La lucha por la verdad y la justicia en Colombia sigue resistiendo a la posibilidad de escuchar e incluir a todos los actores y víctimas del conflicto. Defender el acuerdo de La Habana, rechazado en las urnas por la mayoría del pueblo colombiano, como hemos recordado aquí en La Gaceta una y otra vez, parece ser el único objetivo. Poca resonancia han tenido ejercicios valiosísimos como el que presentó el Instituto de Ciencia Política sobre el impacto del conflicto en el sector productivo, que invito a leer con mucha atención. Allí se relatan de viva voz las historias de empresas y empresarios de diversos sectores y cómo tuvieron que vivir el conflicto. La afirmación de por qué este informe es tan relevante la pueden leer en las consideraciones finales, cuando se afirma, entre otras cosas, que: “Se suele asociar a las empresas, en contextos de pos-acuerdo, como perpetradores, financiadores e incendiarios de la guerra. Sin embargo, persisten silenciados sus dolores y afectaciones en el marco del conflicto armado colombiano”.
Sin embargo, los voceros del fallido proceso de negociación con las FARC, fallido en tanto que fue rechazado por el pueblo colombiano; mantienen amplios espacios en medios de comunicación para tratar de orientar a la opinión pública e imponer una agenda “progresista” en la que sencillamente no cabe otra versión diferente a la de un grupo de campesinos que se vio obligado a tomar las armas como guerrilla y, en el marco de esa defensa que hacían de la población vulnerable frente a las atrocidades del estado y los grupos paramilitares, también cometieron crímenes. El expresidente Uribe, por ejemplo, ha pedido que se piense la posibilidad de una amnistía general, que en ningún momento implica dejar de conocer lo que pasó y lo que pasa en Colombia, sino generar un escenario de tranquilidad para que todos puedan contar lo que vivieron, cómo lo vivieron y las consecuencias. Todos.
Ese camino de reconciliación nacional genera un problema gravísimo para algunos sectores: la narrativa del “ejército del pueblo” que en un acto de generosidad decide dejar las armas y someterse a la justicia, mientras que empresarios y millones de colombianos lo evitan, se cae y procede un ejercicio diferente de reconciliación y de sometimiento a una justicia transicional con plenas garantías. Con argumentos bien esgrimidos, desde su posición política, por ejemplo, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, otrora jefe del equipo negociador en La Habana y Alto Comisionado para la paz, respectivamente; rechazan toda propuesta de amnistía general en un comunicado conjunto que publicaron el martes 24 de agosto. Alegan que todo lo que se hizo se dio dentro del marco jurídico para la paz, cuyo punto de partida fue la reforma constitucional de 2012.
Evitan mencionar que, en una democracia, el constituyente primario se puede expresar directamente en las urnas y en esos casos su decisión no debe ser interpretada de maneras diferentes o alternativas. El plebiscito de 2016 tenía dos opciones: sí al acuerdo de La Habana, o no. Ganó el no. Lo que procedía era tomar ese camino, tal como lo afirmaba el mismo De la Calle cuando lideraba las negociaciones y era enfático al expresar que “si gana el NO, pues el acuerdo se cayó, no hay acuerdo. No solo porque lo digan en La Habana, los que estuvimos allá, no es que el acto legislativo que se aprobó dice todo esto queda sujeto a la refrendación, si gana el no, no hay acuerdo”.
Ahora resulta, que todo lo que se aprobó posterior al plebiscito se debe implementar sin ninguna modificación, no se debe cuestionar, no debe generar opiniones encontradas, quien lo critique o sugiera otro camino es enemigo de la paz, etc. ¿Por qué? Pues porque abre la puerta para una narrativa diferente sobre el conflicto en Colombia, una que tenga en cuenta a millones de colombianos que fueron víctimas silenciosas del conflicto y que tuvieron que ceder a extorsiones de todos los bandos para sobrevivir y ahora entonces son acusados de financiadores y promotores de la guerra ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no debatir ampliamente la posibilidad de una amnistía y ejercicios de transición hacia la justicia restaurativa, que garanticen una verdad con todas las versiones y no solo la que promueven quienes perdieron en las urnas, pero impusieron su voluntad con la mayoría que ostentaban en el legislativo?
Porque eso sería respetar la decisión mayoritaria del pueblo colombiano y puede ser el punto de partida para que una mayoría silenciosa pierda el miedo y se oponga al camino que se ha tomado y que no comparte.
