En el mismo momento en que el presunto presidente Joe Biden dice estar ‘estudiando’ si hay margen legal para hacer obligatoria la vacuna contra el covid y los medios extienden la histeria sobre una pandemia en declive, hay un colectivo que puede pasear tranquilamente por el territorio nacional no solo sin restricciones, sino incluso portando la enfermedad: los inmigrantes ilegales, que siguen entrando en el país por millares.
A principios de la semana pasada, cuenta el portal norteamericano Breitbart, una familia de inmigrantes ilegales entró en un restaurante de comida rápida de La Joya, en Texas. No paraban de estornudar y toser, y pronto se supo que estaban todos ellos infectados con la enfermedad de moda, el covid.
La pregunta obvia es cómo habían llegado hasta ahí, y por qué una sociedad resignada a ver recortadas sus libertades debido a la pandemia permite, al mismo tiempo, la entrada de miles de ilegales sin ningún control, incluido el sanitario.
El escándalo, en este caso, es que la familia había entrado ilegalmente y luego habían sido dejados en completa libertad sin control alguno por la Patrulla de Frontera siguiendo instrucciones directas de la Casa Blanca, vulnerando así la legislación federal. Así, mientras el presidente se dispone a imponer una vacunación obligatoria prohibida por la Convención de Nürenberg (por no hablar de la propia Constitución norteamericana), se permite a los que ya han vulnerado la ley entrando en el país por las bravas se paseen sin que les afecten los controles sanitarios que agobian a los ciudadanos.
Y es que la Patrulla de Frontera, con Biden, no somete a los ilegales en su custodia a las pruebas de diagnóstico del covid ni, por supuesto, se les pide que se vacunen. Es decir, tenemos una situación de absoluta discriminación pero no contra los ilegales, sino contra los ciudadanos respetuosos de las leyes.
