El presidente comunista de Perú, Pedro Castillo, ordenó la suspensión del derecho de movilidad ciudadana en las ciudades de Lima y Callao. La información, dada a conocer en la madrugada del miércoles, se difundió luego de una reunión extraordinaria de Castillo con su Gabinete.
El decreto divulgado se ampara, dice el Gobierno, en el artículo 137 de la Carta Magna peruana, señalando que a partir de él pueden “restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”.
Castillo toma esta decisión en medio de un brote de protestas en contra de su Gobierno, iniciadas durante el pasado fin de semana en varias localidades de Perú. Dichas manifestaciones han decantado en una convocatoria a la paralización de las actividades del sector transporte y agrícola que se prevé se extenderá por varios días.
La semana pasada se debatió en el Congreso peruano, por segunda vez en apenas ocho meses, una moción para provocar la destitución de Castillo de la presidencia. Sin embargo la iniciativa naufragó por falta del mínimo de votos requeridos para salir adelante.
