Biden ha empezado a desarmar a sus enemigos. Acaba de anunciar seis órdenes ejecutivas (de las que se está volviendo un entusiasta, aunque en sus momento las llamara “instrumentos de una dictadura”) para limitar la tenencia de armas, un derecho que garantiza la Segunda Enmienda de la Constitución. En el anuncio, Biden calificó de “epidemia” y de “bochorno internacional” la violencia con armas de fuego en Estados Unidos, y se comprometió a acabar con la inmunidad de los fabricantes.
El derecho a portar armas siempre ha sido una peculiaridad estadounidense que siempre ha intrigado y escandalizado a los europeos. La sorpresa aumenta cuando, sobre el terreno, se comprueba que la población se toma el asunto lo bastante en serio como para constituir un punto central en cualquier elección. Lo que pocos parecen preguntarse es si el hecho de que Estados Unidos no haya sido en toda su historia más que una democracia pudiera guardar alguna relación con este derecho.
Y, como en casi todos los debates ahora, apenas hay un centímetro de campo común: están los que consideran que hay que acabar ya con todas las armas de fuego y los que responden como lo hizo en su día el actor Charlton Heston: “Tendréis que arrancarme el rifle de mis dedos fríos y muertos”.
Por eso Biden ha tenido la prudencia de tirar de decreto ley y evitar así que los legisladores tengan que votar la medida. Y por eso ningún candidato deseoso de desarmar a la gente se atreve a decir en campaña que piensa abolir la Segunda Enmienda. Tampoco Biden ahora. “Nada, nada de lo que ahora voy a exponer vulnera en modo alguno la Segunda Enmienda”, ha asegurado en su anuncio. Y ahora llega el “pero”: “Ninguna enmienda, ninguna enmienda de la Constitución es absoluta. No puedes gritar “¡fuego! En una sala de cine atestada, con respecto a la libertad de expresión. Desde el mismo principio de la existencia de la Segunda Enmienda, se vetaba la posesión de armas de fuego a determinadas personas”.
Las primeras medidas van contra las llamadas “armas fantasmas”, es decir, rifles y pistolas de fabricación casera que se ensamblan con materiales de chatarrería, con cualquier cosa. El problema de esas armas es que no tienen número de serie y no son fácilmente rastreables en caso de que se cometa algún delito con ellas.
Otro área de actuación de estas leyes está en la investigación del historial del portador de armas. En diversos estados, cuando un ciudadano quiere comprar un arma de fuego tiene que esperar a que se investigue su historial penal y de salud mental. La nueva normativa fortalece este proceso y obliga a informar a las autoridades cuando se trate de eludir. “La tarea de cualquier presidente es proteger al pueblo americano, actúe o no el Congreso”, dijo Biden. “Voy a usar todos los recursos a mi disposición para mantener al pueblo norteamericano a salvo de la violencia. Pero hay mucho más que podría hacer el Congreso para contribuir a este esfuerzo”.
Las medidas adoptadas pueden parecer de sentido común y, efectivamente, alejadas de la temida abolición de la Segunda Enmienda. Pero la batalla lleva librándose demasiado tiempo como para que los protagonistas del debate ignoren lo que hay detrás de normativas aparentemente inocuas o irrelevantes. A ojo de pájaro, lo que se aprecia es un intento paulatino pero evidente de vaciar totalmente de contenido el derecho a portar armas.
