El decreto de indulto aprobado por la Asamblea Legislativa de Bolivia el pasado viernes beneficiará a 3.180 presos, según ha trasladado este miércoles el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles.
Siles ha detallado que entre los beneficiarios hay «víctimas de la retardación de la justicia» y progenitores o tutores con hijos menores de 12 años o con algún grado de discapacidad. De forma paralela, según ha informado la agencia de noticias boliviana ABI, Siles ha apuntado a que el objetivo de la normativa, el Decreto 4461, es descongestionar las cárceles bolivianas.
Así, ha especificado que las penitenciarías de la nación andina tienen capacidad para albergar a 6.765 personas, pero actualmente albergan a 17.863, por lo que el hacinamiento es del 167%.
La aprobación de una norma para encubrir delitos y dejar en la impunidad la violación de DDHH cometidos por sus correligionarios tras el fraude de 2019, es una acción que muestra que @LuchoXBolivia y la ALP dependiente de Morales, no respetan la justicia ni la democracia
— Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) February 12, 2021
El Decreto 4461 también busca indultar a las personas procesadas durante el Gobierno de Jeanine Áñez, entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.
En este punto, son más de 1.200 los afectados durante el tiempo en el que Áñez estuvo al frente del ejecutivo boliviano, según precisó el senador Leonardo Loza, del partido del expresidente Evo Morales, Movimiento Al Socialismo (MAS).
La normativa fue aprobada el pasado viernes en la Asamblea Legislativa, donde el MAS es mayoría. La oposición boliviana mostró su desacuerdo con el decreto durante la sesión parlamentaria con proclamas como «Justicia», «Dictadura no» o «Democracia sí».
El candidato presidencial Carlos Mesa, por su parte, aseveró que es «una norma para encubrir delitos y dejar en la impunidad la violación de Derechos Humanos cometidos por sus correligionarios tras el fraude de 2019».
