Así como todos y cada uno de los países del mundo, Bolivia busca la mejor manera posible de recuperarse de la pandemia del covid-19 y los confinamientos masivos y forzosos empleados para encararla durante 2020.
Para lograrlo, el gobierno de Luis Arce Catacora se ha planteado retomar –si es que alguna vez hubiese sido abandonado– el Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano (MESCPB), que habría generado el crecimiento económico más elevado en la región en el pasado, y que, por tanto, será el que permita la recuperación cuanto antes.
Sin embargo, veamos primero, de la manera más amplia y objetiva posible, si es cierto que el MESCPB es realmente el que garantizará la recuperación, con base en una serie de índices económicos e informes elaborados por distintos organismos y fundaciones internacionales independientes.
El Índice de Libertad Humana, elaborado anualmente por Ian Vásquez, del Instituto CATO, y Fred MacMahon, del Instituto Fraser, presenta una medida amplia de la libertad humana, entendida como la ausencia de restricción coercitiva. Utiliza 79 indicadores distintos de libertad personal y económica en 12 áreas como el imperio de la ley, tamaño del gobierno o sistema legal y derechos de propiedad.
En la edición de 2020 de este índice Bolivia se encuentra en la posición 91 de entre 162 países analizados de todo el globo, por delante de países como Nepal, Kenia y Papúa Nueva Guinea, y entre los países de América Latina se encuentra solamente por delante de Haití, Nicaragua y Venezuela.
Igualmente, en el Índice de Libertad Económica 2021 de la Fundación Heritage y el Wall Street Journal, que suele analizar alrededor de 183 economías en base a 12 elementos distintos, como la existencia del imperio de la ley, una alta o baja carga fiscal o un alto o bajo gasto público, Bolivia ocupa el puesto 172 de 178 economías observadas, es decir, es una de las naciones más económicamente reprimidas del mundo, solamente por delante de Eritrea, Zimbabue, Sudán, Cuba, Venezuela y Corea del Norte.
Otro aspecto a destacar de la edición 2021 de este reporte es que –como muy bien señala Antonio Saravia, doctor en economía, director del Centro para el Estudio de la Economía y la Libertad, y profesor asociado en la Universidad Mercer-, en 1998 Bolivia alcanzó a ocupar el puesto 25 entre 155 economías analizadas, condición que se pudo mantener hasta 2004, año a partir del cual fue “cuesta abajo en la rodada.”
De igual manera, hace unos días atrás, la revista The Economist y su unidad de investigación y análisis, publicaron un reporte titulado Politics, populism and policy: operational risk in Latin America, con el objetivo de identificar y evaluar los riesgos más críticos para las operaciones comerciales en la región posteriores a la pandemia del covid-19.
Girando el análisis sobre tres ejes como el riesgo político, el riesgo económico y el riesgo político para la inversión privada, The Economist destaca que solamente Venezuela, Nicaragua y Haití representan un mayor riesgo operativo que Bolivia. Incluso Cuba, Honduras y Argentina presentan elementos para el riesgo relativamente menores.
En el mismo sentido, ya en 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe especial titulado Economías sombrías en todo el mundo, en el que recopila información sobre el fenómeno del subempleo desde 1991 en un total de 158 economías.
Con base en este estudio, el FMI determinó que Bolivia tiene una economía informal del 62,3% de su Producto Interno Bruto (PIB), convirtiéndose así en la economía informal más grande del mundo, incluso más que la de Zimbabue, que representa un 60,6% de su PIB.
Sin embargo, aunque para el FMI la principal causa de la informalidad es “que las empresas y los particulares ‘hacen trampas’ para no pagar impuestos”, esto podría tratarse más bien de los efectos de una cantidad, nivel y dificultad cada vez más grande para pagar impuestos como causa fundamental, como se puede inferir a partir de las Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe, de la OCDE, que sostienen que la recaudación tributaria como porcentaje del PIB de Bolivia en 2018 (25,4%) estuvo por encima del promedio de toda la región (23,1%) .
En este mismo sentido, el Índice de Facilidad para Hacer Negocios 2020 (Doing Business) del Banco Mundial, que realiza un análisis sobre 160 economías respecto de qué tan fácil es abrir o incluso cerrar una empresa, qué protecciones existen para los inversores, o el número de impuestos pagados, horas al año dedicadas a preparar declaraciones de impuestos y el impuesto total a pagar como porcentaje del beneficio bruto de una empresa, Bolivia cayó del puesto 111 en 2006 al puesto 150 en 2020, mientras un país como Chile cayó del puesto 25 en 2007, al 59 en 2020, y Venezuela del 120 en 2006 al 188 en 2020.
Al mismo tiempo, en el Índice de Competitividad Global 2019, del Foro Económico Mundial, que mide la manera en que un país utiliza sus recursos y capacidad para proveer un alto nivel de prosperidad a sus habitantes, Bolivia cayó del puesto 99 en 2007, al 107 en 2019. Su peor año fue en 2010, cuando cayó al puesto 120. Un país como Chile, pasó del puesto 27 en 2007 al 33 en 2019, y otro como Venezuela, pasó del 85 en 2007, al 133 en 2019.
Por esto mismo, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su informe La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2020, determinó que Bolivia ha ido atrayendo cada vez menos capital privado del exterior de manera sostenida al menos desde 2013, habiendo recuperado ligeramente en 2017, hasta que en 2019 fue incluso negativa en $-237 millones.
Como se puede observar, probablemente Bolivia haya visto crecer su PIB en el pasado, pero no se ha traducido necesariamente en una mejora significativa en la calidad de vida de sus habitantes. Es más, aparentemente el crecimiento que ha permitido el MESCPB entre 2006 y 2013 -año del inicio de la desaceleración hasta la crisis de finales de 2019- ha deteriorado las condiciones que permitirían una recuperación sana y sostenida de la economía de Bolivia.
Es esto último lo que el informe más reciente de la calificadora de riesgos Standard & Poor’s señaló sobre la economía de Bolivia al cambiar sus perspectivas de estables a negativas, por “el aumento de la deuda pública y la limitada flexibilidad fiscal y monetaria”.
“Las debilidades institucionales, caracterizadas por una toma de decisiones centralizada, una débil independencia de las instituciones, controles y equilibrios bajos y un panorama político polarizado limitan la visibilidad de las políticas futuras”, se lee en el informe.
Está claro que no todos los problemas más graves de la economía de Bolivia empezaron con los 11 meses durante los que Jeanine Áñez gobernó, como tanto insiste el gobierno de Arce Catacora, sino que responden a una serie de factores que se fueron sembrando con el pasar de los años. Por tanto, algo tiene que cambiar en el MESCPB. Los ajustes y reformas decididos no pueden ser aplazados durante mucho tiempo más.
