La Misión de Observación Electoral (MOE) en Colombia ha pedido a la Corte Constitucional agilizar la revisión que debe hacer del nuevo código electoral, aprobado en sesiones extraordinarias del Congreso de la República en diciembre de 2020 y cuando faltan apenas siete meses para las elecciones parlamentarias y nueve para la elección presidencial. Es urgente tener claridad sobre la constitucionalidad de cada uno de los artículos de la nueva ley, pero, sobre todo, de aquellos asuntos que entrarán a regir para la próxima jornada electoral de marzo, escenario que suele definir la coalición mayoritaria y orienta a la opinión pública hacia la elección del nuevo jefe del estado, cuya primera vuelta será en el mes de mayo.
Uno de los temas álgidos tiene que ver con la publicidad y las encuestas, pues el código establece un nuevo marco que incluye acceso a medios públicos de comunicación, requisitos para el registro de empresas encuestadoras ante el Consejo Nacional Electoral, al igual que la obligación de registrar ante este organismo los contratos que se celebren para realizar sondeos de opinión. El Gobierno de Duque ha insistido en que el nuevo código electoral es un paso en la dirección correcta y no solo ofrece más garantías y transparencia, sino que, además, moderniza los procedimientos y aumenta la capacidad tecnológica y técnica para la realización de todos los procesos electorales. «Colombia no puede tirar la toalla frente a la necesidad imperiosa de tener un código electoral moderno, articulado con esta transición tecnológica, que sea garantista, que tenga los elementos que lo concilien con estos pasos como la nueva cedulación en materia tecnológica”, afirmaba Duque en noviembre del año pasado.
Uno de los puntos que sigue generando polémica es el camino que parece trazarse hacia el voto electrónico remoto, que fue rechazado, pues existen muchas dudas sobre la seguridad de la información y la posibilidad de manipular los sistemas y alterar el resultado de una elección. De hecho, las modalidades de voto aprobadas fueron voto manual, voto electrónico mixto y voto anticipado, pero en todas el elector debe estar presente e identificarse. Se le expedirá una constancia de su voto, que deberá depositar en una urna, a modo de comprobante en caso de posibles impugnaciones del resultado. Algo que agilizaría la obtención del resultado, pero que puede también ser víctima de ataques cibernéticos, especialmente en un país que aún debe avanzar en ciberseguridad y políticas contra el cibercrimen.
Hay esperanza en relación a la posibilidad que ha quedado consagrada de que las campañas políticas puedan hacer ejercicios de “crowdfunding” y así lograr los recursos que se requieren para financiar de manera mucho más transparente las candidaturas. La reglamentación de estas plataformas ha sido un dolor de cabeza en Colombia y permitirlo para que nuevas facciones y movimientos políticos puedan tener opciones es un gran avance, especialmente en un país donde el control real a la financiación de la política es un reto. En últimas, nadie sabe quién o cómo se financian las candidaturas, más allá de lo que diga la ley y de los largos debates que hace el CNE, para demostrar que es el máximo tribunal en lo electoral, aunque es claro que el máximo tribunal en la materia es, y seguirá siendo, el Consejo de Estado, pues es el que conoce de las acciones de nulidad en lo electoral.
El nuevo código electoral exige también, entre otras cosas, que todas las listas de candidatos tengan paridad de género y que los partidos deban garantizar la participación de la población LGTBIQ, la población con discapacidad y los jóvenes, entre otros. Por encima de toda doctrina está lo que la actual coyuntura exige del ejercicio de la política y lo que se asume la opinión pública demanda. ¿Cómo harán los partidos cristianos para vivir una cosa en la Iglesia, pero tener que hacer otra en el partido? Aquí no se trata de inclusión, mucho menos de igualdad o respeto, se trata de imponer una única forma de entender la democracia, que se impone desde el Congreso y el Gobierno, siempre prestos a aprobar todo aquello que suene moderno e incluyente, desconociendo por completo que el sistema político es mucho más complejo que el marco legal en el que aparenta desenvolverse.
La corte constitucional se tomará su tiempo y quién sabe cuándo estarán claras las reglas del juego para las contiendas electorales. Sin embargo, las campañas ya empezaron, el dinero ya fluye, los gobernantes locales ya reciben a senadores y representantes y los contratistas del estado ya firmaron los cheques. En Colombia la ley puede o no existir, la política se impone con sus propias reglas y no hay ley que la limite. En 2022 unos y otros verán ríos de dinero y clientelismo, sin color político. Lamentablemente eso es lo que define el futuro de Colombia.
