El Juez de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Lewis J. Liman, sentenció a 14 años de prisión y una pena adicional de 4 años de libertad supervisada a Álvaro Fredy Córdoba Ruíz, hermano de la excongresista colombiana, Piedad Córdoba, por delitos de narcotráfico, luego de que este se declara culpable de conspirar para importar cocaína, el pasado 2 de enero del presente año 2024. La fiscalía homónima había solicitado una condena de entre 210 y 262 meses, equivalente a de entre 17 años y 5 meses y 21 años y 8 meses.
El ahora convicto había sido extraditado a Estados Unidos desde su natal Colombia en enero de 2023, luego de su arresto en febrero de 2022 con base a una acusación por delitos de narcotráfico en la citada corte neoyorquina.
Un extenso documento remitido el 19 de abril de 2024 al juez Liman por Damian Williams, fiscal del Distrito Sur de Nueva York a través de sus fiscales auxiliares, Nicolás S. Bradley, Kaylan E. Lasky y Kevin T. Sullivan, formuló el pedido en respuesta a la presentación de sentencia del acusado presentada ante la Corte el 12 de abril de 2024.
Refirió la fiscalía que Córdoba Ruíz «conspiró para obtener y distribuir toneladas de cocaína con destino a los Estados Unidos», una acción que llevó a cabo sus coacusados, Amanda Libia Palacio Mena y Alberto Alonso Jaramillo Ramírez, así como otros individuos asociados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Hay que apuntar que Palacio Mena fue condenada el 11 de abril de 2024 a pagar una condena de 14 años de prisión. Asimismo, la fiscalía indicó que Álvaro Fredy Córdoba Ruíz trabajó con individuos que creyó eran narcotraficantes miembros de una organización de tráfico de drogas mexicana que buscaban establecer una línea de suministro de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos, cuando en realidad se trataba de agentes encubiertos de la DEA.
A estos supuestos socios —identificados en la acusación como CS-1, CS-2 y CS-3— el señalado les describió sus conexiones con su hermana, Piedad Córdoba, indicando que, a cambio de apoyo financiero y político, facilitaría una asociación de cocaína con la agrupación narcotraficante mexicana.
También les prometió ponerlos en contacto con personas que les proporcionarían seguridad para los cargamentos de cocaína. Tiempo después de esta reunión con los testigos cooperantes, Álvaro Fredy Córdoba Ruíz cumplió con sus ofrecimientos, pues los presentó con Piedad Córdoba y con Alberto Alonso Jaramillo Ramírez, un antiguo agente de policía que había trabajado para la dirección de la policía antinarcóticos colombiana y podía ayudar en el tráfico de la droga. Fue cuando Córdoba Ruíz y sus coacusados obtuvieron una muestra de cinco kilos de cocaína de alta calidad para la supuesta organización narcotraficante mexicana, con promesas de negociar posteriormente con muchas toneladas más. El propósito de la sociedad que implementarían sería transportar 500 kilos de cocaína con una frecuencia de semanal.
Al momento de Álvaro Fredy Córdoba Ruíz declararse culpable estableció con la fiscalía un Acuerdo de Culpabilidad en el que se estableció un rango de condena aplicable en virtud de las directrices de condena de los Estados Unidos de 210 a 262 meses de prisión y una sentencia mínima obligatoria de cinco años de prisión.
El hermano de la finada política colombiana en el memorando de sentencia presentado por sus abogados, pretendía que se le confiriera dicha pena mínima de 5 años por estimarla «apropiada», lo cual para los fiscales resultó inaceptable, toda vez que «Ninguno de los factores que cita, por sí solo o en conjunto, justificaría una variación de esta magnitud. De hecho, el acusado solicita la condena que le correspondería por conspirar para importar 500 gramos de cocaína a los Estados Unidos, una fracción de la cantidad que pretendía importar realmente a este país, y solo el diez por ciento de la muestra de cinco kilogramos que los acusados produjeron en realidad. El acusado estableció lo que él y sus coacusados pretendían que fuera una lucrativa asociación de cocaína con la que esperaban enviar toneladas de veneno a este país».
La fiscalía le refirió al juez Liman, que luego de que Amanda Libia Palacio Mena le presentó a los testigos cooperantes —los supuestos narcotraficantes mexicanos— Córdoba Ruíz cerró efectivamente el trato y trajo a Alberto Alonso Jaramillo Ramírez, quien tenía acceso directo a la cocaína de las FARC y a los militares y agentes de la ley que protegerían los cargamentos de cocaína. Del mismo modo, les presentó a Piedad Córdoba, para que mediante sus conexiones políticas de alto nivel facilitara la asociación. Por tanto, alertó el Gobierno al magistrado del tribunal neoyorquino, se trataba de conspiración que para nada podía estimarse como «una mera fanfarronada».
Dada esta actuación de Álvaro Fredy Córdoba Ruíz, mal podía justificar una variación tan grande de la pena como la por él solicitada.
La conducta delictiva de Córdoba Ruiz
El documento de la Fiscalía del distrito Sur de Nueva York al juez Liman, describe cómo Álvaro Fredy Córdoba Ruíz y sus coacusados «planearon transportar cocaína de Venezuela a Colombia, a través de América Central y México, hasta su destino final previsto, los Estados Unidos».
Mas de 300 llamadas grabadas, así como diversas reuniones habidas durante más de un año, sirvieron para ilustrar la conspiración en la que Córdoba Ruíz, Palacio Mena y Jaramillo Ramírez trabaron arduamente. Palacio Mena le manifestó a Córdoba Ruíz desde un principio, su disposición a fungir como intermediaria con las FARC, el Cártel de los Soles y líderes políticos colombianos, para llevar a cabo grandes transacciones de cocaína. Ella le presentó a los supuestos narcotraficantes mexicanos y este les dio acceso a Jaramillo quien se encargaría de la seguridad de los cargamentos de droga.
Contactos iniciales
Se indica en el documento de la fiscalía que la investigación contra Álvaro Fredy Córdoba Ruíz, Amanda Libia Palacio Mena y Alberto Alonso Jaramillo Ramírez comenzó en marzo de 2020, cuando la segunda discutió con CS-3 y le aseguró que podía proporcionar nuevas rutas y fuentes de suministro para la supuesta organización narcotraficante mexicana. A raíz de estos primeros encuentros, Palacio conoció al resto de los supuestos socios, en realidad agentes encubiertos de la DEA, a quienes la acusada fue dando a conocer el resto de los posibles socios de la operación. Todos estos contactos, llamadas y chats estaban siendo grabadas.
Por ejemplo, en una llamada telefónica grabada el 10 de septiembre de 2020, CS-3 le presentó a Palacio a CS-1 —su supuesto jefe en la organización mexicana— a objeto de que discutieran el establecimiento de una línea de suministro de cocaína desde Colombia y Venezuela.
Asimismo, el 2 de noviembre de 2020, CS-3 y CS-2 —supuesto lugarteniente de CS-1 en el grupo mexicano— se reunieron con Palacio en un restaurante de Medellín, Colombia, donde ella dijo que la cocaína se enviaría a los clientes de CS-2 en Nueva York y otros lugares de Estados Unidos. Este encuentro se registró en audio y video. Palacio describió cómo Piedad Córdoba, a quien la acusada presentaba como su «tía» —para entonces senadora en Colombia— había recibido «320.000» a cambio de un favor que hizo a las FARC y al expresidente venezolano, Hugo Chávez. Igualmente, Amanda Libia Palacio Mena hizo mención a otras transacciones de narcóticos y múltiples de sus contactos con narcotraficantes.
Del mismo modo, el 25 de febrero de 2021, Palacio Mena, durante una reunión en un restaurante de Bogotá, le presentó un químico llamado «Martin» a CS-3 y CS-2 y les refirió que este hombre controlaba numerosos laboratorios de procesamiento de cocaína en Colombia. En esta cita —también registrada en audio y video— se habló «del precio y otros detalles de una posible asociación para el tráfico de cocaína; de dos policías que habían sido asesinados recientemente y del precio de los sicarios; y de cómo se ‘corta’ la cocaína con diferentes sustancias, afirmando Palacio que algunas personas mezclan cocaína con yeso. Martín» también mostró a CS-2 una foto de una organización».
Álvaro Fredy Córdoba Ruíz entra en escena
La fiscalía describe que el 16 de julio de 2021, durante una llamada telefónica grabada, Palacio Mena presentó a Álvaro Fredy Córdoba Ruíz a los supuestos narcotraficantes mexicanos. Al hermano de la fallecida política, lo «como alguien que tenía contactos de alto nivel en el gobierno colombiano».
En el transcurso de la llamada, Córdoba Ruíz preguntó a CS-2 en qué sector de la economía trabajaban él y sus asociados, siendo la respuesta que se desempeñaban en la agricultura y la importación-exportación. CS-2 manifestó su interés por conocer a Córdoba Ruíz en persona, pues «había cosas en las que podían ayudarse mutuamente», al tiempo en que le refirió que no le gustaba hablar por teléfono. «El acusado declaró que lo entendía y que hablaría con Palacio al respecto” y, además se describió como la persona a la que «hay que acudir» en lo atinente a Piedad Córdoba.
El documento de la fiscalía hace igualmente referencia a contactos establecidos el 21 de julio de 2021 cuando, vía WhatsApp, los acusados prometieron a los supuestos narcotraficantes mexicanos un contacto telefónico con Piedad Córdoba y, posteriormente en otra video llamada que fue grabada, se describió la manera como operaban los mexicanos y cómo sería el papel que Córdoba Ruíz tendría en la sociedad.
Los cuidados de Piedad Córdoba a no arriesgarse a hablar de narcotráfico por teléfono quedaron registrados en una llamada el 22 de julio de 2021, mientras que el 10 de agosto de 2021, Córdoba Ruíz y Palacio Mena se reunieron con CS-2 en Medellín y allí se confirmó el papel que los acusados tendrían en la sociedad con los mexicanos, proporcionando transporte seguro para la cocaína «sin interferencia de las fuerzas del orden». Luego de referirse a otros detalles «El acusado declaró que no tenía los contactos que CS-2 necesitaba, pero dijo que empezaría a comprobarlos; que si el acusado conseguía concretar algo, CS-2 podría pagarle (en otras palabras, que no había necesidad de pagar por adelantado); y que, aunque el acusado no era un experto en la materia, tenía amigos que la conocían muy bien y presentarían a CS-2 a alguien con mercancía de alta calidad (es decir, cocaína)».
Córdoba Ruíz «habló de sus conexiones en el mundo de la política y dijo que dirigía la campaña política de su hermana y que recientemente habían mantenido una reunión. En última instancia, el acusado se ofreció a ver si podía encontrar una fuente de suministro y seguridad —en particular, encontrar a alguien que pudiera suministrarles ‘eso’ o alguien que al menos pudiera acercarles a personas que pudieran hacerlo. Palacio también describió cómo CS-2 podría comprar votos para Piedad Córdoba«.
Los fiscales describen contactos de los acusados que fueron registrados en audio y video en distintas fechas, los cuales sirvieron para pormenorizar los detalles de la conspiración de narcotráfico, así como la participación que tendrían otros actuantes de la operación. Destaca cómo Alberto Alonso Jaramillo Ramírez proporcionaría la seguridad a los cargamentos de droga y de la participación que miembros del Cartel de los Soles de Venezuela, tendrían en las mismas. También quedó de manifiesto el margen de hasta 1.000.000 de dólares en ganancias que dejarían las operaciones a desarrollar en cada ocasión.
Acto político de Piedad Córdoba
La fiscalía de Nueva York hizo alusión en el documento a un evento político en Bogotá llevado a cabo el 23 de septiembre de 2021. En esta actividad de Piedad Córdoba, Palacio Mena le recordó la llamada telefónica que habían mantenido con CS-2 en fecha reciente.
De este encuentro da cuenta una fotografía que se anexó al documento.
Venta de muestra de droga
El 13 de diciembre de 2021, mediante una llamada telefónica que fue grabada, Álvaro Fredy Córdoba Ruíz, Palio Mena, CS-1 y CS-2, concretaron un encuentro en Colombia.
Esta cita serviría para que se materializara la venta de una muestra de 5 kilos de la cocaína que se negociaría en la conspiración.
Luego de otra llamada el 15 de diciembre de 2021 para ultimar detalles, el encuentro se produjo el 17 de diciembre de 2021 en un departamento en Medellín. En esta reunión, «el imputado confirmó y subrayó sus conexiones y conocimiento de las FARC y del tráfico de cocaína de las FARC», a la par de que Jaramillo afirmó que habían hablado directamente con «la gente del sur», en referencia a las FARC, y que las FARC tenían todo, incluso las rutas, los camiones y lo que necesitaran en México, ya fuera 1.000 o 2.000 kilogramos de cocaína.
También afirmó que las FARC podrían recibir ganancias del narcotráfico en México. Jaramillo confirmó que «estaba en contacto con un comandante de las FARC y que él y el comandante habían discutido si el comandante podría proporcionar acceso a las pistas de aterrizaje para aviones».
Luego de estipularse detalles y logística de la operación, los acusados y CS-2 fueron a una iglesia local donde se encontraron con un sujeto llamado «Gabriel», con quien se trasladaron a una finca en las afueras de Medellín. «Gabriel y CS-2 abandonaron al acusado y a Palacio a poca distancia de la finca. Hombres armados estaban apostados en la entrada de la finca. A la finca llegó un masculino no identificado y le dio a CS-2 aproximadamente cinco kilogramos de una sustancia que luego dio positivo a cocaína, con una pureza de entre 86,6% a 89,1%”.
El pedido de la fiscalía
Luego de exponer más detalles al juez Liman sobre la conspiración de narcotráfico protagonizada por Álvaro Fredy Córdoba Ruíz, Amanda Libia Palacio Mena y Alberto Alonso Jaramillo Ramírez, así como de las leyes y normas por estos violadas, la fiscalía pidió al tribunal «imponer una pena dentro del rango estipulado en las directrices, de 210 a 262 meses de prisión».
Para el Gobierno, una sentencia de esta envergadura era necesaria «para disuadir adecuadamente conductas como la del acusado y proteger al público».
