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ANTE EL ASALTO DE MÁS DE 300 INMIGRANTES ILEGALES A LA VALLA DE MELILLA

El cinismo del PP ante la inmigración ilegal: de emular el Pacto de Marrakech a pedir al Gobierno ‘defender la frontera’… en dos días

Pablo Casado saluda a un inmigrante ilegal en el puerto de Algeciras. Fotografía de archivo. Europa Press

El asalto violento de más de 300 inmigrantes ilegales subsaharianos a la valla de Melilla ha vuelto a poner de manifiesto el cinismo del Partido Popular respecto a esta cuestión.

El líder del partido, Pablo Casado, se mostró este jueves aparentemente indignado tras el asalto, exigió al Gobierno liderado por Pedro Sánchez «más medios» para defender las fronteras españolas y denunció que agrave «este drama con su efecto llamada y fracasos diplomáticos».

Es el mismo Casado que viajó a Algeciras tras acceder a la presidencia del PP en julio de 2018 a saludar a una decena de inmigrantes ilegales concentrados en el puerto, al tiempo que señalaba que la situación le resultaba «dramática» porque él también era «persona» y que de nada servía «el populismo, el buenismo o la demagogia». 

Y el mismo que ofreció el pasado mes de mayo su «apoyo» al Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la llegada de más de 10.000 inmigrantes ilegales a Ceuta y no dudó en congratularse por que el PP fuera «más leal» al Gobierno socialcomunista «que muchos de sus ministros».

Eso sí, Casado no censuró al presidente popular de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por lanzarse a la elaboración y ejecución de la “Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021–2025«, un documento aprobado el pasado martes que emula el Pacto de Marrakech promovido por la ONU en base a la premisa multicultural de «maximización» de las «ventajas de las migraciones para los países de origen, tránsito y destino», y que todavía hoy provoca nefastas consecuencias a España.

Este proyecto impulsado por el Ejecutivo presidido por el PP andaluz no contempla medidas encaminadas para la protección de aquellas personas que pudiesen resultar damnificadas por la inmigración ilegal y únicamente hace alusiones a la «adaptabilidad de la población andaluza a la cultura del inmigrante para facilitar la convivencia».

En este sentido, establece como principios la «garantía de acceso en condiciones de igualdad a los diferentes recursos y servicios de la comunidad autónoma, independientemente del origen de las personas», alentando precisamente el «efecto llamada» que Casado censura a Sánchez, y la «equiparación de derechos y obligaciones de la población migrante y española, dentro del marco de los valores constitucionales básicos».

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