Una distracción perfecta se asoma en la realidad política venezolana de cara a los próximos meses: la hipotética convocatoria a un referendo para revocarle el mandato al tirano Nicolás Maduro.
De repente, luego de la supuesta elección de Barinas que le dio el triunfo al opositor Sergio Garrido, se trata de crear la percepción dentro y fuera de Venezuela de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es un árbitro transparente y que el sistema electoral venezolano comienza a parecerse al que tienen los países normales, en donde existen democracias funcionales
Todo ello a tal punto que esta semana el organismo electoral controlado por el chavismo comunicó públicamente que había aprobado preliminarmente hasta tres solicitudes para iniciar la ruta hacia la eventual activación de un revocatorio del mandato de Maduro.
Incluso, el CNE habría “eliminado” un requisito para la convocatoria de ese revocatorio: la norma prescribe que sus solicitantes deben recabar, en principio, el 1% de las firmas de la población electoral del país (cerca de 200.000). Sin embargo, en esta oportunidad y de manera misteriosa el ente ha saltado este paso. ¿Se busca acaso entusiasmar a los proponentes para que echen a andar esta iniciativa?
Dicho esto, lo que correspondería a continuación es algo titánico. Los interesados en convocar el revocatorio deben obtener la firma y huella del 20% de la población electoral del país, en un plazo de apenas tres días. Esas firmas luego serán revisadas por el órgano electoral, que al final deberá decidir si las acepta o no como válidas para convocar el referendo.
Aquí es donde aparecen las sospechas dictadas por una realidad que es cruda y, en la mayoría de los casos, demasiado odiosa. La clave está básicamente en un asunto: las firmas recolectadas siempre irán a parar al CNE; ese mismo que durante años ha protagonizado un sistema electoral que una y otra vez ha dejado en entredicho su fiabilidad, al punto de que en 2017 la propia empresa Smartmatic –encargada de suministrar las máquinas y el software de votación en Venezuela desde 2004– dijo que los números de procesos electorales eran perfectamente modificables.
Todo ello en alusión a las votaciones para escoger miembros a la Asamblea Nacional Constituyente convocadas por el chavismo en 2017, en donde dicha empresa dijo que los resultados reales obtenidos por las máquinas diferían de los anunciados por el ente electoral venezolano en “por lo menos un millón de votos”.
El caso es que probablemente esas firmas recolectadas para el eventual revocatorio de este año terminen durmiendo el sueño de los justos en las oficinas del CNE que, a través de sus voceros o empleando al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen, dirá que en las mismas se consiguieron inconsistencias, errores de caligrafía, tinta corrida, huellas dactilares que no corresponden con el registro, o cualquier cantidad de justificativos que sirvan para torpedear el proceso.
El objetivo es muy simple: emocionar a la sociedad venezolana con la posibilidad de crear una puerta civilizada de salida a Maduro y la tiranía, mientras lo que realmente se está construyendo es un truco de magia de tercera categoría en el que la ciudadanía gastaría grandes dosis de esfuerzo y generaría altos niveles de entusiasmo durante meses para que, una vez que el asunto sea negado por la institución electoral del régimen (como seguramente lo será), se dé paso a un golpe psicológico enorme que deje nuevamente a los opositores al chavismo en estado de postración anímica frente al régimen.
Ya en 2004 la población venezolana empeñada en salir de Hugo Chávez por la vía democrática a través de un revocatorio fue sometida a un engaño. Luego de la recolección del dichoso 20% el CNE señaló que muchas de las firmas recolectadas tenían inconsistencias, por lo cual quedaban rechazadas. Después de una larga lucha que incluso incorporó protestas de calle en las que los órganos represivos del chavismo asesinaron personas, se permitió que los firmantes ejecutaran un proceso de “reparo” de las firmas, que eventualmente permitieron la convocatoria del referendo.
Sin embargo el proceso electoral, denunciado por tener vicios, no sacó a Chávez del poder sino que lo refrendó en el cargo. Además, los datos de los firmantes quedaron sometidos a exposición pública, dando origen a la creación de un infame listado con los nombres de los firmantes que luego fue conocida como “lista Tascón” (en honor al diputado chavista que la publicó) y terminó siendo utilizada para perseguir a los ciudadanos que estuvieran empleados dentro de los entes del Estado venezolano; todo por el simple pecado de oponerse a Chávez.
En 2016 la bandera del revocatorio fue tomada por el excandidato presidencial Henrique Capriles. Allí la cosa no fue muy distinta: un conjunto de venezolanos creyentes en el voto hicieron largas filas para firmar y reafirmar a favor de la convocatoria de un referendo contra Maduro y al final ocurrió lo mismo que en 2004, al señalarse que muchas firmas no eran válidas y que debían ser “reparadas”. Las jornadas de revalidación se hicieron pero en esa oportunidad el órgano electoral del régimen ni siquiera quiso admitir la convocatoria del proceso, arguyendo que en varios estados del país la recolección de firmas había sido fraudulenta.
De allí que sea tan difícil creer que el sistema electoral chavista va a permitir -como si nada- que un revocatorio contra Maduro tome cuerpo, más allá de que en el inicio pueda alentarlo para entretener a la oposición venezolana y al final termine descartándolo. La tiranía es la que tiene todo el poder de controlar lo que eventualmente ocurrirá con un referendo de este tipo, no la gente. Poco importa pues si los opositores a Maduro a esta altura son mayoría en el país, dado que éste no gobierna precisamente porque una mayoría le haya escogido, sino porque a la fuerza se ha encargado de demostrar que simplemente puede hacerlo, y ya.
