Probablemente haya pocos países en el mundo tan legalistas como Chile. La fe en que la ley positiva es el origen del bien ha sido identificado como uno de los rasgos propios de la identidad chilena. Es probablemente esta fe la que ha llevado a tantos a depositar sus esperanzas en el proceso constituyente en el que se encuentra el país desde julio de 2021.
La propaganda nacional e internacional, así como algunas autoridades extranjeras han exaltado el proceso, como si fuera necesario convencer día a día a la gente de que se está en el camino correcto. Hace pocos días estuvo en Chile el exministro de Asuntos Exteriores de España y actual Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, quién señaló que “siempre que se innova en política, se corren riesgos, pero son riesgos que merecen la pena asumir”.
Fácil decirlo para alguien que no va a padecer los efectos de una intelectualmente estimulante “innovación”, pero impracticable e injusta. Con todo, ni la connivencia de los medios, ni el lavado de imagen internacional han convencido a los chilenos de que el trabajo que realiza la Convención Constitucional sea realmente bueno. La Convención, al contrario de lo que nos ha querido hacer creer la izquierda y buena parte de su coro mediático, ha demostrado ser falible y no estar exenta de las debilidades y pequeñeces propias del cualquier obra humana.
El proceso constituyente chileno está en su fase terminal y ni la grandilocuencia de los derechos sociales, ni el nuevo carácter “alquímico” de la nueva Constitución que es capaz de convertir los deseos en derechos, han cambiado la imagen que tiene la ciudadanía del trabajo deficiente e intransigente que han tenido los convencionales de izquierda.
Como era de preverse, la comodidad de vivir en el dogma los ha encerrado en un actitud sectaria e intolerante. La esperanza en torno al proceso ha caído 14 puntos porcentuales desde enero a la fecha, siendo su caída más abrupta en aquellos sectores en que tenía mayor apoyo: los sectores más pobres de la población. A esta apreciación han contribuido tanto el contenido de lo votado, como las formas que ha adoptado la Convención: negociaciones “a oscuras”, de trasnoche entre las izquierdas, sin el requisito de transparencia que se exige desde el principio, sin actas de lo discutido, y que tendrá como consecuencia que no habrá historia de la ley respecto de aspectos importantes del Sistema Político.
La izquierda gusta decir que son el “órgano más democrático de la historia de Chile”, pero han demostrado perseguir a quienes votan distinto. Hace pocos días, algunos constituyentes realizaron un punto de prensa donde dieron lectura –cual Inquisición– a una lista con cada uno de los nombres de convencionales que votaron en contra de una propuesta de norma constitucional.
En cuanto al contenido, no mejora la situación. Se han rechazado iniciativas de norma constitucional para declarar inexpropiables e inconfiscables los fondos de jubilación ahorrados en las cuentas individuales de capitalización. La norma no es baladí: ni el Gobierno ni la Convención han sido claros en que respetarán la propiedad privada de dichos fondos, que en total son alrededor de 170 mil millones de euros, cifra seductora para cualquier socialista.
Por otra parte, se aprobaron una serie de estatutos diferenciados entre los chilenos y las etnias indígenas: sistemas de justicia distintos, territorios diferenciados y autónomos, restitución de tierras ancestrales, etc. La igualdad esencial entre las personas ha desaparecido y ha sido reemplazada por la primacía de la identidad del colectivo, con derechos nuevos y privilegios asociados.
El derecho a la salud, por su parte, tal como está en la nueva Constitución, implicará un retroceso, pues se terminará con el sistema privado, esto tendrá por consecuencia que las listas de espera para atención médica especializada e internevenciones quirúrgicas aumentará considerablemente. Por ejemplo, las listas por consultas de especialidad podrían crecer hasta un 40% alcanzando las 2.731.947 consultas pendientes. Los efectos sobre la calidad de vida de las personas serían catastróficos.
Se han rechazado también normas que restringían el acceso a cargos públicos a quienes sean juzgados por delitos de terrorismo, asunto de extrema gravedad si consideramos que el terrorismo es un acto esencialmente contrario a los derechos humanos y, por definición, busca acabar con las estructuras institucionales, representando un grave atentado a la democracia, más aún, mientras en algunas zonas del país hay personas que son víctimas día a día de la violencia del terrorismo separatista.
Hay quienes tenían fe en el proceso, pero ¿qué más podemos esperar de un proceso que se inició a pedradas en la plaza pública, con violencia y saqueos, y un actor profesional que engañó a todo el mundo con un cáncer falso? A pesar de todo, aún tenemos una oportunidad de detener esta barbarie con la decisión que tomemos los chilenos en el plebiscito de salida que se realizará el 4 de septiembre del presente año.
