados destacaron que la detención preventiva «no puede violar las directrices básicas que emanan del orden constitucional concerniente a la temporalidad, necesidad, herramentalidad, no pudiendo ser utilizada como un sustitutivo anticipado de la pena a ser aplicada».
Por su parte, Alexandre de Moraes, Ministro de la Corte Suprema y juez de la acción contra Martins, observa en su obra sobre Derecho Constitucional que «es necesaria la comprobación de la culpabilidad del individuo por parte del Estado, quien es constitucionalmente presumido inocente, bajo pena de retornar al total arbitrio estatal, permitiendo el odioso alejamiento de derechos y garantías individuales y la imposición de sanciones sin el debido proceso legal y la decisión definitiva del órgano competente». La cita refuerza la discordancia entre el juez Alexandre de Moraes contra sus enemigos políticos y él mismo cuando escribe sus obras jurídicas.
Críticas y repercusión Internacional
El caso ganó atención internacional y fue destacado en el prominente diario estadounidense Daily Wire. El medio criticó al STF por usar su autoridad para reprimir a los opositores políticos, especialmente aquellos asociados con el ex-presidente Bolsonaro. Según el diario, «Martins fue detenido basándose en un error en el registro de inmigración de EE.UU., que ya fue corregido, pero él sigue detenido».
La repercusión negativa también es evidente en la prensa brasileña, que señaló inconsistencias en la acusación y la falta de pruebas concretas. «El gobierno estadounidense ya confirmó que Martins no viajó a EE.UU. en diciembre de 2022». A pesar de todas las pruebas de su inocencia, el STF mantiene a Martins detenido, alegando riesgo de fuga.
El contexto político de la detención
El caso de Filipe Martins es visto como un ejemplo alarmante de cómo el poder judicial está siendo utilizado de forma arbitraria para silenciar voces disidentes. Según los abogados de Martins, «él sigue detenido como forma de tortura psicológica para que confiese algo que encaje en la narrativa del tribunal».
La detención de Martins, por tanto, no es solo un ejemplo de injusticia, sino también un síntoma de la persecución política proveniente del poder judicial en curso en Brasil. Como informó la Revista Oeste, el trato dispensado a Martins en la prisión, donde fue aislado en condiciones inhumanas, es «un reflejo del intento de reprimir cualquier oposición política en el país».
Justicia al estilo soviético
En el libro «Cosmovisiones del Derecho en el Mundo Occidental», el jurista Augusto Zimmermann cita una reflexión de Andrey Vyshinsky – fiscal de las purgas soviéticas de Stalin -, en la que este afirma que «la función principal de los tribunales soviéticos era destruir sin piedad a todos los enemigos del pueblo en todo aquello que hicieran violaciones criminales contra el socialismo». Cuando observamos el escenario brasileño, notamos una persecución similar contra aquellos que son considerados enemigos del régimen, con el poder judicial actuando de forma implacable.
Al trazar un paralelo entre el fiscal Andrey Vyshinsky, famoso por los «Procesos de Moscú», y el juez Alexandre de Moraes, percibimos que ambos recurren a investigaciones de legalidad dudosa para silenciar y reprimir a cualquiera que desafíe sus intereses. Moraes, por su parte, parece haber adoptado una versión contemporánea del lema de Luis XIV, «L’État de Droit, c’est moi», actuando como si fuera el propio Estado de Derecho encarnado.
La detención de Filipe Martins, a pesar de las evidencias que prueban su inocencia, sigue siendo mantenida por un sistema judicial que es cada vez más politizado, autoritario y que está volviéndose similar al modelo soviético en muchos aspectos (especialmente por la gran influencia de un partido político y por la manera desigual del tratamiento a enemigos del régimen). La persistencia de su detención incluso con todas las pruebas demostradas por la defensa es una falta de respeto al Estado de Derecho en Brasil.
En suma, el caso de Martins expone la alineación política del sistema judicial brasileño, donde las garantías constitucionales parecen estar subordinadas a intereses políticos e ideológicos. Si hubiera un resquicio de legalidad en Brasil, el STF debería reevaluar su posición a la luz de las pruebas presentadas y restablecer el mínimo de justicia para el exasesor de Jair Bolsonaro.
