El pasado lunes 16 de agosto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez recibió en su casa de Llanogrande, en el municipio de Rionegro, al sacerdote Francisco de Roux, quien preside la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, creada en el marco del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, que incluyó el acto legislativo 01 de 2017, cuyo artículo segundo crea dicha comisión como “ente autónomo del orden nacional con personería jurídica, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, sujeta a un régimen legal propio”. Es decir, es una de las entidades creadas en la implementación del acuerdo del 24 de noviembre, firmado en el teatro Colón de Bogotá, versión actualizada y levemente ajustada de aquel acuerdo rechazado por la mayoría de los colombianos el 2 de octubre de 2016.
Precisamente por esto último, es decir, por desprenderse de un acuerdo que fue rechazado en las urnas y posteriormente impuesto por el gobierno y validado por el Congreso, el expresidente Uribe ha insistido en que no declarará formalmente en ninguna instancia de la comisión que preside de Roux, pues la considera ilegítima. Sin embargo, abrió las puertas de su casa para sostener una conversación de varias horas, en las que participaron también los comisionados Lucía González y Leyner Palacios. La misma quedó registrada y fue transmitida en directo a través de diversos canales y hoy está disponible en el canal de youtube de la CEV.
Un día antes del encuentro, Uribe Vélez publicó lo que llamó una “Guía para la conversación con el Padre De Roux”, en la que compartió 62 puntos que trataría en el encuentro y que van dese la defensa de la seguridad democrática, hasta el porqué de la ilegitimidad de la comisión con la que, empero, hablaría públicamente. A su vez, la CEV publicó en su página web un comunicado que aclaraba que “Francisco de Roux asiste en su condición de presidente de la Comisión de la Verdad y el expresidente Álvaro Uribe así lo entiende, y participa desde la posición que tiene respecto a las instituciones del Acuerdo de Paz”. Es decir, para los participantes en la conversación era claro que no se trataba de una instancia formal y así lo hicieron saber a la opinión pública.
Fueron más de cinco horas en los que Uribe habló con claridad sobre sus gobiernos, no solo como Presidente de la República (2002-2010), sino también como gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997), cuando logró amplio reconocimiento nacional por su combate frontal al terrorismo. Uno de los temas más esperados era el de los “falsos positivos”, asesinatos que cometieron integrantes de la fuerza pública y fueron presentados en su momento como bajas en combate. Al respecto, el expresidente fue muy claro: “La culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia, (sino) del incapaz criminal que para fingir resultados produce crímenes”. Para nadie es un misterio que Uribe ha sido y sigue siendo un dirigente de resultados, de acciones. Negarlo sería negar la historia política reciente de Colombia, en la que ha sido el personaje más importante. No en vano, los últimos dos presidentes de la República, Juan Manuel Santos e Iván Duque, fueron “los que dijo Uribe” en su momento, independientemente del rumbo que tomaron una vez sentados en el solio de Bolívar.
Esgrimir, como lo han hecho sectores de izquierda a partir del encuentro de Uribe con el padre de Roux, que un Jefe de gobierno, en una democracia constitucional como la colombiana, es responsable y casi partícipe de los delitos que cometen algunos agentes del Estado, alegando que una política, en este caso la política de seguridad democrática, fue la guía que siguieron; no solo es un despropósito, sino ronda los terrenos de la injuria y la calumnia. El mismo Uribe reconoció en este espacio que fue engañado por criminales que alegaron haber obtenido resultados operacionales, cuando en realidad cometieron asesinatos. Incluso pidió perdón por algunas frases desafortunadas que en su momento expresó como Presidente, debido a información errónea que le habían compartido. Es, sin duda, una muestra de compromiso con la paz, pero también de exigir que se conozca toda la verdad y no solo la de aquellos que impusieron un acuerdo por encima de las urnas y de la Constitución Política. El problema es que, para algunos sectores de izquierda, Uribe es culpable de todo y punto final.
Ahora bien, una de las propuestas que quedó en el aire fue la que hizo Uribe con relación a una amnistía general. De hecho, el candidato presidencial Gustavo Petro estuvo de acuerdo con la misma, al igual que muchos dirigentes políticos. El asunto aquí es que respaldan una amnistía general, siempre que implique beneficios para algunos de sus militantes, para las víctimas que ellos reconocen y no para todas las víctimas. El Senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, por ejemplo, insistió en que “crímenes contra la humanidad no son amnistiables y la verdad es una condición insoslayable”. El problema es que ese mismo racero no lo exige para los congresistas de las FARC, violadores de niños, criminales comprobados de lesa humanidad, hoy ocupando escaños en el órgano legislativo.
Uribe expresó su versión, lo que vivió, lo que orientó y lo que no. Una muestra de compromiso con la verdad, esa que les molesta a muchos cuando ofrece explicaciones alternativas a las que quieren imponer.
