Las primeras solicitudes de asilo tramitadas por los miles de marroquíes que continúan en Ceuta ya están encontrando resolución, o no. Y es que, ante esa ausencia de respuesta en un mes y un día, los inmigrantes ilegales que accedieron a la Ciudad Autónoma a mediados de mayo pueden obtener un certificado en la Dirección General de la Policía donde aportan una dirección que nadie verifica y con ello ya se les permite cruzar hacia la Península.
La mayoría de los inmigrantes ilegales que esperan a diario en las inmediaciones de la Oficina de Asilo del Tarajal cuentan a La Gaceta de la Iberosfera que alegan motivos de desempleo para que se les conceda el derecho a asilo, motivo insuficiente según la propia norma del derecho de asilo y de la condición de refugiado. Sin embargo y según fuentes policiales, los funcionarios desplazados desde la Península “tienen indicaciones para no dar curso a inadmisiones de las solicitudes de estos marroquíes”. Con estas indicaciones, más de 350 inmigrantes ya se encuentran por la Península con una solicitud y un certificado que les permite deambular por donde deseen sin que se llegue a practicar la expulsión de los mismos.
A este ritmo y tomando datos de las solicitudes tramitadas desde el mes de junio, fuentes de las FCSE calculan que en septiembre una cantidad superior a 1.500 inmigrantes ilegales ya podría encontrarse en la Península al no registrarse ningún tipo de inadmisión en sus peticiones de derecho a asilo. El silencio administrativo es el la llave de la perpetuidad en suelo español y el billete de ida al lugar que consideren.
Según el procedimiento contemplado en las normas reguladoras del derecho de asilo y de la condición de refugiado, cuando los motivos expuestos por estos inmigrantes no se consideren suficientes para la concesión del derecho a protección internacional acorde a lo contemplado en la Ley 5/1984, la Oficina de Asilo y Refugio de turno debe comunicar la inadmisión a tramite con total inmediatez al representante del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en España, adjuntando una copia de toda la documentación aportada por el solicitante. En un plazo no superior a 24 horas se debe emitir un informe en el que se justifique la admisión a tramite, en caso contrario, el solicitante debe permanecer en las dependencias fronterizas y a disposición de las FCSE hasta la resolución de su expediente de expulsión en caso de inadmisión. Un procedimiento que en estos momentos es inexistente bajo la excusa de una situación excepcional, según revelan fuentes policiales.
Por otro lado y conforme a una publicación reciente de La Gaceta de la Iberosfera, la ONU, a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ya ha revelado que al menos más de 10.000 inmigrantes ilegales han accedido a Ceuta y Melilla en lo que llevamos de año, donde más del 90% de las entradas tuvieron lugar a partir de las entradas masivas registradas el pasado 17 y 18 de mayo. El Gobierno a día de hoy sigue sin publicar la magnitud de estas entradas. Sin embargo, la Delegada de Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, confirmaba esta semana en rueda de prensa que, del total de accesos, se han producido desde mayo 3.474 retornos voluntarios y 124 expulsiones, algo que indica que más del 70% aún permanecerían en suelo español.
Salvadora Mateos también confirmaba una cifra similar a la revelada por fuentes policiales a La Gaceta de la Iberosfera: 1.230 inmigrantes han solicitado protección internacional en España y 260 ya han podido cruzar el Estrecho tras ver sus peticiones admitidas a trámite, a pesar de que desde las FCSE arrojan cifras ligeramente superiores.
Lo que resulta innegable es que todo este caos que gira en torno a las solicitudes de asilo ha creado un constatable efecto llamada que ya reflejan los últimos balances del Ministerio del Interior, donde según el informe publicado el pasado 15 de junio, un total de 40 embarcaciones habían accedido a Ceuta y acorde a los datos reflejados en el balance cerrado a fecha 1 de agosto este flujo de entradas por vía marítima ha pasado de 40 embarcaciones a 98, un incremento de un 145% en apenas mes y medio. En dicho periodo el número de inmigrantes ilegales ha aumentado en más de un 180%, pasando de los 176 registrados el 15 de junio a los 494 reflejados en el último informe de fecha 1 de agosto.
En otro orden de cosas, un reciente informe de ACNUR cerrado el pasado 30 de junio arroja que las concesiones de derecho a asilo y refugio a inmigrantes marroquíes han aumentado en más de un 300% con respecto a datos del año pasado, pasando de las 599 solicitudes aceptadas entre enero y junio de 2020 a las 2.509 admitidas desde enero a junio de este año, un total de admisiones del derecho a asilo que también se alejan de las versiones arrojadas por miembros del actual Ejecutivo.
